Noticia publicada a las 01:56 am 05/12/23

Por: Antonio Tenorio Adame.

Las reformas de gobierno son más elásticas que las concernientes a un cambio de régimen
La 4T llega a su fin. Este 1 de diciembre cumplió un lustro de vigencia entre claroscuros.
Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador se permite engalanar su régimen con la inauguración del aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto,

y anunciar el incremento del salario mínimo en 20 por ciento.
El anverso de sus resultados va en consonancia con la falta de consensos entre poderes, como se advierte en el conflicto con la Suprema Corte, así como la controvertida política de seguridad pública, entre otros.
Los valores de la minoría
En estos tiempos de campañas es hora de revisar el funcionamiento de los poderes para visualizar los problemas que los aquejan, a fin de que el diagnóstico abarque la efectividad del régimen presidencial cuyo diseño de 106 años de vigencia debe reconocer sus insuficiencias y distorsiones, así como las carencias que adolece.
La crisis entre poderes se supera, según el Presidente, con la consulta electoral, otros la consideran de orden constitucional. Luego entonces, se percibe como un desacuerdo posible de corregirlo con una reforma de gobierno, otros más sensibles estiman necesario una reforma de Estado.
Los poderes se encuentran sujetos a revisión con propuestas de cambio carentes de evaluación sin contar tampoco de la experiencia del pasado. El Presidente quiere que los jueces sean electos por el voto popular. Los ministros de la Corte rechazan la propuesta.
En Bolivia y Suiza, como también en Texas, dice Lenia Batres en su comparecencia de aspirante a ministra de la Corte en el Senado, se eligen los jueces, ¿en México por qué no?
La propuesta anterior choca con la negativa de los ministros de la Corte, que advierten el riesgo que corren quienes imparten la justicia y adquieran un compromiso partidista.
Ante ese argumento, el Ejecutivo replica, “entonces tampoco debería elegirse Presidente de la República”.
El tema dominante es la vigencia constitucional que cierra el paso a las iniciativas presidenciales que pretenden mejor la eficacia del Poder Judicial en aplicar sentencias de castigo a los funcionarios corruptos y al narcotráfico con vista especial a los vinculados con la producción de fentanilo.
El presidente López Obrador señala que los jueces son remisos a otorgar la libertad a presuntos responsables de delitos como una señal de la colusión corrupta del Poder Judicial; el tema es sujeto a debate donde se encuentra la debilidad del sistema de justicia como se advierte en la falta de integración de las carpetas de la fiscalía con la remisión de los inculpados
Se pretende cumplir con objetivos básicos de la agenda presidencial desbrozando caminos limitados por falta de apoyo presupuestal, como se ha vista en la aprobación del presupuesto donde las partidas destinadas a satisfacer la seguridad y la justicia son de por si notoriamente insuficiente, y si por faltara, cuando se decide fortalecer la acción contra la delincuencia se prefiere afectar a los jueces para favorecer a los policías.
No es racional afectar a uno de los factores para favorecer a otro cuando el proceso de contención y sanción a la delincuencia está integrado debidamente interdependiente.
El argumento de la mayoría
Asimismo, los índices comparativos del número de jueces son reveladores de las diferencias de los niveles de atención a la demanda. Como se advierte la diferencia entre los 26 jueces por cada 100 mil habitantes en Costa Rica, mientras en México desciende a solo 1.4 jueces en atención a la misma demanda.
La relación entre los jueces y los casos de atención que atiende revela el grado de impunidad que afecta la seguridad pública de la población al rebasar el 90 por ciento de los casos denunciados
En parte también se desprende el fondo de la propuesta vernáculo de “abrazos no balazos” para confrontar directamente al crimen organizado se prefiere la vía judicial que la vía armada.
El planteamiento es correcto, pero es ideal no real, por falta de una correspondencia entre poderes; entre estos debe existir una concurrencia no una discrepancia. Por ahora se muestran confrontados, se permite hablar desde conflictos de poderes, en cierto modo similar al caso Iglesias de siglo XIX.
Para superar este conflicto de poderes que algunos llaman crisis constitucional, el Presidente planteó en la mañanera, la creación de un tribunal que revise las sentencias de la Corte.
La medida puede ser discutida y en caso de darse por válida, se debe cuidar no cometer un retroceso o al menos evitar la repetición del modelo operado en el porfiriato, ya que durante la dictadura de la “paz de los sepulcros”, precisamente fue cuando la justicia se ejercía a través de una Secretaría de Justicia, como ahora se enuncia: la justicia depende del Ejecutivo.
Las reformas de gobierno son más elásticas que las concernientes a un cambio de régimen, donde los cambios son sustanciales a las instituciones, pero favorecen a tomar decisiones históricas que modifican la estructura del poder, sustituir el régimen presidencial por parlamentario.
En el caso de la V República francesa se cambió el régimen parlamentario por un régimen semipresidencial, a fin de superar las continuas crisis de inestabilidad propiciadas por la primera forma de poder.
Dictamen constitucional
La comparecencia en el Congreso de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ha sido un informe de los avances y logros de la administración en dicha materia, su presencia en el Poder Legislativo se vio acompañada por los Secretarios de la Defensa y su homólogo responsable de la Marina.
En su informe, la titular de Seguridad Pública destacó “ganar terreno al miedo”, o sea fortalecer la percepción social de mayor seguridad. Por su parte, la SEDENA difundió que “más de la mitad de los éxitos de seguridad, se deben a la Guardia Nacional”.
Ni el informe del Ejecutivo de la materia enviado al Senado, como tampoco el acto parlamentario referido, ambos no cubren la responsabilidad del Ejecutivo de rendir los informes semestrales del estado que guarda la seguridad nacional, con base al acuerdo asumido 2019 por la vinculación de la GN a la Defensa Nacional.
Tal como lo determinó la Comisión de dictamen que encabeza el senador Cristóbal Arias, al reconocer que faltó información de las instancias responsables.

[Regresar a la página principal]