El presupuesto se divide en gasto programable y no programable. Este último incluye compromisos ineludibles: deuda, participaciones y obligaciones financieras
El Paquete Económico es el instrumento con el que el Estado mexicano define cada año su política fiscal. Para la mayoría de los ciudadanos, es un laberinto de cifras,
pero conviene explicarlo con claridad. Hacienda fija los criterios generales de política económica y, a partir de ellos, determina cuánto se va a gastar y cómo se distribuirá el presupuesto. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobarlo, aunque en la práctica su margen es mínimo: un partido hegemónico y la dependencia técnica de la Secretaría reducen la discusión a simples ajustes. La Cámara termina siendo una oficialía de partes que valida lo que ya viene decidido desde el Ejecutivo.
El presupuesto se divide en gasto programable y no programable. Este último incluye compromisos ineludibles: deuda, participaciones y obligaciones financieras. Para 2027, el gasto no programable absorberá cerca de 30% del presupuesto, una carga rígida que limita cualquier debate sobre prioridades nacionales. El gasto corriente tampoco cede: supera los 6.2 billones de pesos, casi 60% del total, lo que evidencia que la operación cotidiana del gobierno consume la mayor parte de los recursos mientras la inversión productiva avanza con freno de mano.
La Ley de Ingresos define de dónde saldrá el dinero para financiar ese gasto: impuestos, derechos, aprovechamientos y deuda.
En este entramado fiscal, la Auditoría Superior de la Federación juega un papel crucial: es la institución encargada de revisar cómo se gastó cada peso aprobado. La ASF revela año con año desviaciones y anomalías que muestran que el problema no es sólo cuánto se presupuesta, sino cómo se ejecuta. Sin una fiscalización fuerte y consecuencias claras, el Paquete Económico corre el riesgo de convertirse en un ejercicio contable sin garantías de eficiencia.
Los programas sociales mantienen su peso político y presupuestal: más de 1.02 billones de pesos, equivalentes a 9.6% del gasto federal. En contraste, la inversión física —la infraestructura que debería transformar al país— apenas alcanza 1.02 billones, menos del 10% del presupuesto. Sólo uno de cada diez pesos se destina a trenes, carreteras, puertos, energía o agua. El discurso de transformación estructural se estrella contra una realidad fiscal que privilegia gasto corriente sobre inversión y deja a México con una capacidad limitada para construir futuro.
La estrechez fiscal es evidente: el presupuesto federal equivale apenas a 26% del PIB, una proporción insuficiente para sostener las ambiciones de un país que intenta mover una economía de casi 40 billones de pesos con un gasto público relativamente pequeño. A ello se suma un déficit que se reduce más lento de lo prometido: Hacienda proyectaba bajarlo a 3.5% del PIB en 2027, pero el Paquete Económico reconoce que sólo llegará a 3.9%. Las presiones estructurales —pensiones, participaciones y costo financiero de la deuda— siguen marcando el límite real de la política fiscal.
En resumen, la cobija no alcanza. México enfrenta el choque entre un modelo global nacido del neoliberalismo y el modelo de prosperidad compartida que el gobierno intenta impulsar. Mientras no se resuelva esa tensión, seguiremos pateando el bote hacia adelante en un escenario de incertidumbre y desgaste económico.
