Noticia publicada a las 01:56 am 28/09/26

Por: Edmundo Velázquez.

De acuerdo con lo denunciado por su familia, doña Estela pasó dos horas continuas sin el oxígeno del que dependía para respirar. Durante la audiencia tampoco lo tuvo, y el juez tuvo que intervenir cuando la mujer, de 86 años, comenzó a desvanecerse. De todo esto hay videos.
Si esos registros confirman lo denunciado, ninguna explicación institucional genérica alcanzará.

Habrá que responder por decisiones concretas: quién retiró o interrumpió el suministro, quién lo permitió y quién presenció el deterioro sin actuar a tiempo.
Una orden de aprehensión no borra la condición médica de nadie. Tampoco convierte la atención a esa condición en una cortesía de los agentes o de los funcionarios.
Pensemos en la escena: una señora de 86 años ve cómo elementos del Ejército y de la Fiscalía rompen la chapa de su casa, entran con lujo de violencia y se la llevan detenida, lejos de su silla de ruedas y de su oxígeno. Quienes la conocían aseguran que de ese golpe ya no se recuperó.
La familia sostiene que detrás de ese operativo desproporcionado estuvieron la petición y la influencia de Olga Romero —o Mónica Caballero—, y que aquel episodio marcó el inicio de la debacle en la salud de doña Estela. Ambas cosas deben investigarse: la posible intervención política y las consecuencias médicas del trato recibido.
Pero esa exigencia de rigor también alcanza a la Fiscalía. Tendrá que explicar, con documentos, cómo actuó, qué sabía sobre la salud de la detenida y qué hizo para proteger su integridad. El expediente no puede servir de escondite frente a las preguntas sobre la ejecución del operativo.
Miguel Ángel Celis, hijo de doña Estela, evalúa los mecanismos legales para exigir responsabilidades. Los videos, la grabación de la audiencia y la documentación médica deberán permitir reconstruir lo ocurrido minuto a minuto.
Olga Romero también tiene que responder al señalamiento. Su posición partidista hace especialmente relevante esclarecer si hubo gestiones, interlocutores o presiones. Y quienes, en su caso, hayan actuado para complacerla deberán responder por sus propias decisiones.
Porque llama la atención la suerte de la dirigente. Sus “asuntos” legales parecen volverse de interés estatal, las órdenes de aprehensión salen en cuestión de horas y, según se cuenta en los pasillos judiciales, hay carpetas integradas con poco sustento o con copias de copias.
El punto es brutalmente sencillo: ninguna disputa por dinero justifica poner en riesgo a una persona bajo custodia.
Doña Estela murió.
Determinar la causa de su muerte corresponde a la evidencia médica. Explicar cómo fue tratada corresponde a las autoridades que la tuvieron bajo su responsabilidad.
Y hay otra pregunta que más de uno en el gobierno y en su partido tendría que hacerse:
¿Hasta cuándo sostener a una dirigente que parece mirar solo por sus intereses personales?
¿Hasta cuándo el aparato del Estado se prestará para sus pleitos, a costa del Estado de derecho?
El duelo no les concede silencio.
Les exige respuestas.
central.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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