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Para quienes nacimos cuando ese derecho ya existía, puede parecer una fecha distante, una efeméride que se menciona en la escuela y se olvida al terminar la clase.
Pero detrás de ella hubo décadas de organización, exigencias y resistencia.
Hubo mujeres que tuvieron que demostrar algo que nunca debió ponerse en duda: que tenían capacidad para decidir sobre el país al que ya contribuían con su trabajo y en el que ya cumplían obligaciones.
Pregúntese usted qué sentiría si tuviera que obedecer las leyes, pagar impuestos y soportar las decisiones de un gobierno, pero se le negara el derecho a elegirlo por haber nacido mujer.
Esa exclusión formó parte de nuestra historia.
Y recordarla exige mucho más que una fotografía oficial.
Aquí, en Puebla, tenemos razones para comprenderlo.
Carmen Serdán participó en la organización del movimiento revolucionario y el 18 de noviembre de 1910 resistió, junto con sus hermanos, el ataque a la casa familiar.
Las mujeres estuvieron presentes en la lucha por transformar al país. Sin embargo, el nuevo orden constitucional no les reconoció inmediatamente una ciudadanía política plena.
Hermila Galindo llevó al Constituyente la exigencia del voto femenino; esa demanda tendría que esperar décadas.
Pensemos en esa contradicción: participar en la transformación de un país y quedar excluidas de sus decisiones.
Por eso, cuando hoy se invoca a las mujeres de nuestra historia, conviene recordar también lo que exigieron.
Sus nombres obligan a revisar cuánto hemos cumplido de aquella promesa de igualdad.
Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada local en Yucatán en 1923.
Su trayectoria muestra que las mujeres ya estaban disputando espacios políticos mucho antes del reconocimiento federal de 1953.
También hubo avances frustrados.
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la iniciativa de 1937 para reconocer el sufragio femenino obtuvo aprobaciones legislativas, pero el trámite final quedó inconcluso y la reforma no entró en vigor.
Estudios históricos señalan, entre los factores políticos, el temor de que el voto de las mujeres favoreciera a la oposición.
Ahí aparece una lección incómoda: el poder puede reconocer una demanda como justa y, aun así, aplazarla cuando considera que amenaza sus intereses.
Los derechos de millones de mujeres quedaron subordinados al cálculo político.
En 1947 se reconoció su participación electoral municipal.
En 1953 llegó el reconocimiento federal y el 3 de julio de 1955 las mexicanas participaron por primera vez en una elección federal.
Conviene distinguir las fechas: una corresponde al reconocimiento del derecho; la otra, a su ejercicio en las urnas federales.
El camino continuó.
En 2019, la reforma conocida como “paridad en todo” amplió el mandato constitucional de participación paritaria en los espacios del poder público.
Son conquistas que debemos defender.
Precisamente por su importancia, debemos impedir que se utilicen para dar por terminada una lucha que sigue abierta.
Porque hoy nos dicen que llegamos todas.
¿Todas?
¿También la madre que busca a su hija?
¿La trabajadora que teme denunciar acoso porque puede perder su ingreso?
¿La mujer que vuelve a su casa después de pedir protección y encuentra ahí a quien la amenaza?
¿La niña a la que nadie escucha porque lo que cuenta incomoda a la familia?
¿A dónde llegaron ellas?
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia de México y es la primera mujer en ocupar ese cargo.
Ese hecho tiene un lugar en la historia.
Pero su llegada no puede presentarse como prueba de que todas las mexicanas alcanzamos la igualdad.
Una victoria electoral tiene una ganadora.
Una transformación de las condiciones de vida necesita resultados que alcancen a las demás.
La frase “llegamos todas” pretende colocarnos dentro de un triunfo colectivo.
Mi pregunta es qué lugar tienen en ese triunfo las mujeres que todavía deben rogar para obtener atención, protección o justicia.
Se habla del techo de cristal como si hubiera quedado destruido para siempre.
