Noticia publicada a las 04:00 am 01/08/18

Por: Cristina Barros.

Tener conciencia de nuestra historia, es valorar a quienes han abierto el camino para que nuestro presente sea más luminoso y por ello es un acto de justicia. En ese sentido, es indispensable recordar la marcha del primero de agosto de 1968 y el inicio del movimiento estudiantil, que significó un parteaguas histórico.
Repasemos el contexto: Gustavo Díaz Ordaz inició su sexenio con la represión del movimiento médico.

Había antecedentes, pues desde que fue secretario de Gobernación, con Luis Echeverría como subsecretario, había encabezado las represiones a los maestros en 1958 y a los ferrocarrileros al año siguiente. Estos dos mismos actores debieron tener conocimiento del asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, en 1962. Se trataba de un gobierno abiertamente autoritario.
Javier Barros Sierra fue nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1966, tras una etapa compleja para la institución, que culminó con la renuncia del doctor Ignacio Chávez. El rector y su grupo de trabajo, después de restablecer las condiciones necesarias, emprendieron las reformas académica y administrativa para modernizar y actualizar a la universidad. Se avanzó en ello, hasta que en 1968 un conflicto entre estudiantes desembocó en la invasión de algunas escuelas por parte de la policía, y en que el Ejército destruyera la puerta del edificio de San Ildefonso, albergue de la preparatoria y símbolo de la mayor importancia para numerosos universitarios. Jamás, afirmó el entonces rector, se había visto tan gravemente amenazada la autonomía universitaria. Y no sólo la autonomía, sino la vida democrática del país.
Es por ello que acompañado de un grupo de funcionarios, maestros y estudiantes de la universidad, el 30 de julio izó la bandera a media asta en la explanada de la rectoría. Era sin duda “un día de luto para la Universidad…” Al día siguiente ratificaría su posición ante la Asamblea General de la Facultad de Ingeniería: Defenderé la autonomía hasta lo último. Me he consagrado exclusivamente al servicio de nuestra Casa de Estudios. Permanezco al lado de los universitarios en su protesta contra los ataques a nuestra autonomía y en sus manifestaciones pacíficas tendentes a la reivindicación de su personalidad estudiantil ante el pueblo de México.
Los estudiantes invitaron al rector a encabezar una marcha el primero de agosto. El secretario de Gobernación trató de disuadirlo, y es que –afirma Barros Sierra en sus Conversaciones con Gastón García Cantú– “nunca hubo del lado del gobierno una correcta valoración del movimiento estudiantil, de su verdadera fuerza, de sus objetivos… (no) se tuvo una apreciación correcta, una valoración adecuada; todo lo cual favoreció que el manejo que se hizo de ese problema fuera sistemáticamente erróneo y deplorable.”
Al encabezar el rector Javier Barros Sierra la marcha del primero de agosto se rompió en México una penosa y lamentable tradición de silencio y conformidad, pues de esta manera manifestó públicamente que disentía de los actos y del estilo mismo del gobierno, y defendió el derecho de los jóvenes a disentir, dando un ejemplo de democracia y dignidad. Corriendo el mayor de los riesgos personales, el rector actuó en defensa de la autonomía de la universidad. Lo hizo porque la entendía como el espacio para la libre expresión de las ideas y del pensamiento, indispensable en un país democrático. Asimismo, con su postura, defendió el derecho constitucional a las libertades civiles frente a un gobierno represor. Que un funcionario del nivel del rector de la universidad enfrentara abiertamente al Estado autoritario, significó mucho más que la defensa de una institución. Es por ello que el movimiento de 1968 representa un paso de la mayor importancia hacia la apertura democrática de México.
Es incuestionable que entonces se confrontó una tendencia autoritaria del gobierno que se conserva hasta nuestros días, y que alienta una actitud servil entre los gobernados y los propios funcionarios, pues ante cualquier disidencia, responde con la amenaza abierta o solapada, y con acciones que van desde la remoción de su cargo, en el caso de los funcionarios, hasta el asesinato, en el caso de la población. Esperemos que con los nuevos vientos se fortalezca la democracia en México y se entienda cabalmente la función de las instituciones públicas de enseñanza superior.

Fuente: La Jornada.

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