Noticia publicada a las 02:17 am 18/08/25

Por: Carlos Ramírez.

Como los hechos se analizan políticamente mezclando realidades con intenciones, las deportaciones de grandes y pequeños capos a Estados Unidos y el arresto de exfuncionarios de seguridad en territorio americano están implicando la cesión de información de inteligencia y seguridad nacional de México a las autoridades fiscales americanas.

El último paquete de 26 narcos entregados a EU se suma a los 29 cedidos o regalados en enero y a muchos otros con anterioridad –entre ellos los grandes jefes del Cártel de Sinaloa, y otros jefes importantes de otras organizaciones delictivas–, y todos ellos ya negociaron con la justicia de Estados Unidos la disminución de sus penas y en casos especiales hasta protección de familiares a cambio de información de seguridad de México que afecta sin duda alguna a las diferentes instancias políticas y de gobierno aquí en los últimos 20 años.
El principio de la justicia señala que los delincuentes arrestados y procesados en México tendrían que pagar sus culpas en las estructuras penitenciarias mexicanas como una forma de ejecución del castigo correspondiente por violar las leyes nacionales; y después, si llegara el caso, se podrían atender las solicitudes de extradición.
Pero en todas las listas de capos y jefes de narcotráfico mexicano y varios funcionarios que los protegieron o prohijaron se encuentran personajes que personalmente negociaron un apoyo político con instancias políticas y gubernamentales de los tres niveles de gobierno en México y por tanto esa información está nutriendo la lista de lo que se puede resumir como “los narcopolíticos” mexicanos que exige Trump que se le entreguen para castigarlos en EU porque aparentemente en México no existen ni las condiciones ni la capacidad de decisión para ejercer el poder del derecho y obligar a los delincuentes a pagar sus deudas con la sociedad dentro del sistema penitenciario mexicano.
Aunque fue reciente el caso, lo ocurrido con Ovidio Guzmán López ilustra las maneras en que Estados Unidos pervierte la justicia en aras de conseguir informaciones incriminatorias contra funcionarios y políticos de otros países. Ovidio fue el encargado directo del departamento de producción y contrabando de fentanilo del Cártel de Sinaloa y por lo tanto responsable directo de la negociación de apoyo político dentro de México y por supuesto que también de las muertes de adictos estadounidenses por sobredosis de esa droga.
Pero ha querido la justicia estadounidense rebajarle penas a Ovidio y proteger a su familia para que con toda tranquilidad vivan –y protegidas, obviamente, por policías americanos– y se paseen por las calles de Estados Unidos con visas especiales, a pesar de que –solo para ilustrar la dimensión de sus delitos– fue el responsable de las amenazas terroristas de su hermano Iván Archivaldo al gobierno mexicano de estallar camiones bombas en el estacionamiento de zonas militares en Culiacán, un suceso conocido como el culiacanazo.
Ovidio estaba detenido en cárceles mexicanas, se le estaba procesando y aparentemente se enfilaba a una pena de prisión en modo de perpetua por el número de años acumulados en el castigo, pero fue entregado en modo de depuración a la Fiscalía de Estados Unidos y ahí le sacaron toda la información del aparato político de apoyo al Cártel de Sinaloa que involucra a gobiernos de varios sexenios y en los niveles federal, estatal y municipal.
La pregunta puede parecer ingenua: ¿la justicia mexicana iba a negociar con Ovidio información del narcopoder político del Cártel de Sinaloa a cambio de protegerlo a él y a sus familiares? Los tiempos judiciales no permiten una respuesta inmediata. Ovidio fue deportado a Estados Unidos y esa información del narcopoder político del Cártel de Sinaloa ya está en poder de los fiscales del Departamento de Justicia de la Casa Blanca, y ya la están procesando para amenazar a México con castigos, revelaciones de nombres y está presuntos secuestros de funcionarios y políticos cómplices para llevarlos a responder ante la justicia de Estados Unidos.
Los capos ya presos en Estados Unidos, lo que haya podido negociar el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Calderón, los 29 capos obsequiados sin reglas ni limitaciones en enero y los 26 cedidos el martes constituyen –a toro pasado– un riesgo de inteligencia y seguridad nacional de México porque estarán entregando información del narcotráfico en México a fiscales estadounidenses.
Lo que queda por saber es cómo va a procesar Trump esta información para transformarla en solicitudes de arresto para extradición o en invitaciones formales e informales para que los presuntos señalados o revelados sean juzgados en los tribunales de EU a pagar culpas que en México no se atreven a fincarles.
Por lo pronto el secretario de Defensa de EU mandó un mensaje a cárteles: “sabemos un poco más de lo que ellos creen”, la temible Pam Bondi reveló que los últimos 26 capos entregados “es un esfuerzo histórico de Trump” y cierra el candado la determinación del Departamento de Estado de que 29 estados de México están en riesgo de amenazas terroristas.
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Política para dummies: la política en modo de delincuencia, puede ser hasta razón de Estado.
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