La llegada de una mujer al máximo cargo demuestra que esa barrera pudo ser atravesada.
No demuestra que desaparecieron los obstáculos para todas.
¿Qué techo se rompió para quien carece de dinero para salir de una relación violenta?
¿Qué cambió para quien dejó sus estudios porque tuvo que hacerse cargo de sus hermanos?
¿Qué puerta se abrió para la madre que recorre oficinas buscando una respuesta sobre su hijo desaparecido?
Para esas mujeres, la igualdad se mide en decisiones concretas: poder salir, estudiar, trabajar, descansar, denunciar y vivir sin miedo.
Por eso la afirmación de que llegamos todas debe someterse al mismo escrutinio que cualquier otra promesa política.
Y ahí las madres buscadoras plantean una exigencia que la presidenta no puede resolver con una consigna.
También son mujeres.
También son ciudadanas.
También forman parte de ese “todas” que se pronuncia desde el poder.
Colectivos han denunciado que la presidenta no los recibe.
Sheinbaum sostiene que ha atendido individualmente a madres buscadoras y que su gabinete realiza los encuentros con grupos y colectivos.
Esa distinción importa: atender personas de manera individual no responde, por sí mismo, a la demanda de una audiencia directa con los colectivos.
Presidenta: esas madres tienen derecho a exigir interlocución, compromisos y seguimiento.
Recibirlas debe servir para escuchar sus demandas y asumir responsabilidades concretas.
No basta con decir quién las atiende.
Hay que explicar qué respuestas reciben.
Porque una madre que busca a su hijo necesita saber quién está trabajando en su caso, qué se ha investigado, qué falta y cuándo habrá una nueva respuesta.
Necesita protección para continuar una búsqueda que nunca debió recaer de esa manera sobre sus hombros.
Y mientras esas madres necesitan protección para buscar a sus hijos, en Puebla el gobernador Alejandro Armenta Mier utiliza precisamente el argumento del riesgo para justificar que ciertos espacios de gobierno queden en manos de hombres.
En septiembre, al explicar la ausencia de mujeres al frente de los concejos municipales, declaró:
“Para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás”.
Se refirió a municipios como Tepeyahualco y Esperanza.
Detengámonos en el absurdo de ese razonamiento.
Si la delincuencia hace peligroso gobernar un municipio, la obligación del Estado es garantizar condiciones de seguridad para quien asuma esa responsabilidad.
Usar esa inseguridad para excluir a las mujeres convierte un problema que el gobierno debe resolver en una barrera contra nuestros derechos.
Gobernador:
¿Qué capacidad para gobernar otorga ser hombre?
¿Qué incapacidad supone ser mujer?
Su argumento coloca a las mujeres bajo una tutela: alguien decide por nosotras qué responsabilidad podemos asumir y de cuál debemos ser apartadas, supuestamente para protegernos.
Después, Armenta rectificó y afirmó que las mujeres tienen capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad y que pueden y deben gobernar municipios y el estado.
Esa corrección debe mencionarse.
También debe exigirse que se traduzca en decisiones.
Porque una declaración posterior no elimina la necesidad de cuestionar el criterio con el que se justificó nuestra exclusión.
Setenta y tres años después del reconocimiento del sufragio femenino, seguimos escuchando razonamientos que condicionan nuestro acceso al poder.
Antes se cuestionaba nuestra preparación; ahora se invoca nuestra protección.
El resultado puede ser el mismo: otros deciden qué espacios nos corresponden.
Ganamos el derecho a votar y a ser votadas.
¿Por qué todavía tenemos que discutir con un gobernador si podemos asumir responsabilidades en municipios difíciles?
Y hay una contradicción todavía más dolorosa: se considera demasiado riesgoso que una mujer gobierne ciertos territorios, mientras las madres buscadoras recorren terrenos peligrosos para encontrar a sus hijos.
¿Dónde está la protección que ellas necesitan?
