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por sus nexos con “los esquemas de labor forzada” del régimen cubano, encuadrados en las misiones de médicos cubanos, causó gran preocupación en la presidenta Claudia Sheinbaum por cómo podría impactar a su mentor, Andrés Manuel López Obrador.
A diferencia de esa inquietud, no mostró intranquilidad al recibir la información de que el gobierno del presidente Donald Trump tenía una lista de alrededor de 300 mexicanos a quienes podrían declarar personas non gratas.
De manera gradual, el gobierno mexicano se ha ido enterando de la información que han ido acumulando en Washington sobre presuntos vínculos de políticos, empresarios y artistas con los cárteles de las drogas, o de quienes consideran enemigos de Estados Unidos por sus posiciones contrarias a las políticas e intereses en ese país. Integran un conjunto de personas consideradas como “probables objetivos”.
Los nombres se mantienen con gran hermetismo, pero ha trascendido que están agrupados en tres categorías, de acuerdo con lo que consideren en el gobierno de Trump, su grado de involucramiento o relaciones con el crimen organizado, como el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y varios artistas y conjuntos musicales, o promuevan políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos, como sería el caso de las brigadas de médicos cubanos.
De ahí que las sanciones contra funcionarios centroamericanos preocuparon a la presidenta, porque la contratación de médicos cubanos –que comenzó durante el sexenio de López Obrador– la mantuvo en su joven administración por petición explícita de su predecesor.
El gobierno estadounidense informó que las restricciones de visas a quienes favorecieron ese modelo buscan la rendición de cuentas de aquellos que “apoyaron y perpetuaron esas prácticas de explotación”, que han permitido “enriquecer al corrupto régimen cubano”.
Fuentes diplomáticas dijeron que las sanciones del Departamento de Estado contra funcionarios centroamericanos no pensaban extenderlas a mexicanos, pero que no era definitivo. El secretario de Estado, Marco Rubio, agregaron, lo ha discutido con el presidente Trump, y dependerá de él si decide actuar contra líderes en otras naciones. Rubio y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, son quienes le proporcionan insumos para su evaluación y eventual toma de decisión.
Noem fue la primera funcionaria de la administración Trump que le informó oficialmente a Sheinbaum lo que deseaba su gobierno, luego de decirle en una reunión en Palacio Nacional el 28 de marzo, que “tenía muchos pendientes” en la lucha contra el narcotráfico y la migración. Noem le dijo que su gobierno quería que la Fiscalía General de la República abriera investigaciones y procesos penales en contra de funcionarios, políticos, empresarios y artistas presuntamente vinculados con el crimen organizado. La presidenta no hizo nada al respecto, aunque días después de ese encuentro, le cancelaron la visa a la gobernadora de Baja California, que planeaba presentar su licencia al cargo, pero López Obrador le indicó que no lo hiciera.
La lista inicial de 300 personas mexicanas integra presumiblemente varios listados de diferentes áreas del gobierno. Dos de ellas, reveladas por el portal ProPublica fueron integradas por un equipo de la Casa Blanca encabezado por Anthony Salisbury, asesor adjunto del Consejo de Seguridad Nacional responsable de México y América Latina, y otro fue elaborado por los exagentes de la DEA en México, Terrance Cole y Matthew Donahue, quienes también propusieron la cancelación de visas de 35 funcionarios del gobierno de López Obrador, que rechazó en ese momento el Departamento de Estado. Cole espera la confirmación en el Senado como próximo jefe de la DEA.
Hasta el momento, varias personas de los tres perfiles establecidos en las listas del gobierno de Estados Unidos han sufrido la cancelación de sus visas, y en algunos casos donde tenían residencia en ese país, están vendiendo sus propiedades y preparando su regreso a México, ante el temor de que sean deportados. Los últimos fueron varios ejecutivos de los bancos Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, junto con sus familiares, luego de que las empresas fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de haber lavado dinero para los cárteles mexicanos y facilitado el tráfico ilegal de fentanilo de China a Estados Unidos.
Aunque por las primeras informaciones que surgieron en Washington sobre las cancelaciones de las visas se menciona únicamente a funcionarios, gobernadores, líderes y militantes de Morena, no se sabe con certeza si las listas incluyen a miembros de otros partidos.
Esta incertidumbre ha provocado temores entre algunos políticos prominentes de Morena, quienes han optado por dejar de viajar a Estados Unidos. Las versiones de que cancelaron las visas de varios gobernadores y legisladores de Morena no han podido ser confirmadas.
Sheinbaum, hasta donde se sabe, ya tiene conocimiento de quiénes integran la lista de los 300, pero no ha dado señales de que esté dispuesta a interceder por ninguna de esas personas en caso de que sean sancionadas por el Departamento de Estado. Esta posición, sin embargo, es todavía prematura, sin saber cuál será su decisión, en caso de que enfrente ese dilema, salvo con López Obrador, donde parece encontrarse atrapada, y limitada incluso para reducir o cancelar el programa de contratación de médicos cubanos.
La posición de Sheinbaum parece contradictoria entre lo que dice públicamente y la forma como está actuando internamente. Frente a la opinión pública mantiene una posición vehementemente nacionalista, negando todo aunque no tenga pruebas en la mano, lo que le ayuda políticamente en el núcleo radical de Morena y con López Obrador. En privado, ha tomado iniciativas unilaterales para administrar las embestidas del gobierno de Trump, aunque ninguna de ellas afecta su entorno más cercano, ni los intereses del expresidente.
Las acciones que ha realizado Sheinbaum no han modificado la posición de Estados Unidos frente a México. Washington, en tanto, ha ido escalando la retórica incendiara contra ella y su gobierno, acotando cada vez más sus espacios de maniobra. La administración Trump quiere sangre morena, que es algo que hasta ahora, ella no parece dispuesta a conceder.
Fuente: EL FINANCIERO.
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