Noticia publicada a las 12:56 am 22/10/18

Por: Javier Santiago Castillo.

La elección de gobernador deI estado de Puebla ha transitado por vericuetos jurídicos inéditos, que dejan ver, por decir lo menos, fragilidad institucional. Reflexionemos primero sobre el contexto y luego sobre el concepto.
De las ocho gubernaturas y una Jefatura de Gobierno, en juego en las elecciones de julio, la Coalición Juntos Haremos Historia ganó cuatro: Chiapas, Morelos, Tabasco y Ciudad de México.

En Yucatán, Guanajuato y Jalisco ganaron otras opciones políticas, pero sólo en Guanajuato Andrés Manuel López Obrador no obtuvo la mayoría de votos; en los otros dos estados los ciudadanos votaron de manera diferenciada para la elección presidencial y de gobernador.
El voto diferenciado en México es parte de la historia de su transformación democrática. Fue en 1988 cuando este suceso político electoral se presentó por primera ocasión de forma significativa. En 2018, la elección presidencial favoreció la construcción de un oleaje a favor de los candidatos de la Coalición Juntos Haremos Historia, pero a pesar de eso el voto diferenciado como conducta que expresó la libertad ciudadana en la emisión del sufragio estuvo presente.
Puebla es una entidad económica y políticamente relevante. Su lista nominal ocupa el quinto lugar en tamaño del país, tiene una industria pujante. Su complejidad social y política se refleja en la existencia de 217 municipios con diversidad cultural. A lo que hay que agregar la existencia de grupos políticos de largo arraigo, cuyas aspiraciones de poder van más allá de la gubernatura del estado. Todas estas características auguraban una elección reñida y así fue.
Los incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral, algunos de ellos graves, pues costaron vidas humanas, ensombrecieron los comicios. Según las primeras informaciones periodísticas, al menos uno era militante del PAN y otro del PRI. Las autoridades ministeriales deben de ir a fondo, esclareciendo los hechos y llevando a juicio a los responsables.
Aunado a lo anterior la corta distancia entre el primer y segundo lugar de 3.55 por ciento (103,694 votos), según el cómputo realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, despertó los apetitos para nutrir el discurso del fraude electoral. El cual se argumentó inicialmente hablando de una alimentación paralela del PREP, del descubrimiento de un centro de alteración de paquetes electorales y falsificación de actas, etcétera.
Éste es el contexto. El concepto clave es el de Estado de Derecho, que nace en los años balbuceantes del siglo XIX y alcanza la plena madurez en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se le articula a la existencia de un sistema democrático. Los diversos tratadistas que ha abordado el tema coinciden en cuatro elementos básicos del Estado de Derecho: 1. imperio de la ley, 2. división de poderes, 3. legalidad de la administración y, 4. derechos y libertades fundamentales.
En este entramado conceptual y materialmente interinstitucional es evidente que la mayor responsabilidad de la vigencia del Estado de Derecho recae sobre las instituciones del Estado. Traigo a colación esto porque la Subcomisión de la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó “invitar” a una reunión de trabajo a los consejeros y a los magistrados electorales de Puebla para que den explicaciones sobre su proceso electoral.
El nuevo equilibrio político resultado de las elecciones de julio no implica que las instituciones del Estado actúen al margen o contrariamente a la constitucionalidad vigente. Lo primero es que, aún vapuleada, sigue existiendo la República Federal. En la Constitución los poderes y las instituciones federales y sus contrapartes en los estados tienen delimitadas sus facultades y atribuciones.
En materia electoral es claro que las facultades y competencias son exclusivas de instituciones electorales. En el campo de la organización de las elecciones el INE y los institutos electorales de las entidades federativas tienen atribuciones concurrentes. La participación del Senado se circunscribe únicamente al nombramiento de los magistrados de los tribunales electorales del país.
En el artículo 76 constitucional no se encuentra la atribución del Senado, mucho menos de una subcomisión, de convocar, así sea a una reunión de trabajo, a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Puebla. En el Artículo 93, de la misma Carta Magna, se le otorgan al Senado, y a la Cámara de Diputados, facultades de convocatoria exclusivamente a funcionarios federales de la administración pública y de los organismos autónomos.
Las instituciones electorales, todas, no se encuentran en una situación de autarquía, existen las vías legales para que rindan cuentas. Para revisar las decisiones de las autoridades electorales locales y del INE existe todo un sistema de medios de impugnación, local y federal, que tiene como máxima autoridad jurisdiccional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sola ¬pretensión de intervenir, así sea con una “invitación”, de cualquier otro órgano del Estado violenta la autonomía constitucional de que gozan.
El no respeto al Estado de Derecho afecta la Seguridad Jurídica, que es un elemento básico de la convivencia social. Por eso es delicado que sin atribución alguna una subcomisión del Senado “invite” a los consejeros electorales de Puebla a una reunión de trabajo. Como contribución a la certeza jurídica toda autoridad está obligada a fundar y motivar sus decisiones, sería interesante e importante que la Subcomisión de Justicia expusiera sus fundamentos jurídicos y las razones en los que sustenta su acuerdo.
Es evidente que tal invitación tiene algún fin político. Diría Perogrullo: “en política, toda conducta es política”. Vale la pena preguntarse si tiene el objetivo de presionar a la Sala Superior del Tribunal a anular la elección de gobernador, después de que un cómputo realizado por él mismo confirmó los resultados. O también forzar al Consejo General del INE a destituir a los consejeros electorales.
Los ciudadanos no confirieron una mayoría legislativa para otorgar carta blanca a la impunidad política. Si algo mostró el sufragio ciudadano en julio es su hartazgo de los excesos de muchos miembros de la clase política. El país se encuentra en una encrucijada. Tenemos que transformar a México respetando el Estado de Derecho. Las instituciones tienen la responsabilidad de ceñir su conducta a la legalidad y no callar ante su atropello. No es momento de silencios cómplices.

* Profesor UAM-I,
@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

Fuente: Crónica.

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