Noticia publicada a las 02:31 am 31/08/26

Por: Darío Celis.

América Latina lleva décadas buscando una fórmula para crecer más rápido, generar mejores empleos y reducir la pobreza. Sin embargo, los resultados siguen siendo modestos. El problema ya no es identificar las causas. El problema es que la región continúa postergando las decisiones necesarias para resolverlas.

El Informe de Impacto 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo vuelve a poner sobre la mesa una realidad difícil de ignorar: mientras otras regiones aceleraron su productividad y construyeron ecosistemas favorables para la inversión, América Latina sigue cargando con informalidad, baja innovación, marcos regulatorios complejos y escasa competitividad. El resultado es un crecimiento económico insuficiente para cerrar las brechas de desarrollo que persisten desde hace décadas.
Lo relevante del documento no son únicamente los números reportados por el BID. Sí, 36 millones de personas recibieron acceso a servicios de salud y nutrición; casi 12 millones mejoraron su acceso al agua potable; 11 millones obtuvieron conectividad digital y se movilizaron cerca de 20 mil millones de dólares en financiamiento de terceros. Son avances importantes que muestran capacidad de ejecución y alcance regional.
El organismo reconoce que la región enfrenta una combinación compleja de vulnerabilidades fiscales, bajo crecimiento de la productividad y una limitada capacidad para atraer inversión a gran escala. La deuda pública restringe el margen de maniobra de muchos gobiernos y las previsiones económicas siguen lejos de lo que se necesita para transformar de fondo las condiciones sociales.
En ese contexto, el BID parece haber asumido una conclusión que durante años generó resistencias ideológicas en varios países latinoamericanos: el sector privado no puede ser un actor secundario en la estrategia de desarrollo.
Detrás de esta visión está Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha colocado al crecimiento económico y a la inversión privada en el centro de la agenda regional. Bajo su conducción, el organismo impulsa una transformación institucional que busca aumentar su capacidad financiera y movilizar recursos que podrían alcanzar los 500 mil millones de dólares durante la próxima década para respaldar infraestructura, innovación, productividad y desarrollo sostenible en América Latina.
Por eso resulta relevante el lanzamiento de LAC Crece, una iniciativa diseñada para coordinar reformas públicas con inversión privada y detonar proyectos en infraestructura, energía, turismo, financiamiento y desarrollo productivo. La apuesta consiste en movilizar capital y acelerar la productividad, no únicamente aumentar el gasto gubernamental.
El fenómeno del nearshoring abrió una ventana histórica. Sin embargo, la relocalización de empresas no se traducirá automáticamente en prosperidad. Se requieren carreteras, puertos, energía suficiente, infraestructura hídrica, conectividad digital y capital humano preparado para atender nuevas industrias. Sin esos elementos, la oportunidad puede terminar diluyéndose entre cuellos de botella que ya comienzan a ser visibles.
Lo que plantea Goldfajn y su equipo en el BID es una discusión de largo plazo. No se trata únicamente de atraer inversión extranjera ni de anunciar obras emblemáticas. Se trata de elevar la productividad de las empresas, facilitar el acceso al crédito para las MIPYMES y construir instituciones capaces de sostener las políticas más allá de los ciclos electorales.
La región ha dedicado demasiado tiempo a discutir cómo distribuir la riqueza existente. El desafío ahora es generar más riqueza.

MÉXICO QUIERE ganar espacio en una de las industrias más estratégicas de la próxima década. Durante una visita a Arizona, Marcelo Ebrard fortaleció los vínculos con uno de los principales ecosistemas de semiconductores de Estados Unidos mediante acuerdos con la Universidad Estatal de Arizona y reuniones con empresas como TSMC, Intel y ASM. La apuesta va más allá de atraer inversiones: busca desarrollar talento, fortalecer cadenas de suministro y aumentar la participación mexicana en la manufactura tecnológica de Norteamérica. Arizona se ha convertido en un nodo clave para la industria de chips y México pretende integrarse más profundamente a ese ecosistema. El movimiento coincide con los esfuerzos de Washington por regionalizar cadenas de valor y reducir su dependencia de Asia. La oportunidad está sobre la mesa. El desafío será traducirla en plantas, empleos especializados y mayor contenido tecnológico hecho en México.

LAS AEROLÍNEAS mexicanas atraviesan un año más complejo de lo previsto. Analistas de PCR Verum advierten que compañías como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus enfrentan presiones por el aumento en los precios de los combustibles derivado de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y por una demanda que no alcanzó las expectativas generadas por el Mundial de Futbol. La calificadora considera que la rentabilidad del sector seguirá limitada durante el resto de 2026, mientras las empresas buscan equilibrar costos, tarifas y disponibilidad de flota. El entorno obliga a las aerolíneas a operar con márgenes más estrechos y a cuidar cada decisión comercial. PCR Verum ve una recuperación gradual hacia 2027, apoyada por una mayor actividad económica y la ampliación de infraestructura aeroportuaria.

LA REGULACIÓN de los pagos electrónicos sigue en revisión. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Ángel Cabrera Mendoza, y el Banco de México (Banxico), gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, ajustaron su propuesta para reducir las cuotas de intercambio que se cobran en las operaciones con tarjetas, luego de que el planteamiento original encontrara resistencia entre participantes del sector financiero. El objetivo de las autoridades es abaratar los costos de aceptación de tarjetas y fomentar una mayor adopción de pagos electrónicos en el país. Sin embargo, la discusión ha puesto sobre la mesa el delicado equilibrio entre incentivar la competencia y preservar los incentivos económicos de emisores, adquirentes y procesadores. La revisión del proyecto demuestra que el regulador está dispuesto a escuchar las observaciones de la industria.

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