¿Por qué el riesgo sirve para cerrar una puerta política, pero no provoca una respuesta suficiente para quienes buscan a sus desaparecidos?
¿Así se rompió el techo de cristal? ¿Así llegamos todas?
Llegar tendría que significar que nuestra capacidad se evalúa por nuestra preparación y nuestro trabajo; que podemos decidir y que contamos con instituciones que protejan nuestros derechos.
Mientras el poder siga justificando barreras por el hecho de ser mujeres, la igualdad seguirá pendiente.
A usted que me escucha: imagine que mañana desaparece alguien de su familia.
Imagine las llamadas, el miedo, los recorridos, las noches sin dormir.
Imagine mirar cada fotografía, cada noticia, cada objeto encontrado, preguntándose si contiene la respuesta que teme y necesita conocer.
Ahora imagine escuchar que todas las mujeres llegaron al poder.
¿Se sentiría incluida?
¿O preguntaría por qué sigue golpeando puertas para conseguir que ese poder la escuche?
La Presidencia debe responder a ese examen.
El género de quien gobierna no reduce la obligación de rendir cuentas.
Una presidenta puede ser cuestionada por sus prioridades, sus decisiones y sus omisiones.
Exigirle resultados es reconocer la responsabilidad del cargo que ocupa.
Y las mujeres tenemos derecho a disentir de ella.
No estamos obligadas a respaldar una administración porque la encabeza una mujer.
Nuestra ciudadanía no puede convertirse en una lealtad automática.
Si una política es insuficiente, podemos señalarlo. Si una víctima queda desatendida, podemos reclamarlo. Si una promesa no se cumple, podemos exigir explicaciones.
La solidaridad entre mujeres también exige mirar a las afectadas por las decisiones del poder.
Porque las mujeres que lucharon por el sufragio no lo hicieron para que una gobernante pudiera hablar en nombre de todas sin responderles.
Lucharon para que nuestra voz tuviera valor, incluso cuando esa voz incomoda.
Pero esta reflexión también debe entrar en nuestras casas.
Una mujer puede votar y seguir necesitando permiso para salir.
Puede tener una credencial de electora y no disponer de su propio ingreso.
Puede elegir a sus gobernantes y encontrar que, dentro de su hogar, alguien más decide con quién habla, cómo se viste o qué puede hacer.
¿Cuánta libertad hay en una vida sometida a esa vigilancia?
Pensemos en la mujer que quiere terminar una relación y escucha:
“Pues vete”
Dos palabras que pueden ignorar todo lo que necesita para hacerlo: dinero, vivienda, cuidado para sus hijos, una red de apoyo y, en algunos casos, protección frente a amenazas.
Es fácil exigir valentía cuando otra persona enfrentará las consecuencias.
También es fácil preguntar por qué se quedó. Más difícil es revisar cuántas veces pidió ayuda y recibió como respuesta:
“Aguanta”, “Piensa en tus hijos”, “Todas las parejas tienen problemas”
Pensar en los hijos exige preguntarnos qué aprenden cuando ven a su madre humillada o amenazada.
Qué entenderán por amor.
Qué conductas podrían aceptar o repetir.
Y cuando alguien dice:
“No lo denuncies, le vas a arruinar la vida”, habría que preguntarle por qué le preocupa tanto el futuro de quien agrede y tan poco el presente de quien vive con miedo.
Esa pregunta alcanza a nuestras amistades, a nuestros parentescos y a nuestras lealtades.
¿Somos capaces de reconocer una conducta violenta cuando la ejerce alguien a quien queremos?
¿O empezamos a buscar explicaciones que nunca aceptaríamos si la víctima fuera nuestra hija?
También hay barreras cotidianas que suelen pasar inadvertidas.
¿Quién recoge la mesa?
¿Quién interrumpe su trabajo cuando alguien enferma?
¿Quién sabe qué medicamento falta, cuándo es la cita médica y qué necesita cada integrante de la familia?
