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El periódico Reforma dijo que la presidenta buscaba “curarse en salud” cuando emitió la frase. Pero lo cierto es que la frase en boca de la presidenta parece confirmar lo que millones sospechan: que estamos a un paso de conocer el verdadero alcance de la posible relación de complicidad entre la clase política y el narcotráfico en México. Y Sheinbaum lo sabe y no le gusta lo que viene.
No le gusta porque está atrapada entre el tener que aplicar las leyes de la nación ante la evidencia de delitos graves cometidos por funcionarios públicos, posiblemente incluso un ex presidente, y, por otro lado, defender sin excusa a sus camaradas de partido, empezando por el verdadero dueño de su partido.
La primera vez que recuerdo haber escuchado esa frase en la boca de Andrés Manuel López Obrador fue cuando el General Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, fue detenido en Los Ángeles, California, acusado por Estados Unidos de ser aliado y protector del narcotráfico en México.
La segunda vez fue cuando se entendió que el Mayo Zambada estaba en manos de las autoridades estadounidenses, por voluntad propia o secuestrado, daba igual. Corrían por esos días muchos rumores en el sentido de que les daría a los jueces de Estados Unidos pruebas contundentes del involucramiento personal del ex presidente en tratos inconfesables con los narcotraficantes, otorgándoles protección a cambio de apoyo político y económico a su gobierno y a Morena.
La frase retumbaba porque reflejaba temor, junto con una estrategia decidida previamente: desafío y resistencia detrás del muro protector del oficialismo.
Ante cualquier acusación en su contra, las autoridades estadounidenses “tendrán que presentar pruebas”, dijo López Obrador cuando apresaron a Cienfuegos, y lo repitió cuando cayó el Mayo Zambada, ahora refiriéndose a sí mismo.
Hay antecedentes sobre el apresamiento y encarcelación de ex presidentes latinoamericanos, acusados de ser socios del narcotráfico. El caso más reciente es el del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado después de un juicio penal a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de cárcel en 2022.
En un tiempo más lejano, pero mucho más ruidoso, fue la invasión militar de Estados Unidos a Panamá en 1989, que culminó con el derrocamiento del Presidente Manuel Antonio Noriega, quien, a la postre, fue condenado a 40 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos.
Sin duda López Obrador tiene plena conciencia de que Estados Unidos es capaz de solicitar al gobierno mexicano su extradición para enfrentar cargos por asociación con elementos del narcotráfico en México. A estas alturas de la historia de la 4T es evidente la coaligada labor que realizaron elementos centrales de la política morenista con el narcotráfico para efectos electorales y de una presunta estabilidad política. Por comisión u omisión, el ex presidente mexicano tenía todo que ver con esas actividades y complicidades de su gobierno.
La ironía de todo es su doble moral en este asunto. Por un lado, festejaba el juicio penal a García Luna y cada día en las mañaneras daba cuenta, con lujo de detalles y toneladas de sorna, sobre las andanadas de acusaciones en contra de García Luna y, por interpósita persona, a Felipe Calderón, su némesis.
Uno tras otro, jefes de bandas y cárteles del narcotráfico explicaban los pagos a García Luna para proteger sus cargamentos de droga hacia el fastuoso mercado estadounidense.
Todo era de palabra, a veces incluso contradiciéndose con fechas, lugares o montos de dinero, pero nada de eso era relevante. Lo relevante, para López Obrador, para la 4T y para sus acólitos, era el delicioso chisme que servía para embarrar a Calderón. Nunca se presentaron lo que en un juicio mexicano se conciben como “pruebas” documentales o gráficos. Eso no se necesitaba, cuando el verdadero propósito, desde el punto de vista del gobierno mexicano, era la propaganda política.
Se deleitaba López Obrador con su show matutino. Incluso le ofreció cordura a García Luna si inculpaba directamente a Felipe Calderón como socio activo de algún cártel del narcotráfico. Obviamente García Luna no aceptó el trato porque nunca hubo una vinculación entre Calderón y el proceso a García Luna.
Y mientras López Obrador seguía con su circo mediático en las mañaneras, era él quien conducía su gobierno hacia una estrecha alianza con elementos del narcotráfico. Incluso, para encubrir sus huellas en el delito, autorizó que dirigentes nacionales, estatales y municipales de Morena pudieran asociarse con las expresiones en sus comunidades del crimen organizado, bajo premisas muy claras.
Esas premisas consistían en no reconocer nunca las asociaciones, siempre exigir su apoyo electoral y facilitar las operaciones criminales.
Esa era la doble moral. Por un lado festejaba el juicio a García Luna porque exponía la relación de ese gobierno con el narcotráfico, mientras él hacía lo mismo con su gobierno, pero recargada al mil y convertida en una política pública.
Al exigir pruebas, no dichos, Sheinbaum asume el mismo camino que escogió López Obrador. Cuando habla del inexistente “fraude” de 2006, de García Luna, de su política de “no robar, no mentir, no traicionar” y de “honestidad valiente”, es porque están haciendo exactamente lo contrario. La doble moral despliega trágicamente sus alas con este nuevo gobierno de la 4T.
La presidenta está atrapada. Y no halla la salida a la encrucijada, por una sencilla razón: no la tiene. Al recurrir a la excusa de decir “tendrán que presentar pruebas”, hace gala, sin querer, de su debilidad político.
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
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