Noticia publicada a las 12:30 am 17/08/26

Por: Lorena Piñón Rivera.

El artículo 13 de la Convención es categórico: toda restricción a la libertad de expresión debe ser excepcional, estar prevista en ley con precisión.
Los "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias", que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones supuestamente somete a consulta pública, no son un trámite técnico menor.

Vistos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, representan una ampliación peligrosa del aparato regulatorio hacia espacios que hasta hoy habían permanecido libres de intervención estatal.
El artículo 13 de la Convención es categórico: toda restricción a la libertad de expresión debe ser excepcional, estar prevista en ley con precisión y ser estrictamente necesaria. No basta con que una autoridad diga que regula "en beneficio de las audiencias" la propia Corte Interamericana ha sido clara en que la vaguedad normativa abre la puerta a la censura indirecta, porque permite que el regulador decida caso por caso a quién le aplica la norma y a quién no.
Y aquí está el problema de fondo. Los Lineamientos definen a la "Programadora" como cualquier persona física o moral que tenga la capacidad de conformar un canal de programación, y clasifican como "Televisión y/o Audio de Paga" a los servicios restringidos que se prestan mediante contraprestación. YouTube encaja exactamente en ese doble supuesto.
Su capa gratuita es, hoy por hoy, el servicio de transmisión más accesible que existe en México, pero YouTube también ofrece YouTube Premium, una suscripción de paga. Esa sola circunstancia basta, bajo la lógica de los Lineamientos, para que la plataforma completa quede encuadrada como un servicio de Audio y Televisión de Paga. Y si la plataforma encuadra, cualquier canal que suba contenido a ella, sea o no premium, es susceptible de ser visto a través de esa capa de pago, lo que arrastra a todos los creadores hacia el mismo régimen de obligaciones.
La consecuencia práctica es enorme. Un canal de opinión, un noticiero independiente o un simple comentarista político que sube sus videos a YouTube, sin cobrar un peso ni tener concesión alguna, quedaría obligado a contar con Código de Ética registrado ante la Comisión, a designar una Persona Defensora de Audiencias, a someterse a procedimientos de queja y, en última instancia, a un régimen sancionador que puede alcanzar hasta el uno por ciento de sus ingresos.
Eso no es proteger a las audiencias, es imponer a un creador independiente la misma carga regulatoria que hoy pesa sobre una televisora con espectro concesionado, sin que exista entre ambos la más mínima equivalencia de recursos, estructura o capacidad de cumplimiento.
Lo verdaderamente delicado es a quién termina afectando esto en los hechos. En los últimos años, muchos críticos del gobierno, periodistas independientes y analistas que no encuentran espacio en los medios tradicionales han hecho de YouTube su principal, y en ocasiones única, vía para exponer sus programas de opinión.
Es ahí donde se han refugiado las voces que señalan corrupción, cuestionan decisiones oficiales o simplemente ofrecen una narrativa distinta a la del poder. Someter precisamente a esos canales a un aparato de vigilancia, códigos de ética supervisados por el Estado y amenaza de sanción económica no es una coincidencia regulatoria menor, es el mecanismo perfecto para desincentivar la crítica sin necesidad de censurar un solo video de manera directa.
El brazo autoritario tendrá la llave para silenciar a plataformas consolidadas de Youtube como Etcétera de Marco Levario; Latinus con Brozo, Loret y Claudio; Atypical de Alazraki; la Saga de Adela Micha y la larga lista que incluye nombres como López Doriga, Ricardo Alemán, Laura Brugés y centenares de comunicadores con proyección nacional y estatal.
La Convención Americana no exige que el Estado se abstenga de censurar solamente en el papel; exige que ninguna autoridad tenga, siquiera potencialmente, la capacidad de intimidar a quien piensa distinto. Extender el régimen de audiencias a YouTube bajo el pretexto de la suscripción premium no fortalece derecho alguno. Fortalece al regulador, y debilita, uno por uno, a los espacios que le quedaban a la sociedad para hablar sin pedir permiso.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
X: @lorenapignon_

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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