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Existe una rebelión en las bases de Morena, algunas públicas y otras todavía soterradas, contra la dirigencia del partido por haber manipulado y realizado negociaciones oscuras para beneficios personales. Las dos personas que están en el centro de los señalamientos son Citlalli Hernández, presidenta del Comité de Elecciones de Morena, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Ambos, además de ambiciones y protección futura, comparten la lealtad con el jefe político del movimiento, Andrés Manuel López Obrador.
Los conflictos que se viven dentro del partido en el poder han sido posibles por la falta de liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha permitido que fuerzas internas de Morena actúen por encima de sus prioridades y decisiones previas. Una de ellas, relevante para el proceso de las candidaturas, para que su secretario particular, Carlos Augusto Morales, secretario de Gobernación de facto, y el jefe de Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas, intervinieran en el proceso de selección de candidatos, naufragó porque Hernández los avasalló y tejió alianzas para ajustar los intereses presidenciales a los suyos.
En la penumbra de las cañerías, en donde le gusta operar agazapado detrás de otras personas, Ramírez Cuevas está jugando uno de los papeles más desleales con la presidenta en el controvertido proceso de Morena para sacar adelante sus candidaturas. Fuentes del partido lo ubican como el organizador de la revuelta de las bases contra el proceso por la opacidad y las divisiones que provocó en varios estados. Pero su actuar no es como el de alguien preocupado por el equilibrio y la justa competencia de los aspirantes, sino algo mucho más mezquino. Dos objetivos, según las fuentes de Morena, son los que persigue.
El primero tiene que ver con el interés personal que tiene en Tlaxcala, donde el ala dura de Morena, encabezada por él, respalda a la senadora Ana Lilia Rivera, una política con larga trayectoria dentro de la izquierda social, que participó como delegada en la Convención Democrática del EZLN en 1994, donde fortaleció su relación con Ramírez Cuevas, que servía como uno de los operadores del movimiento zapatista bajo su cobertura de periodista. En Tlaxcala está del lado de la presidenta, que originalmente respaldaba a la senadora, aunque ha dejado campo abierto que permite la defensa de intereses particulares, como el de su estratega electoral, Iván Silva, que junto con el senador Adán Augusto López apoya al alcalde con licencia de la capital, Alfonso Sánchez García, hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya.
Operadores políticos de Morena señalaron que la revuelta interna que está alimentando Ramírez Cuevas busca que el dedazo en Tlaxcala cambie de destinataria, apoyándose en que Sánchez García no ha podido superar en las encuestas a Rivera, que cuenta también con el apoyo de la diputada Dolores Padierna, que junto con su esposo René Bejarano –mentor político de Ariadna Montiel, presidenta de Morena–, tiene una fuerte presencia en la disputada alcaldía Cuauhtémoc, y del senador Gerardo Fernández Noroña, que ha roto lanzas contra los liderazgos de Morena, convirtiéndose en una figura incómoda y disruptiva para los nodos de poder en el partido.
Pero hay una segunda variable en el interés mezquino de Ramírez Cuevas, de acuerdo con la información interna, y es una diputación plurinominal para blindarse políticamente de un mal desenlace del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, bajo investigación en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. La relación de Ramírez Cuevas con Villarreal es muy estrecha, y de acuerdo con los expedientes que se están armando en Estados Unidos y con expedientes en México, el exvocero de López Obrador y colaborador cercano de Sheinbaum también está involucrado en la red criminal del empresario Sergio Carmona, que financió ocho campañas para gobernador y otros cargos de elección popular en 2021, cuyo dinero en efectivo entregaba al funcionario federal en un departamento en Polanco.
Si cae Villarreal, es altamente probable que Ramírez Cuevas sea formado en la fila de políticos para ser acusados por la justicia estadounidense. El exvocero de López Obrador tiene cuentas pendientes por todos lados y una pésima imagen en los medios de comunicación, al haber sido el arquitecto de todos los ataques contra periodistas y medios durante los últimos ocho años, y responsable de armar una legión de periodistas a sueldo para reforzar el linchamiento de los críticos del régimen.
Sin embargo, el caso públicamente más escandaloso es Zacatecas. La petición de Sheinbaum fue que se apoyara a la senadora Verónica Díaz, como un acuerdo con el diputado Ricardo Monreal que, a cambio de evitar que su hermano Saúl Monreal buscara la candidatura del PT, al limitarlo la norma contra el nepotismo y provocar una fractura, le regalaron el derecho de poner candidata. Escogió a su excuñada, madre de dos de sus sobrinos, en un nepotismo disfrazado donde Hernández encontró también espacio para negociar directamente con Monreal.
Citlalli Hernández hizo hasta lo impensable por sacar adelante a Díaz, tras tejer un acuerdo colateral con Monreal: su apoyo en la alcaldía Cuauhtémoc, por la que le dijo la presidenta competiría el próximo año. Hernández, que no tiene bases de apoyo en esa alcaldía, se esmeró por ganarse todos los favores de Monreal, que la gobernó. Su primera gran decisión fue que, contra lo que se había anunciado, no se daría a conocer ningún resultado de las encuestas, ni la metodología. Un argumento del oficialismo era para evitar heridas que no pudieran cicatrizar, pero lo que pasó fue lo opuesto.
La candidatura debió haber quedado en manos del diputado Ulises Mejía, quien nunca dejó de estar por arriba de todos sus adversarios en las encuestas. Incluso dos semanas antes de que le dijeran que la senadora Verónica Díaz lo había derrotado por 15 puntos, él la superaba, en la encuesta hecha por la misma empresa, por más de 20 puntos. Citlalli Hernández no reveló la encuestadora que realizó la medición –a la que obligaron a hacer trampa–, ni tampoco cómo quedaron los resultados. Tampoco difundieron los datos y la metodología que habían prometido dar a conocer, por decisión de la propia encargada del proceso. La protesta legítima llevó a Hernández a declarar la semana pasada que, si fuera necesario rehacer una encuesta para generar certidumbre, no le veía ningún problema. Salvo que así lo exigiera Sheinbaum, apostarán a que se diluya el conflicto con el tiempo.
Fuente: EL FINANCIERO.
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