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consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, se gestó en Xalapa, en una de las reuniones que Rosario Robles Berlanga sostuvo con mujeres veracruzanas durante su recorrido por el estado.
Hoy ese planteamiento ya circula en los despachos de los principales liderazgos opositores del país.
Así me lo confirmó la propia Rosario en entrevista para esta columna: “Me la traje como una propuesta de todas las mujeres con las que tuve la oportunidad de reunirme”.
Desde entonces la ha colocado frente a cada dirigente partidista que ha tenido a su alcance, y en una segunda reunión en Xalapa se acordó algo más concreto: integrar un grupo que trabaje la parte jurídica para darle cauce formal.
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La pregunta es obligada, porque una iniciativa de este calibre sin padrinos en el Congreso es apenas un desahogo.
Rosario la ha presentado a Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI; con altas autoridades del PAN y tiene pendiente un encuentro con Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México, donde participan exconsejeros del propio INE, a quienes Robles considera “una voz muy calificada” para respaldar el planteamiento.
El expediente que la oposición pretende armar contra Taddei tiene varios capítulos: un INE que a su juicio actúa “flagrantemente a favor de Morena”; la negativa a inutilizar de antemano las boletas sobrantes, las llamadas “boletas planchadas”; la sustitución de funcionarios del órgano electoral por perfiles cercanos al partido en el poder, y la pasividad frente a las campañas anticipadas que, dice, el árbitro “no ha logrado ni siquiera cuestionar”. Su pronóstico es que, conforme se acerque 2027, veremos “acciones más contundentes”.
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Conviene poner los pies en la tierra. El juicio político tiene sustento en el Artículo 110 constitucional, que incluye expresamente a los consejeros electorales del INE entre los servidores públicos sujetos a este procedimiento.
La ruta es cuesta arriba, cierto, pues la acusación la debe aprobar la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, y la sanción exige dos terceras partes del Senado erigido en jurado de sentencia.
Con Morena y sus aliados en control de ambas cámaras, la probabilidad de que la destitución de Taddei prospere hoy es, siendo honestos, prácticamente nula.
-¿Para qué sirve entonces?-, para lo que sirven muchos juicios políticos en este país, para documentar, con nombre y apellido, la conducta de un servidor público y obligarlo a responder ante la opinión pública.
Un árbitro señalado formalmente llega a la elección bajo lupa, y hay una segunda lectura, si la oposición no logra ponerse de acuerdo ni siquiera para firmar una solicitud de juicio político, poco puede esperarse de la coalición común que Robles reclama para 2027.
El Plan Xalapa, en ese sentido, también es una prueba de unidad.
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Robles no habla en el vacío, desde el 18 de marzo coordina la red ciudadana de defensa del voto; el juicio contra Taddei es apenas una pieza.
La apuesta de fondo es una red ciudadana de defensa del voto con dos objetivos explícitos: arrebatarle a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados —“que no nos sigan destruyendo nuestra Constitución”, dice— y ganar gubernaturas para demostrar que al oficialismo se le puede vencer en las urnas. En Veracruz, donde en 2027 se renovarán las diputaciones federales y el Congreso local, el tema no es abstracto.
Robles se ha reunido con organizaciones que durante años se han dedicado a la observación electoral y trabaja en un encuentro nacional que las agrupe —todavía no es un hecho, admite— para que la dispersión actual se convierta en “una sola voz, una sola fuerza”.
El próximo lunes sostendrá una reunión con organizaciones de todo el país, y anunció que en los próximos días darán a conocer una plataforma para que los ciudadanos se inscriban como defensores del voto.
Su diagnóstico cabe en una frase: “Sin las actas no vamos a poder defender los votos”.
Los riesgos que enumera los hemos visto de cerca, los acordeones de la elección judicial, el acarreo atribuido a los servidores de la nación y la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Todo ello, sumado a un árbitro que, en su visión, ha dejado de serlo.
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En nuestra conversación anterior cuando estuvo en Xalapa, Rosario reconoció que tenía miedo, pero que era más grande su amor por México.
Ahora fue cuestionada si, tras encabezar una campaña abiertamente contra Morena, había recibido amenazas.
“Abiertas, no”…, pero relata una presión que lleva años: su única cuenta bancaria fue congelada en 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera y, pese al litigio y a que ya no tiene ninguna causa legal pendiente, pues fue absuelta y liberada en 2023, la cuenta sigue bloqueada.
“El monto es lo de menos, unos 20 mil pesos”, lo grave, explica, es que no tiene derecho a una cuenta bancaria, no puede cobrar el ahorro de toda su vida en el ISSSTE ni realizar operación alguna.
La paradoja que señala es incómoda, pues dice “a los suyos (a Morena), no se las congelan pese a señalamientos directos, hasta que interviene alguna autoridad estadunidense”.
Si no hay causa pendiente, mantener a una ciudadana sin acceso al sistema bancario es un exceso que debería preocupar a cualquiera, simpatice o no con ella, el uso de la UIF como instrumento de acoso político es un precedente que, tarde o temprano, puede alcanzar a todos los que no simpaticen con el régimen.
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El llamado final de Rosario Robles tiene dos tareas: votar contra Morena en 2027, idealmente bajo una coalición opositora de frente común, y cuidar las casillas el día de la elección, tarea que ella califica de “patriótica”.
El juicio político contra Guadalupe Taddei difícilmente prosperará en San Lázaro. Pero la propuesta que salió de Xalapa ya logró algo: poner al árbitro electoral en el centro de la conversación rumbo a 2027.
Lo que falta saber es si la oposición tendrá la disciplina para convertir la indignación en representantes de casilla y actas firmadas, porque las elecciones no se ganan en las conferencias de prensa; se defienden, una por una, en cada casilla.
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Los reclamos contra el árbitro no son exclusivos de Robles; Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, acaba de sumar un capítulo que bien podría anexarse al expediente contra Taddei.
El INE notificó a Moreira que debía borrar un “reposteo” que hizo de una publicación de su dirigente y retirar el “me gusta” que le dio.
“El INE ya no es ese organismo encargado de la defensa de la democracia. Ahora es algo parecido a la Inquisición”. Y lanzó la pregunta: “¿A dónde hemos llegado en este país?”.
Anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, si es necesario, ante tribunales internacionales, porque —ironizó— “espero que no le moleste a Morena, (que) este país tenga firmados convenios para poder acudir a estas instancias cuando acá no hay justicia”.
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Su argumento de fondo coincide con el de Rosario: un INE que debe organizar elecciones, garantizar que sean limpias y que no las contamine el crimen organizado, está “preocupado por lo que uno sube en sus cuentas de redes sociales”, metiéndose “en la vida de todo mundo en lugar de garantizar la democracia”.
Su conclusión es la más dura de todas: el país, dice, va “caminando, por desgracia, a la dictadura”.
Para quienes impulsan el juicio político, este episodio es oro puro, la imagen de un árbitro que vigila los likes mientras, voltea la cara ante las campañas anticipadas.
Rosario Robles concluye con una frase lapidaria y llena de valentía, “tendrían que matarme para quitarme de en medio y quitar mi voz, pero no lo van a lograr”.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
Fuente: Índice Político.
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