¿Quién puede descansar sin sentirse culpable?
El tiempo determina las posibilidades de una vida.
Estudiar, trabajar, participar en política o construir un negocio requiere horas propias.
Cuando las tareas de cuidado recaen siempre en la misma persona, sus oportunidades se reducen.
Por eso la igualdad también se juega en la distribución de las responsabilidades.
Y se aprende desde la infancia.
El Día Internacional de la Niña, conmemorado el 11 de octubre, nos invita a reconocer sus derechos y los desafíos que enfrentan.
Unir esa fecha con el aniversario del sufragio nos obliga a mirar el país que les estamos dejando.
Podemos decirles que algún día podrán ser presidentas.
También debemos garantizarles condiciones para crecer y decidir su futuro.
¿Qué aprende una niña cuando su hermano puede salir y ella debe quedarse a servir?
¿Qué aprende cuando le dicen que no proteste, que sea amable, que abrace a alguien aunque no quiera?
¿Qué aprende cuando cuenta algo que le causa miedo y los adultos la desacreditan para evitar un conflicto?
Aprende cuánto vale su voz dentro de su propia casa.
Y esa primera experiencia puede marcar la manera en que después defienda sus derechos.
Escuchar a una niña exige atención y acciones responsables.
Su seguridad no puede depender de que su relato resulte cómodo para los adultos.
Tampoco podemos pedirles a las niñas que aspiren a grandes cosas mientras les enseñamos a abandonar sus necesidades para complacer a los demás.
La libertad necesita practicarse: respetar su negativa, permitirles preguntar, reconocer sus capacidades y acompañarlas cuando necesitan ayuda.
Las autoridades tienen obligaciones que deben cumplir.
Las familias y las comunidades tenemos conductas que debemos cambiar.
Cada responsabilidad debe exigirse en su lugar.
A usted que me escucha y me lee: quizá durante esta columna pensó en alguien.
En una mujer que dejó de visitar a su familia.
En una amiga que vive pendiente de no enojar a su pareja.
En una madre que sigue esperando noticias.
En una niña que ha intentado decir algo y no encuentra cómo.
Pregúntese qué necesita esa persona y qué está a su alcance hacer.
La reflexión debe convertirse en una conducta: escuchar, acompañar, compartir responsabilidades, dejar de justificar amenazas, exigir una respuesta.
Esta semana conmemoraremos una conquista que cambió nuestra historia. Hagámoslo con memoria y con honestidad.
Las mujeres ganamos el derecho a votar y a ser votadas.
También tenemos el derecho de exigir cuentas a quien gobierna, aunque sea mujer, aunque diga representarnos, aunque afirme que su llegada fue la llegada de todas.
Porque la ciudadanía se ejerce cuando apoyamos y cuando disentimos.
Cuando celebramos un avance y cuando señalamos lo que falta.
Presidenta:
¿Qué significa “llegamos todas” para las madres que siguen reclamando una audiencia?
¿Qué conlleva para las mujeres que necesitan protección y no la encuentran?
¿Cuándo podrán reconocer en su propia vida el triunfo que se anuncia en su nombre?
Y a nosotros nos corresponde preguntar:
Cuando una mujer dice que tiene miedo, ¿la ayudamos o le pedimos que aguante?
Cuando una niña rompe el silencio, ¿la protegemos o protegemos la comodidad de los adultos?
Cuando una autoridad falla, ¿le exigimos cuentas o buscamos una excusa porque pertenece a nuestro grupo?
Setenta y tres años después del reconocimiento del sufragio femenino, merecemos algo más que una celebración.
Merecemos que nuestra voz tenga consecuencias.
Que nuestras denuncias reciban respuesta. Que nuestras hijas puedan crecer seguras.
El poder debe mirar a las mujeres que siguen afuera.
Y antes de repetir que llegamos todas, debe responder una pregunta:
¿Por qué tantas siguen esperando que les abran la puerta?
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