Noticia publicada a las 01:39 am 18/06/25

Por: Ivabelle Arroyo.

Hace cuatro años, Julio Astillero declaró sin pudor, en un foro de la Fundación Internacional para la Libertad, que en México había más libertad de expresión que nunca. Me quedé helada. El periodista (a quien respeto y considero inteligente) confundía dos cosas muy distintas: Crítica con libertad. Opinión con garantías. Denuncia con derechos.

Entonces escribí al respecto en El Economista. Advertí que esa percepción —tan peligrosa como extendida— ignoraba la creciente hostilidad del poder hacia la prensa. Hoy, con un régimen sin contrapesos, un presidente que lo controló todo y una presidenta que hereda el poder absoluto, ya no hay espacio para ambigüedades: La libertad de prensa en México fue asfixiada. No escribo “está siendo” en horrible gerundio. Escribo en pasado: Fue.
"Si fuera verdad lo que dices, no podrías escribir esto", me dicen algunos amigos oficialistas (que sí, que sí tengo). Argumentan que si hubiera represión, Loret de Mola no denunciaría al hijo del presidente, Reforma no revelaría corrupción en contratos, Animal Político no publicaría las investigaciones de Nayeli Roldán, Mexicanos contra la Corrupción no expondría omisiones mortales con ventiladores Phillips. Pero se equivocan —y lo saben—: La existencia de voces críticas no demuestra libertad de expresión; sólo demuestra que aún quedan periodistas dispuestos a jugarse el pellejo.
Lo que define la libertad de prensa no es la crítica en sí, sino las garantías para ejercerla . Y esas garantías hoy no existen. ¿Qué protección tiene Aguilar Camín contra la persecución fiscal? Ninguna. El SAT intentó ahogar su revista Nexos con auditorías selectivas. ¿Qué juez va a proteger a los integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción para seguir operando? María Amparo Casar es una muestra de cómo el aparato del Estado usa pecados privados para intimidar a la organización. Latinus sufre ataques sistemáticos. Reforma vive bajo el acoso constante de funcionarios. En los estados, la situación no es así de grave: Es exponencialmente terrorífica.
"Y sin embargo, aquí no hay periodistas en la cárcel", repiten los defensores del régimen, como si esa fuera la única medida válida. No —todavía no los hay. Pero la cárcel no es el único instrumento de represión. El hostigamiento fiscal, las campañas de difamación, el uso arbitrario del poder judicial y la precariedad laboral también silencian. Pero, además, cuando una libertad depende de la buena voluntad del gobernante de turno, no es un derecho: Es una concesión.
El caso de Jorge Luis González, periodista en Campeche, marca una línea roja. Layda Sansores —porque puede, porque quiere— consiguió que se le vinculara a proceso por “incitar a la violencia”. Su delito: Criticar a la gobernadora. La prisión preventiva era automática. No entrará a la cárcel, por ahora, sólo porque tiene 72 años. Pero eso no es una garantía: Es una excepción por edad . Y lo que queda claro es que en México ya no hay límites para el poder.
Muchos esperamos que este atropello se revierta. Pero incluso si se revierte, el daño está hecho . El mensaje es brutal y clarísimo: Si criticas al poder, estás en riesgo. No por lo que digas, sino porque el poder puede hacerte lo que quieras. Quizás hoy no quiera hacer nada. Quizás mañana sí. Pero tanto hoy como mañana, puede.
Se tiene que decir así: En México ya no existe la libertad de prensa.
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Fuente: EL UNIVERSAL.

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