Noticia publicada a las 04:18 am 09/07/20

Por: Rodolfo Ruiz R.

La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 le ha caído al gobierno del estado, y en especial a la secretaria de Administración, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, como anillo al dedo para incumplir con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
En lo que va del año, el gobierno del estado se ha rehusado a transparentar qué bienes y servicios ha pagado o contratado,

a qué montos y a qué proveedores, frente al cómplice silencio de las instancias encargadas de la rendición de cuentas, en particular el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (ItaiPue).
Los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con la honrosa excepción de los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC), se han hecho tontos para exigir por lo menos una explicación sobre la opacidad del portal de Transparencia Covid-19, donde se supone que la administración barbosista iba a detallar los gastos extraordinarios que ha tenido que realizar para atender la contingencia sanitaria.
En este contexto llama la atención la publicación de un acuerdo el pasado lunes 29 de junio en el Periódico Oficial del estado, donde los secretarios de Gobernación, Planeación y Finanzas, Administración, Función Pública, Economía, Infraestructura y Salud, expiden lo que denominan “Lineamientos para las Acciones Administrativas Extraordinarias, en materia de Adjudicaciones, Contrataciones y Adquisiciones de Obra Pública, Bienes y Servicios, derivadas de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19), para incentivar una pronta recuperación económica, que genere Bienestar Social”.
Dicho acuerdo, que más bien parece una excusa para incumplir la Ley de Adquisiciones por causas de fuerza mayor, es una justificación para que estas dependencias adquieran o contraten bienes, servicios y obra pública sin necesidad de convocar a licitaciones públicas.
Estos lineamientos autorizan a las dependencias arriba citadas a “Llevar a cabo acciones para disminuir los tiempos para la adjudicación y contratación obra pública y servicios relacionados con la misma, que estén destinados a prevenir o atender, de manera directa o indirecta, la emergencia sanitaria; a través del procedimiento de adjudicación conducente, observando en todo momento el marco normativo de actuación”.
A “Tramitar la adquisición y contratación de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente, de manera directa, a la contingencia; por conducto de los procedimientos de adjudicación que conforme a derecho correspondan, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria lo cual deberá estar debidamente motivado y fundamentado con la finalidad de que no se contravengan las disposiciones aplicables”.
Y también a evitar “la demora en las adjudicaciones de obra, bienes o servicios y/o cualquier forma de hacer frente a la pandemia derivada del multicitado virus”, con excepción de aquellas “obras públicas, bienes y servicios, no tengan como objeto principal atender directa o indirectamente los efectos de la pandemia”.
Ahora entiende por qué le digo que el Covid-19 les cayó como anillo al dedo a los responsables de las compras y contrataciones del gobierno del estado.
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A propósito.
En los pasillos de la Secretaría de Administración del estado corre la versión de que Ricardo Antonio García Guzmán sacó ya sus cosas y que este miércoles ya no se presentó a laborar como titular de la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones de Bienes y Servicios y Obra Pública.
Y también que la secretaria Rosa Urtuzúastegui está blindando a Tenoch Moreno Peña como director de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
Según esta versión, la secretaria no defendió a Ricardo Antonio García por ser gente del subsecretario Juan Pablo Cortés Córdova, a quien atribuye muchas de las grillas en su contra.
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Quién acaba de ser nombrada directora de Licitaciones y Contrataciones de Obra Pública en la Secretaría de Administración es Virna Pamela Hernández Aguilar. La nueva funcionaria también viene de la Ciudad de México. Antes de su nuevo nombramiento fue directora de Eficiencia Administrativa y antes de llegar a Puebla laboró en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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Fuente: E-consulta.

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