Noticia publicada a las 02:25 am 06/09/26

Por: Darío Celis.

Mientras el Congreso se prepara para abrir un nuevo periodo ordinario de sesiones, en el sector privado hay una preocupación que crece al mismo ritmo que la incertidumbre: la confianza para invertir se encuentra en uno de sus momentos más bajos.
De acuerdo con la más reciente medición de DataCoparmex, apenas 23% de los empresarios considera que hoy existen condiciones favorables para invertir en México.

Detrás de esa cifra hay una advertencia que el Poder Legislativo no debería ignorar.
Por esa razón, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que preside Juan José Sierra Álvarez, ha puesto sobre la mesa una exigencia puntual: que las reformas que serán discutidas durante los próximos meses privilegien el análisis técnico, el diálogo con el sector productivo y la construcción de acuerdos que fortalezcan la certeza jurídica.
La preocupación del organismo empresarial tiene fundamento. La agenda legislativa incluye iniciativas que impactarán directamente la inversión, la competitividad, la innovación y el empleo formal. Desde el Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027 hasta las reformas en materia judicial, ambiental, inteligencia artificial y propiedad intelectual, prácticamente no existe sector productivo que no vaya a verse afectado.
Para la Coparmex, uno de los principales riesgos es que algunas modificaciones terminen generando cargas regulatorias adicionales en un momento en que el país necesita precisamente lo contrario. El nearshoring sigue representando una oportunidad histórica para México, pero ningún inversionista toma decisiones de largo plazo cuando las reglas pueden cambiar constantemente o quedar sujetas a interpretaciones discrecionales.
El caso más evidente aparece en la propuesta de reforma a la Ley de Inversión Extranjera. El organismo patronal ha advertido que establecer nuevos controles, ampliar facultades de revisión o endurecer sanciones podría enviar señales equivocadas a los mercados internacionales justo cuando el país compite por atraer capitales que buscan relocalizar operaciones en Norteamérica.
Algo similar ocurre con la discusión de las reformas ambientales. La Coparmex no cuestiona la necesidad de fortalecer la protección ecológica. Lo que plantea es que cualquier modificación debe construirse con criterios técnicos, procesos transparentes y mecanismos que eviten la sobrerregulación.
La misma lógica aplica para la regulación de la Inteligencia Artificial, los derechos de autor, los seguros para Mipymes y las reformas secundarias derivadas de la transformación judicial. En todos los casos, el organismo insiste en que legislar implica evaluar costos, prever impactos y asegurar que las obligaciones que se generan sean viables para quienes producen y generan empleo.
Juan José Sierra ha sido claro: México necesita recuperar la confianza para invertir.
La responsabilidad ahora está del lado de los legisladores. Porque las leyes no sólo ordenan la vida pública. También determinan el apetito de inversión, la generación de empleo y la competitividad del país. Y cuando la confianza escasea, cada reforma cuenta.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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