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para cambiarles la forma, los mecanismos y las reglas para la disputa por las representaciones políticas y el poder, lo que pone en entredicho la vida misma del árbitro electoral.
En sentido estricto, preocupa la idea de democracia que tiene el gobierno actual, planteada desde la intolerancia; democracia que hoy sufre una clara confrontación surgida del grupo político que antes abanderó desde la oposición los logros y exigencias que hemos conseguido, pese a represiones y durezas.
El próximo 26 de Febrero se manifiestan los ciudadanos que ven en las acciones e iniciativas realizadas desde el poder actual, agresiones a las instituciones y normas electorales, elementos de distorsión que no mejoran su funcionamiento, sino que al contrario, lo debilitan para que no funcione adecuadamente.
Ciudadanos que se reúnen en defensa de instituciones y reglas que se han hecho parte esencial de nuestra vida democrática, perfectible sin duda, pero que hoy por hoy cuentan con un reconocimiento social superior a las descalificaciones que han sufrido en los últimos años.
El cúmulo de problemas nacionales requiere de concursos amplios para su solución, donde participen los actores políticos y públicos, asumiendo diferencias y principalmente buscando coincidencias. Nuestros problemas profundos, complejos y ominosos, obligan a comportamientos democráticos y de amplia convocatoria, que aseguren el mayor involucramiento posible, sin embargo, contra toda lógica y particularmente contra el mismo discurso esperanzador de la noche de la elección presidencial del 2018, encontramos cerrazón e intransigencia.
Apostar por la modificación de las reglas electorales, para minar a profundidad al árbitro electoral, claramente implica favorecer a uno de los jugadores, al más fuerte de hoy. De consolidarse la iniciativa gubernamental, la elección del 2024, álgida, compleja por todo lo que representa en relevancia y magnitud, significaría una regresión democrática al imprimir incertidumbre al proceso para dar certidumbre al resultado, cuando lo deseable es, como diría Adam Przeworski, una democracia con certeza sobre el proceso pero incertidumbre sobre los resultados.
En los últimos 25 años, las elecciones en nuestro país se han caracterizado por desarrollarse como un proceso normado, certero, que ha respaldado la alternancia política, es decir, la incertidumbre de los resultados. Han sido años donde se fueron afinando reglas y mecanismos incluso más allá de lo esperable y que fueron dándose sobre acuerdos donde interactuaron actores políticos de toda índole, dando pauta para la alternancia de forma natural, asumiéndose el reconocimiento y respeto de esas reglas empujadas en muchos casos contra la intransigencia del modelo centralizado desde los gobiernos.
El actual embate al INE, a las reglas de convivencia democrática, es mucho más que la discusión de los salarios de los consejeros, es claramente la intención de desmantelar logros de años de luchas democráticas, que dieron soporte y capacidad al órgano electoral y a la innegable, valiente y fundamental participación ciudadana en las elecciones, su organización y el cuidado de los sufragios.
El Febrero 26 es la continuidad de una lucha válida, exigiendo que se escuchen y se tomen en cuenta las voces distintas. Porque la democracia es un edificio que construimos todos, en el que debemos caber todos, mayorías y minorías, donde se respeta la pluralidad y se camina enmedio de las diferencias.
Por ello, no es válido insistir en los monólogos, en la diatriba hacia los que opinen distinto; descalificar a los que piensan diferente configura una visión autocrática, autoritaria que, de no modificarse, avecina una tragedia que no merecemos.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
La cláusula de la “vida eterna”, ni viva, ni muerta, sino todo lo contrario, para cuando se necesite.
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