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De unos años para acá, concretamente de 2018 a la fecha, los mexicanos hemos visto una acentuada caída de nuestra independencia. Ahora está de moda afirmar que hemos perdido nuestra soberanía. Para efectos políticos es lo mismo. La independencia económica, nadie de los que vivimos la conoció. Algunos afirman que quedan algunos restos, insignificantes, si se quiere.
Desde que asumieron el poder los morenistas, por negligencia de las autoridades nacionales, que llega a los límites de la complicidad, los mexicanos perdimos nuestra seguridad jurídica; las autoridades, su independencia para investigar por sí delitos; y la policía, el poder de perseguir a delincuentes. En 2024, por acción de los mismos morenistas, perdimos también nuestro Poder Judicial: la posibilidad de que jueces mexicanos independientes y conocedores juzguen.
Como si hubiéramos dejado de ser un país soberano, se nos ordena juzgar a un numeroso contingente de mexicanos. El mandato del imperio es terminante, nos ordena:
“‘Esto incluye exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país’, advirtió la administración Trump.” (El Heraldo de México, 17 de septiembre de 2026).
A eso que hizo la administración del presidente Trump, cuando menos en mi tierra, se le llama dar órdenes; y el que las autoridades mexicanas procedan a arrestar y procesar a alguno de los delincuentes, por donde se le vea, se llama obedecer y someterse, es decir: aceptar que México no es soberano; todo lo contrario: que estamos para acatar las órdenes que nos da una autoridad extranjera.
En el pasado las peticiones provenientes del imperio eran corteses. Ahora, pese a decirnos soberanos, recibimos órdenes; éstas son tajantes y perentorias. Nuestras autoridades, tan celosas defensoras de nuestra soberanía, son las únicas y directas responsables del cambio. Ellas, en su momento, no atendieron el requerimiento amable; con su negativa dieron lugar a que se emitiera una auténtica orden.
Sólo nos falta saber hasta qué grado la administración de la señora Sheinbaum está dispuesta a acatar la orden. En principio, es de suponerse que, pese a todos los indicios, la obediencia pudiera no comprender el enjuiciamiento de: AMLO, los amlitos y de sus familiares. Antes, se entregaría la señora Sheinbaum a las autoridades norteamericanas para ser juzgada, que extraditarlos. Los miembros del gabinete, salvo prueba en contrario, pudieran estar a resguardo de la acción ordenada por la administración del señor Trump.
Para bajarle presión al problema y aparentar que se obedeció la orden, la presidenta pudiera ordenar a la señora Ernestina Godoy, nuestra independiente fiscal general de la República, finja proceder penalmente contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y el resto de los requeridos hace unos meses, salvo los que se han entregado voluntariamente; se aparentaría que se les abren juicios y, en caso extremo, mientras bajan las presiones y pasan las elecciones en el país del norte, se les internará en una prisión en la que gocen de todas las comodidades.
En cuestiones de índole penal la negligencia de la FGR y la falta de independencia de los tribunales mexicanos han llevado a que las cuestiones importantes sean los tribunales de EU los que conozcan de los procesos en los que son juzgados mexicanos por delitos cometidos contra las leyes penales mexicanas y que tienen repercusiones en los intereses norteamericanos.
En el contexto actual, son las autoridades de EU las que determinarán quién no puede ser candidato para ocupar un cargo de elección popular en México. Hasta este momento esas autoridades no han tenido a bien asumir la función de decirnos quién sí. Lo que ya es una ganancia. Es cosa de tiempo y de negligencia de las autoridades mexicanas para que lo hagan. La diputación y la inmunidad de Amlito están, como se decía antes, sobre el lomo de un venado, es decir: en veremos
Hasta ahora el concepto soberanía había sido útil para no juzgar a quienes Estados Unidos consideran como posibles delincuentes. Ha dejado de serlo. Ha llegado el momento de juzgarlos realmente o de entregarlos sin excusa.
Anteriormente, antes de que las cosas se complicaran para el señor Trump, las circunstancias permitían prever que se hubiera conformado con que el gobierno de México le saliera con una apariencia de juicio; los tiempos han cambiado. Aparentar no es suficiente. El señor Trump necesita acreditar ante sus electores que tiene imperio y que sabe utilizarlo.
En estos momentos, demostrar firmeza, convencería a muchos electores indecisos cuyos votos son necesarios para asegurar a su partido el mayor número de curules en el Congreso y gubernaturas. No va a ceder en sus exigencias.
Para el caso de que el gobierno de México siga renuente y se niegue a entregar los indiciados que se le requieren, es de esperarse que comandos, tipo de los que actuaron en Venezuela o en Sinaloa, penetren en el territorio nacional y, con orden de detención en mano o no, sustraiga a los indiciados que más le sean útiles. Esta circunstancia sería mortal para Morena y para la presidenta Sheinbaum, tan nacionalista.
Como en México las leyes no se cumplen, hasta este momento la independencia legislativa no nos ha sido arrebatada. Eso explica el cúmulo de reformas a la Constitución y a las leyes que regularmente aprueba el Congreso de la Unión.
Sin saber mucho de la materia, me atrevería a decir que, en mi humilde opinión, la mejor defensa de nuestra soberanía se logra con hechos: hacer que las instituciones funcionen libre y adecuadamente: que la Fiscalía, por sí y de manera autónoma investigue y ejerza la acción penal contra quienes resulten responsables de delitos, sin importar que se trate de AMLO, los amlitos, de la exfamilia presidencial o de los amigos y socios de ellos.
Por lo pronto, para bajarle presión al requerimiento, debe entregar al resto de los diez que quedan: que se vayan a radicar a EU durante una larga temporada: Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y demás requeridos. En el caso nada le valdrá el que alegue que Inzunza goza de inmunidad. Con ella o sin ella debe entregarlo.
Como están las cosas, la noche del 15 de septiembre, la presidenta Sheinbaum, debió haber gritado: “Que viva la impunidad y que muera nuestra soberanía”.
Fuente: Proceso.
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