Noticia publicada a las 01:10 am 16/07/25

Por: Raymundo Riva P.

La preocupación de Sheinbaum no debe ser personal, pues EU no tiene información de que tenga vínculos con el crimen organizado, sino por su mentor, que tiene dos investigaciones abiertas en Brooklyn.
De todos los días malos que ha tenido en su joven gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo probablemente el peor el viernes pasado,

al quedar atrapada en el peor de los mundos: la necesidad de defender a su mentor Andrés Manuel López Obrador de los señalamientos de probables vínculos con el crimen organizado, y al dejar claro que no sabe para qué sirven los fusibles en la política. Vivió una crisis de la cual no ha podido salir.
Sheinbaum fue incubando la crisis al criticar por días al gobierno de Estados Unidos porque no le había informado de los términos del acuerdo con Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y principal traficante de fentanilo ilegal, cuestionando que negocian con quien clasifican como terrorista, y mostrando inusitada preocupación por lo que pudiera decir el nuevo activo del Departamento de Justicia. La presidenta, que hablaba con impunidad, no vio la trampa en la que se estaba sumergiendo.
Tuvo un naufragio político y comunicacional, al embarcarse en pleito de palabras con el abogado de Guzmán López, Jeffrey Lichtman, quien de manera insolente dijo que era absurdo que pidiera que le informaran del acuerdo. Sheinbaum respondió descalificándolo, pero el abogado le reviró acusándola de “actuar” más como publirrelacionista del crimen organizado que como una “líder honesta”. La presidenta reculó alejándose del fuego declarativo, pero el daño ya estaba hecho: le había dado rango de interlocutor al abogado de narcotraficantes mexicanos.
Su problema fue de origen, al convertirse durante dos meses en la única voz oficial contra las decisiones estadounidenses, pese a tener varios fusibles. Quien debió llevar la voz principal era el secretario de Relaciones Exteriores, que siempre está convenientemente ausente. El fiscal general pudo blindarla –pero no lo hizo hasta después del estropicio–, con el argumento que desarrolló la presidenta el viernes: que debían informarle dentro de las previsiones del Tratado de Extradición, firmado en 1978. ¿Es correcto o la volvieron a engañar sus colaboradores?
El artículo 17 del tratado dice que sólo tendrían que informarle si los delitos por los cuales pidieron juzgarlo en Estados Unidos se habían modificado. Guzmán López fue extraditado en 2023 para responder por tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilegal de armas de fuego, que son los delitos por los que se declaró culpable. También son los mismos de la petición de extradición. Si hubieran violado el tratado, tuvieron semanas para inconformarse con los departamentos de Estado y Justicia. No lo hicieron y dieron a Sheinbaum información imprecisa y ambigua.
Otros fusibles para enfrentar las imputaciones de Lichtman callaron: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que diariamente da un parte policial, en su calidad de jefe del gabinete de seguridad, hizo mutis. El procurador militar, que no ayudó a la presidenta cuando le echaron en cara que Washington le tiene desconfianza por lo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del general Salvador Cienfuegos, sugiriendo que hubo impunidad y encubrieron su relación con el narcotráfico. No salió el Senado, donde se vigila la política exterior, ni Morena, su partido. Otra vez la dejaron sola.
Muchas horas después de que impactaron los torpedos en la presidenta, varios funcionarios descalificaron al abogado, que también lo fue de El Chapo Guzmán, y que amenazó con dar más información próximamente sobre las relaciones del régimen con los cárteles de las drogas. Minimizar sus palabras, que fue la estrategia, no esconde otra realidad. Lo que dijo es lo que piensan en Washington el presidente Donald Trump; la jefa de gabinete, Susie Wiles; los secretarios de Estado, Marco Rubio; Seguridad Nacional, Kristi Noem; Defensa, Pete Hegseth; la procuradora Pam Bondi; el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; el FBI y la DEA, por mencionar sólo algunos.
Sheinbaum tampoco se ayudó con la semiótica. Sabía con al menos dos semanas –como todos los mexicanos– que Guzmán López iba a declararse culpable, como lo informó a la Corte Federal de Illinois el 30 de junio, y era público que la audiencia sería el miércoles pasado en Chicago. ¿Por qué no cambió su visita a Culiacán y fue a darle un espaldarazo al gobernador Rubén Rocha Moya, que es mero testigo de una guerra fratricida del Cártel de Sinaloa donde fue imputado por criminales como parte responsable de ella? El mismo día que se celebró la audiencia –que fue aplazada para el viernes–, compartió templete con Rocha Moya. Pero no fue todo. También viajó a Baja California, gobernada por Marina del Pilar Ávila, a quien el Departamento de Estado le canceló la visa.
¿Qué estaban pensando en Palacio Nacional? ¿Cuál era el mensaje?
La presidenta ha estado inquieta por el caso de Guzmán López desde el 12 de mayo, luego de que 17 miembros de su familia se entregaron al FBI, que es cuando empezó a pedir que le informaran del acuerdo. La preocupación de Sheinbaum no debe ser personal, pues Estados Unidos no tiene información de que tenga vínculos con el crimen organizado, sino por su mentor, que tiene dos investigaciones abiertas en Brooklyn y una más, indirecta, en Langley.
Los señalamientos de Lichtman acusan complicidades del obradorismo con criminales, pero ni él ni Washington la ven ajena. La prueba fue el sábado, cuando Trump impuso más aranceles de 30% a México citando que no habían hecho lo “suficiente” para combatir a los cárteles. Diferente partitura, pero la misma música que tocó Lichtman.
La defensa de Sheinbaum de López Obrador ha sido de gladiadora. Es ella quien está gastando capital político al pelear todo el tiempo en un lodazal que parece impedirle ver las cosas de manera estratégica. La presidenta y el aparato de propaganda del régimen están buscando desviar el vórtice del conflicto hacia el sexenio de Felipe Calderón, pero la narrativa estadounidense ubica el inicio del diferendo en 2019, cuando estalló la crisis del fentanilo.
¿Por qué la defensa irredente a López Obrador? Puede ser que lo que teme la presidenta es que cualquier imputación contra López Obrador, no sólo lo destruye a él, y daña su movimiento, sino quizás acabe con el sexenio de Sheinbaum.

Fuente: EL FINANCIERO.

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