Noticia publicada a las 02:27 am 24/09/26

Por: Jorge Romero Herrera.

La pregunta siempre ha sido otra: ¿para qué nos endeudamos, ¿cuánto nos cuesta y qué estamos dejando a cambio?
Hay cifras que pueden perderse entre cientos de páginas, porcentajes, estimaciones y cuadros del Paquete Económico recién presentado por el oficialismo. Otras, por su tamaño y por lo que significan para el futuro del país,

nos obligan a detenernos. Una de ellas es la deuda pública que para 2027 ascendería a alrededor de 21.66 billones de pesos. En 2018 ese saldo era de 10.55 billones. Es decir, en apenas nueve años prácticamente se habrá duplicado.
No partimos de la idea simplista de que toda deuda es mala. Sería absurdo. Los gobiernos necesitan financiamiento y, bien utilizado, puede servir para construir infraestructura, ampliar capacidades productivas, generar empleos y dejarle al país activos que duren décadas. La pregunta siempre ha sido otra: ¿para qué nos endeudamos, cuánto nos cuesta y qué estamos dejando a cambio?
Esa es precisamente nuestra preocupación con el Paquete Económico 2027.
El gobierno sostiene que sigue una ruta de responsabilidad fiscal. Hacienda plantea reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público de 4.1 por ciento del PIB en 2026 a 3.9 por ciento en 2027. Es un dato que debe reconocerse. Pero, al mismo tiempo, el saldo acumulado de la deuda seguirá creciendo y alcanzará el 55 por ciento del PIB. Dicho de manera sencilla: se prevé necesitar un poco menos de financiamiento nuevo, pero la deuda que México carga sobre los hombros será mayor.
Ese contraste importa porque las finanzas públicas no pueden analizarse únicamente por lo que se pide prestado durante un año. Hay que mirar cuánto debemos en total y, sobre todo, cuánto nos cuesta esa deuda.
Para 2027 se contemplan aproximadamente 1.575 billones de pesos tan solo para el costo financiero: intereses, comisiones y otros gastos asociados a la deuda. Cerca de 15 de cada 100 pesos del gasto público se destinarán a ese concepto. No son recursos para abrir hospitales, construir escuelas, mejorar carreteras, llevar agua a comunidades o fortalecer policías. Son recursos comprometidos por decisiones financieras acumuladas. Ahí los números dejan de ser una discusión entre economistas y empiezan a tocar la vida diaria de millones de familias.
Cada peso destinado al costo financiero deja de estar disponible para otra necesidad. En 2027, de acuerdo con el análisis del paquete, ese costo será de 1.575 billones de pesos, mientras que la inversión física pública rondará 1.02 billones. Será el quinto año consecutivo en que el costo financiero supere la inversión física. Ese es el tamaño del problema.
México necesita crecer, construir infraestructura e invertir. Necesitamos agua, energía suficiente, mejores carreteras, hospitales que funcionen, escuelas dignas y condiciones para que una pequeña empresa pueda abrir y contratar gente. Sin embargo, estamos destinando más recursos al costo financiero de la deuda que a la inversión física pública.
Todo esto ocurre mientras la economía sigue creciendo poco. Hacienda proyecta para 2027 un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, después de haber previsto meses atrás un rango de 1.9 a 2.9 por ciento. Es decir, el propio Gobierno redujo su expectativa de crecimiento mientras aumentó sus previsiones de gasto y déficit respecto de los Pre-Criterios. Esa combinación merece explicaciones.
Gastar más puede estar plenamente justificado cuando ese gasto ayuda a que el país produzca más mañana. Lo preocupante es gastar más, acumular más obligaciones y no generar al mismo tiempo las condiciones suficientes para crecer. El problema no es únicamente cuánto dinero sale del presupuesto, sino qué capacidad estamos construyendo con él.
Tampoco planteamos abandonar los programas sociales. Hay millones de mexicanas y mexicanos que necesitan esos apoyos y deben recibirlos. Una discusión seria no debería enfrentar a quienes reciben una pensión con quienes necesitan una carretera, una escuela o un hospital. El reto de cualquier gobierno responsable es hacer compatibles ambas cosas y garantizar que las obligaciones de hoy tengan sustento mañana. Para lograrlo hay que crecer.
No podemos acostumbrarnos a financiar cada vez más compromisos permanentes con una economía que avanza lentamente. Tampoco podemos normalizar que el pago de intereses le quite espacio presupuestal a las prioridades del país. Una política social verdaderamente sostenible necesita una economía fuerte, inversión, empleos formales, productividad y empresas que puedan crecer.
Desde Acción Nacional vamos a revisar el Paquete Económico con esa lógica. No basta con que las cifras cuadren en una hoja de cálculo ni con afirmar que la deuda es sostenible. Queremos saber qué recibe México a cambio de cada peso de endeudamiento y cómo se piensa recuperar margen presupuestal para los próximos años.
El Gobierno habla de responsabilidad fiscal. Esa responsabilidad debe demostrarse con resultados: menos déficit, mejor gasto, mayor inversión productiva y una ruta creíble para contener la deuda.
Endeudarse es sencillo cuando la cuenta se deja a quienes vienen después.
Gobernar responsablemente exige entender que el presupuesto de un año no termina el 31 de diciembre. Las decisiones que hoy se toman seguirán pesando durante años y, probablemente, durante generaciones.
La pregunta, entonces, no es solo cuánto vamos a gastar el próximo año.
La pregunta que importa es qué país estamos construyendo con ese dinero y qué factura estamos dejando a quienes vienen detrás.

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

[Regresar a la página principal]