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las universidades tienen ante sí un desafío: demostrar, con evidencia, qué conocimientos, habilidades y capacidades certifican realmente sus títulos.
Ochenta y cinco de cada cien empleos que crecerán en Estados Unidos durante la próxima década pedirán una credencial: un título, una licencia o una certificación. Es la estimación del McKinsey Global Institute en Workforce in motion, publicado en septiembre.
El dato parece una buena noticia para las universidades, que son las principales emisoras de credenciales. Pero el mismo reporte agrega un matiz que cambia la lectura: solo en 38 por ciento de esos empleos la credencial la exige la ley. En otro 47 por ciento nadie la obliga; el empleador simplemente la prefiere.
Y una preferencia, a diferencia de una ley, se puede cambiar.
En mi columna de la semana pasada, “¿Quién forma a quien forma?.”, sostuve que la inteligencia artificial está desarmando el primer empleo —el lugar donde tradicionalmente se formaba el juicio profesional— y que las universidades todavía no tienen el andamiaje para formar ese juicio antes de que el egresado llegue al mercado.
Una semana antes, en “El gobierno sí invirtió en inteligencia artificial. A las universidades públicas no les tocó nada.”, documenté que el Centro Público de Formación en IA ofrece un programa de cinco meses con doble certificación, gobierno e industria, que no necesita pasar por ninguna universidad.
La investigación de esta semana suma una pieza que conecta ambas: si el juicio se forma cada vez menos en el trabajo y la certificación se obtiene cada vez más fuera del aula, ¿qué certifica exactamente el título universitario?
El título todavía paga
Conviene desmontar primero la conclusión fácil: que la IA volverá obsoletos los títulos.
Los datos mexicanos no la sostienen. Según Compara Carreras 2026, que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó a finales de agosto con datos de la ENOE del Inegi, los egresados de educación superior ganan en promedio 74 por ciento más que quienes solo concluyeron el bachillerato, y enfrentan cerca de la mitad de su nivel de informalidad. En México, el título sigue siendo una de las mejores inversiones disponibles.
Pero el mismo estudio incorpora, por primera vez, una medición que deberíamos estar tomando en cuenta en todo el sector universitario: 54 por ciento de los profesionistas trabaja fuera de su campo de estudio, una proporción que no cambia con la edad ni con los años de experiencia.
El IMCO aclara, con razón, que eso no es necesariamente negativo: quien trabaja fuera de su campo aun así gana más que quien no estudió. Lo que el dato sí revela es que el título funciona mucho más como señal general —esta persona terminó algo difícil— que como evidencia de lo que el egresado sabe hacer.
Ahí está el punto débil. Una señal general resiste mientras nadie ofrezca una más precisa.
La inercia no es una estrategia
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo documentó en junio en A Skills-First Labour Market: en sus países miembros, el mercado laboral se desplaza de las credenciales como único criterio hacia las habilidades demostrables, porque el nivel educativo es un sustituto imperfecto de lo que una persona sabe.
El mismo informe contiene, sin embargo, un dato que matiza el entusiasmo: en Estados Unidos, menos de 4 por ciento de las vacantes que eliminaron el requisito de título terminó contratando a alguien sin él. Los empleadores dicen que ya no piden título, pero siguen contratando titulados.
Para la universidad, eso puede leerse como alivio. Yo lo leo como advertencia.
Si el título conserva su valor sobre todo por costumbre, y no porque demuestre algo que ninguna otra credencial demuestra, la ventaja durará exactamente lo que tarde el mercado en tener alternativas confiables.
Y esas alternativas ya existen: el propio reporte de McKinsey cita las rutas de certificación de Microsoft, Google, IBM y Oracle, y en México el Estado ya creó la suya.
Hay un dato del reporte que parecería contradecir lo que escribí la semana pasada, cuando afirmé que el mercado ya no premia la fluidez con la herramienta, sino el criterio para dirigirla. McKinsey encontró que, entre 2022 y 2026, las menciones de fluidez en IA en las vacantes publicadas en Estados Unidos se multiplicaron once veces.
El reporte, sin embargo, advierte que la fluidez no es un punto de llegada: la demanda de disposición a aprender, resiliencia, curiosidad y adaptabilidad también crece, pero más despacio, y sin esas capacidades se forma una fuerza laboral que sabe usar las herramientas de hoy, pero no adaptarse a las que vendrán.
La fluidez es lo que un curso de cinco meses puede certificar. Lo otro es lo que debería certificar una licenciatura.
México: donde la credencial pesa más
Nada de esto puede importarse tal cual: el análisis de McKinsey describe el mercado estadounidense.
Pero el reporte hace una observación que aplica a México con más fuerza que a Estados Unidos: donde la informalidad es alta, quien no tiene historial laboral documentado ni credenciales reconocidas difícilmente puede demostrar lo que sabe, sin importar su capacidad.
En el segundo trimestre de 2026, según el INEGI, la informalidad laboral alcanzó 55.1 por ciento de la población ocupada.
En un mercado así, la credencial formal es una de las pocas señales verificables que existen, y eso eleva la responsabilidad de quien la emite. En otro informe publicado en junio, la OCDE recomienda que los sistemas educativos reconozcan explícitamente las habilidades adquiridas fuera de los espacios formales y establezcan mecanismos para validarlas.
Para un país con más de la mitad de su fuerza laboral en la informalidad, esa recomendación no es un lujo técnico.
El problema es de velocidad. La OCDE señala que la educación sigue organizada en programas largos que se cursan una sola vez, al inicio de la vida. McKinsey propone lo contrario: diseñar la formación a partir de la ocupación destino, ofrecer credenciales modulares que se acumulen a lo largo de la carrera y reconocer aprendizajes previos.
En México, una universidad particular que quiere modificar un plan de estudios con RVOE debe pasar por los procedimientos del Acuerdo 17/11/17; una pública, por sus propios órganos colegiados. Ninguna de las dos rutas fue pensada para el ritmo que describe el reporte.
Lo que una universidad puede mostrar
La recomendación de McKinsey que más le conviene a las IES mexicanas es también la más sencilla: publicar resultados. Empleo, salario y trayectoria de los egresados, para que quien elige dónde estudiar pueda comparar.
En México, la herramienta pública más completa en ese sentido existe, pero la construye un centro de investigación a partir de una encuesta de hogares, y mide por carrera, no por institución.
El propio IMCO propone que la SEP publique cada año los informes de autoevaluación de las instituciones que participan en el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).
Frente a una certificación de cinco meses con sello corporativo, lo que una universidad no puede mostrar sobre sus egresados difícilmente podrá defenderlo.
Y eso empieza por un ejercicio anterior: saber en qué condición está la propia institución.
Este mes, las instituciones que participaron en el ICGU 2026 —el Índice Campus de Gobernanza Universitaria— reciben sus resultados individuales, y en noviembre se publicará el primer mapa sectorial. No es un ranking; es un espejo. En un mercado donde la ventaja del título depende cada vez menos de la costumbre y cada vez más de la evidencia, cada rector tendría que poder responder si su institución es capaz de demostrar lo que su título dice que certifica.
Fuente: Índice Político.
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