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En el esquema que tienen los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la red criminal que se tejió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Número 2 es el general Audomaro Martínez, tabasqueño como él, y a quien conoció en los 80, cuando estaba asignado a la 30ª Zona Militar en Villahermosa. Para la siguiente década se volvió su inseparable, y en las campañas para gobernador y presidente, el general fue comisionado para su seguridad. Al llegar a la Presidencia, lo nombró director del Centro Nacional de Inteligencia, y construyeron un imperio del mal, dicho sin exageraciones, en el sentido político-criminal, de seguridad y diplomático.
Desde que el hoy secretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado, Christopher Landau, era embajador en México, hubo una protesta porque Martínez le había entregado las identidades de los agentes estadounidenses en México a la Embajada de Rusia y, ante el reclamo a López Obrador, el entonces presidente respondió, minimizando cínicamente, palabras más, palabras menos, que, de cualquier forma, ya se conocían todos. Esas quejas han prevalecido hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha permitido que la embajada rusa en México tenga un 20% de personal superior a sus necesidades, la mayor parte de ellos, acusan, espías.
Ese es un diferendo diplomático entre México y Estados Unidos que no se ha resuelto y corre paralelo a las investigaciones sobre las actividades criminales durante el sexenio de López Obrador. Noticias recientes que han llegado de Washington por la vía del enlace de la presidenta Sheinbaum para los temas delicados con Estados Unidos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch –sometido a un fuerte golpeteo últimamente por el ala dura de la ‘4T’, detonado por el prematuro destape a la candidatura presidencial que hizo el senador Manuel Velasco–, son alarmantes: testigos cooperantes –algunos de ellos entre los 92 mexicanos que desterró ilegalmente a Estados Unidos– involucraron directamente a Audomaro Martínez con el contrabando de combustible, una variante del huachicol clásico, pero mucho más redituable, que se inventó en el primer año del sexenio de López Obrador.
El nombre del general empezó a circular de manera general en la prensa mexicana hasta hace muy pocas semanas, al haber logrado estar fuera del escrutinio público durante muchos años, aunque la preocupación del general no era nueva. El año pasado, ante el temor de que el gobierno de Donald Trump buscara capturarlo en Canadá, regresó a México de un autoexilio en Vancouver, para afincarse en el sur del país, aunque sus ramificaciones empresariales están desde hace tiempo en Tamaulipas. Hermético y discreto, en México se sentía seguro por el blindaje institucional de la Presidencia, que ahora se encuentra preocupada por las noticias que le han llegado de Washington.
Más allá de la nueva información de la que disponen sobre él, en la red criminal que tienen los servicios de inteligencia estadounidenses identifican como el Número 1, el jefe, a López Obrador, quien como segundo tiene al general Martínez. Los subalternos, los Números 3 y 4, son el senador Adán Augusto López Hernández y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota. Después de ellos vienen varios secretarios de Estado y líderes de Morena, y más abajo, gobernadores y legisladores.
No se sabe si el general o personas cercanas a él tuvieron información del giro que estaba dando la investigación en Estados Unidos en su contra, pero llama la atención que el destape que hizo Velasco de García Harfuch como una figura atractiva en la sucesión presidencial de 2030 no tiene sentido, salvo el interés de buscar debilitarlo, descalificarlo y volver a cercar a la presidenta. Velasco no es uno de los admiradores de García Harfuch, como sí lo son otros de los dirigentes del Partido Verde, y trabaja coordinadamente con López Hernández, siguiendo su agenda y haciéndole muchas veces su trabajo sucio. Colocar a García Harfuch en medio del golpeteo lo distrae y, al venir la presión del grupo que controla a la ‘4T’ e influye sobre la presidenta, también puede neutralizarlo.
Las noticias del gobierno de Trump son preocupantes y provocaron inquietudes múltiples, porque la interpretación en las áreas de seguridad del gobierno es que probablemente se refieran a su conexión con el llamado “rey del huachicol”, Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco que financió ocho campañas de Morena para gobernador en 2021 y que fue asesinado a finales de ese año, por un sicario que, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, fue contratado por militares para ejecutarlo.
Carmona, de acuerdo con fuentes estadounidenses, era el enlace del general Martínez con todos los cárteles mexicanos, y, pocas semanas antes de ser asesinado, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia lo envió a reunirse en Puerto Vallarta con Audias Flores Silva, actualmente preso, que al ser abatido Rubén Nemesio Oseguera, se convirtió en el líder temporal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Carmona era el principal enlace del general con los diferentes cárteles, según las fuentes estadounidenses.
Si la interpretación de los funcionarios mexicanos es correcta y la información aportada por los testigos cooperantes se enfoca en el huachicol de la red de Carmona –que, aunque tiene vasos comunicantes, no es la misma en donde están vinculados altos mandos de la Marina, el Grupo Tabasco y el entorno de López Obrador–, el temor es que se desdoble hacia el entonces presidente de Morena, Mario Delgado; el actual diputado de Morena Pedro Haces; los exdirectores de Aduanas Ricardo Peralta y Horacio Duarte, actual secretario general de Gobierno en el Estado de México, y los abogados cercanos a ese grupo que presumían ser defensores de narcotraficantes, Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez.
El general Martínez es una persona clave en el entramado criminal construido durante el sexenio de López Obrador, presuntamente facilitando al crimen organizado participar del contrabando de combustible y del tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos, pero también por la cobertura que le dio a la inteligencia rusa y cubana en México, como fue detallado en un documento de 100 páginas que dio a conocer en julio el Departamento de Estado, en el que se ubica a México como una base estratégica del espionaje ruso en América Latina, que trabajan bajo la cobertura diplomática para recolectar información sobre Estados Unidos.
La alerta por el Número 2 es porque es la primera vez que hay un señalamiento específico sobre el general Martínez, sobre el cual sólo habían estado solicitando información aislada en los últimos meses.
Fuente: EL FINANCIERO.
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