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La defensa de la soberanía nacional y el rechazo al intervencionismo de Estados Unidos se han vuelto un cliché. No obstante, siguen dando réditos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que mantiene una aprobación estable en los 60 altos, de acuerdo con la última encuesta de aprobación de El Financiero, aunque la forma en que maneja la seguridad y el combate al crimen organizado tiene las peores evaluaciones. La palabra de Sheinbaum, se puede decir, tiene blindada su imagen. Hasta cuándo, no lo sabe nadie, porque la protección está pegada con saliva.
El control que tiene sobre muchos medios le ayuda a mantener impoluta su imagen. Los voceros oficialistas incrustados en medios comerciales, disfrazados de periodistas independientes, ayudan a diseminar un mensaje de normalización y el recordatorio de que todo viene del pasado, sanitizando al régimen obradorista. No obstante, hay un deterioro, que se nota porque varias de las plumas al servicio de la ‘4T’ empezaron a tomar distancia de sus patrones en las últimas semanas. También le ha ayudado a Sheinbaum el debilitamiento de las expectativas de quienes quisieran que Estados Unidos actuara urgentemente contra los cárteles y los narcopolíticos, porque al no entender que los tiempos en Washington no son los de la Ciudad de México, contribuyen al fortalecimiento de la idea de que funciona su “cabeza fría”.
Un funcionario estadounidense explicaba las razones por las que su gobierno ha sido lento en aplicarle sus leyes a algunas figuras de Morena que han colaborado con el crimen organizado y con sus “enemigos foráneos”, como deslizó el presidente Donald Trump en su discurso de esta semana ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una es para mantener apuntalada a Sheinbaum, a quien ven débil dentro del movimiento de la ‘4T’ y sin muchos márgenes de maniobra frente a las estructuras de poder real de Morena. “No queremos que caiga”, agregó, haciendo eco de algunos sectores radicales que quieren impulsar la revocación de mandato para un relevo. “La necesitamos por la cooperación de seguridad”.
Pero esto no significa que en Washington le hayan bajado el calor a la hornilla en la que se encuentra la presidenta. En solo los últimos 10 días, se dio la llamada telefónica que sostuvo con Trump el miércoles de la semana pasada, en la que, además de comercio, hablaron de los narcopolíticos, algo que no le gustó a la presidenta, que reaccionó con un discurso en Culiacán el fin de semana, con más víscera que razón, acusando a Estados Unidos de haber provocado la violencia en Sinaloa por la captura de Ismael El Mayo Zambada, sin darse cuenta de que, probablemente de manera involuntaria, estaba mostrando las bondades criminales de la pax narca.
El mensaje fue apuntalado el domingo pasado por Sara Carter, la zarina de las drogas de la Casa Blanca, en una entrevista con N+ Univisión, y fue retomado una vez más por Trump en su discurso en Naciones Unidas. El remate del último apretón fue el discurso del embajador Ron Johnson este miércoles, cuando aplaudió la defensa de la soberanía y su oposición al intervencionismo, pero planteó que también deben extenderse los mismos principios contra el crimen organizado.
El cliché presidencial, en este nuevo contexto, hace agua por la realidad en la que ha vivido el país en los últimos años.
Esta semana el INEGI dio a conocer la Encuesta Intercensal 2025, en la que reveló que un millón 600 mil personas tuvieron que cambiar de residencia entre 2020 y el año pasado, por la violencia y la inseguridad. Los resultados no le gustaron a la presidenta, que pidió que se revisara la encuesta y que se metieran a ver las preguntas, que fue una proyección freudiana de lo que practica su equipo estratégico, encabezado por Iván Silva, que con su pool de encuestadoras manipula las preguntas, el orden en el que se hacen, los reactivos y los puntos donde se levanten, para que la aprobación presidencial siempre salga alrededor del 70 por ciento.
Como la realidad no le gusta a la presidenta, quiere cambiar la realidad para que su relato no muestre los hoyos que cada vez se ven más. Pero el terreno se vuelve cada vez más empinado.
Al finalizar la semana, el INEGI dio a conocer los datos de la inflación, que mostraron el incontenible aumento de precios de la cebolla que, entre enero y septiembre de este año, pasó de un rango por kilo de 25 a 32 pesos, a otro de 41 a 70. Aunque el incremento en el precio puede deberse a diversos factores –como el clima–, la violencia es una variable insalvable: la cebolla se cultiva principalmente en Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Baja California y Michoacán, que son parte del puñado de estados con mayor incidencia criminal.
El sector agrícola es uno donde el gobierno federal ha perdido soberanía ante el intervencionismo de los cárteles en los sectores productivos y los mercados. Los sectores productivos afectados más publicitados son el aguacatero y el limonero en Michoacán, mientras que la intervención en los mercados, alterando la distribución, comercialización y los precios de los productos, se ha dado en Chilpancingo y en San Cristóbal de las Casas. Hay otros sectores en donde el Estado, para efectos prácticos, ha claudicado, como el de la construcción, donde Valle de Bravo se ha convertido en uno de los puntos más distópicos del país.
A la presidenta le irrita que digan en Estados Unidos que México está controlado por los cárteles de las drogas, desde el martes, equiparados con la organización terrorista del Estado Islámico. Su mejor respuesta, dicha con ironía, fue decir que es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas, y que tiene tanta producción de armas. Aunque las dos afirmaciones son ciertas, tienen una medida contrafactual: la epidemia de salud por el fentanilo que vive Estados Unidos desde 2019 se potenció por el tráfico ilegal desde México (más del 90% del total) que hacían Los Chapitos, tolerado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y las armas entran por las aduanas mexicanas, donde tres de los últimos cuatro titulares, están investigados por colusión con los cárteles.
Es absolutamente correcto, política e históricamente, defender la soberanía y rechazar la intervención extranjera. Pero es totalmente incorrecto, moral, política e históricamente, ceder soberanía a los cárteles y tolerar que intervengan abiertamente en política, elecciones y economía. Esto, presidenta, no es un cliché.
Fuente: EL FINANCIERO.
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