Noticia publicada a las 02:38 am 11/12/17

Por: Laura Rojas.

Hace una década que las Fuerzas Armadas de nuestro país comenzaron a realizar tareas relacionadas con la seguridad pública, una obligación reservada a cuerpos civiles en todos los regímenes democráticos.
No hay duda del respeto que el pueblo mexicano le profesa al Ejército y la Marina no sólo por la ayuda humanitaria que suelen prestar cada vez que se necesita, sino porque son los únicos que han logrado generar y/o mantener cierta paz en muchas comunidades a lo largo y ancho del país

y también porque son los que mejor han resistido el poder corruptor del crimen organizado.
Es verdad que no fueron los militares quienes pidieron salir a las calles ni los que quieren permanecer en ellas. Tampoco son los responsables de la ineptitud y corrupción de muchas autoridades civiles —sobre todo a nivel local—, que durante décadas no hicieron un buen trabajo en la formación de policías profesionales y confiables, lo que generó un persistente clima de inseguridad y violencia, así como un impacto negativo en el desarrollo, la competitividad, la cohesión social y, sobre todo, la pérdida de incontables vidas tanto de civiles como de los propios miembros de las Fuerzas Armadas.
A nuestros soldados y marinos se les dijo que su lucha contra los criminales sería temporal, que el Estado mexicano pondría todas sus capacidades en la tarea de definir un modelo policial, cuya implementación contaría con recursos económicos y humanos suficientes para que pudieran regresar a los cuarteles, lo mismo se les dijo a los organismos internacionales de derechos humanos que han señalado una y otra vez la necesidad de normalizar la situación.
Sin embargo, fracasamos, y la máxima expresión de la aceptación del Estado mexicano de que ni siquiera está a la vista el momento en que contemos con suficientes policías capaces de hacer su trabajo es la Ley de Seguridad Interior, una ley que busca normar lo irregular y cuyo mensaje es que nos rendimos porque en vez de avanzar en la legislación que establezca un nuevo modelo policial, apostamos por la permanencia del Ejército en las calles.
La realidad se ha impuesto: Los ciudadanos de los lugares custodiados por las Fuerzas Armadas no quieren que se vayan, como tampoco los gobernadores y alcaldes que tienen la presión de la inseguridad día con día. No hay quien supla a los soldados y marinos, quienes han pedido una ley que les dé certeza jurídica sobre su actuación.
Ante las circunstancias, la Ley de Seguridad Interior es inminente. El punto es ¿qué ley? Se han hecho numerosas críticas a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, de manera destacada, los riesgos a los derechos humanos, la falta de controles, supervisión y rendición de cuentas, el peligro de opacidad en la información, etcétera. Todo ello es sin duda importante, pero lo más grave es que dicha minuta no resulta un instrumento transformador, sino uno perpetuador del irregular statu quo. Como ejemplo, las prórrogas para la permanencia de los militares en un sitio no tienen límite ni están sujetas a avances en la profesionalización de las policías, tampoco se específica un protocolo más allá de la autorización del Presidente de la República, lo cual puede convertirse en un instrumento político y de control de éste hacia los alcaldes y los gobernadores.
Dos organismos de Estados: la ONU y la CIDH; y dos órganos del Estado: la CNDH y el Inai han expresado serias preocupaciones sobre la ley, además de juristas serios y numerosas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. Afortunadamente, su presión hizo que se pospusiera la sesión de comisiones en la que previsiblemente sería aprobada la ley, ahora toca ampliar el diálogo y construir una mucho mejor alternativa.

Fuente: Excélsior.

[Regresar a la página principal]