Noticia publicada a las 02:00 am 30/09/26

Por: Sergio Sarmiento.

“Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. Andrés Manuel López Obrador, 1.12.2018

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, emitió el sábado un mensaje a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: “Desde la Secretaría de Gobernación reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres,

con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes”.
La verdad, sin embargo, ya la conocemos: minuto a minuto sabemos lo que pasó en Iguala y en Cocula, pero el Gobierno no quiere aceptarlo.
Un grupo de 109 normalistas, la mayoría de primer grado, llegaron a Iguala el 26 de septiembre en dos autobuses tomados y secuestraron ahí otros tres para trasladarse a la Ciudad de México y participar en las manifestaciones del 2 de octubre.
Guerreros Unidos, la banda criminal, sabía de la llegada de los normalistas y sospechaba que iban entre ellos miembros de los Rojos, un grupo rival. “Omar García”, en realidad Manuel Vázquez Arellano, actual diputado federal por Morena, era hermano de Narciso, un integrante de “Los Rojos” asesinado el 1 de junio de 2014.
“El Chereje”, de Guerreros Unidos, identificó como Rojo a Bernardo Flores Alcaraz, “El Cochiloco”, el líder a cuyo cargo iban los normalistas. César Nava, subdirector de la policía de Cocula, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, de Guerreros Unidos, comentaron sobre la identificación de “Omar García” como Rojo.
Los policías de Iguala detuvieron violentamente a decenas de normalistas, aunque otros lograron escapar. El Ejército no participó en las detenciones, pero elementos del 27 batallón de infantería tuvieron conocimiento de la comisión de delitos y no actuaron.
Los normalistas fueron entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos y trasladados a Cocula, donde por lo menos, algunos fueron quemados en el basurero municipal.
El padre Alejandro Solalinde declaró en varias entrevistas: “Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos. Les pusieron diésel”.
Ha habido una conspiración para ocultar lo sucedido, pero viene de los líderes de Ayotzinapa, que exigieron al padre Solalinde dejar de hablar sobre la quema de los estudiantes.
Muchos de los participantes en los crímenes confesaron, pero sus abogados, apoyados por los de Ayotzinapa y el GIEI, un grupo politizado de investigadores, sostuvieron que habían sido torturados.
Aunque había muchas pruebas de su participación además de las confesiones, el fiscal especial de López Obrador, Omar Gómez Trejo, exmiembro del GIEI, no presentó las pruebas supervenientes para mantenerlos en la cárcel. Un juez de Tamaulipas liberó a 120 acusados, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la mayoría no habían sido torturados.
Algunos, como “El Gil”, fueron reaprehendidos, pero por delincuencia organizada y no por el asesinato de los normalistas. Legalmente, los crímenes de Iguala y Cocula quedaron impunes.
Ahora, en lugar de perseguir a los asesinos, el gobierno se ha lanzado contra quienes investigaron el caso y detuvieron a los responsables. El exprocurador Jesús Murillo Karam ha sido acusado de “desaparición forzada” porque presentó una hipótesis legal, la “verdad histórica”, que es aún la más sólida.
El Gobierno no puede seguir diciendo que tiene un compromiso con la justicia y la verdad cuando se niega a aceptar las pruebas.
La CNDH pidió a la FGR en su recomendación 15VG/2018 que someta algunos de los restos humanos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan a un examen genético, pero la FGR no lo ha hecho, porque esto podría confirmar que los normalistas fueron quemados ahí. Y la FGR no quiere que se conozca la verdad.

Independencia
El acta de independencia de México se firmó el 28 de septiembre de 1821. Si el nuestro fuera un país respetuoso de la historia, hoy celebraríamos nuestra independencia.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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