Noticia publicada a las 02:07 am 16/08/26

Por: Juan Antonio García Villa.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta pública por un periodo de 20 días hábiles una propuesta de “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”.
El pasado 24 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta pública por un periodo de 20 días hábiles una propuesta de “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”.

Las audiencias a las que se refiere son a las de radioescuchas y televidentes, tanto de la televisión abierta y radio como de la televisión y audio de paga. Hasta ahora, entre quienes han opinado en los medios (no precisamente en el portal oficial), se observa un abrumador rechazo a tal propuesta.
En efecto, en diversos tonos y con diferentes énfasis, quienes han expresado su punto de vista sobre el tema, sin ambigüedad ni reticencias, han dado la voz de alerta. Llama la atención la (casi) unanimidad en la desaprobación de tal propuesta por parte de los opinantes y editorialistas de mayor renombre.
Como bien lo ha señalado más de uno de los analistas, el desacuerdo no es con respecto a tal o cual disposición contenida en la propuesta de lineamientos, toda vez que en lo general sólo hacen referencia a figuras y previsiones ya contenidas en la ley de la materia, publicada apenas el 16 de julio del año pasado (y curiosamente muy similar a la legislación anterior al obradorato), sino que, analizadas en su conjunto, tales propuestas despiden un fuerte tufo a censura, prohibida por la Constitución (aunque en el caso más bien lo que aparentemente se pretende es presionar hacia la autocensura, que quizá es peor) y a elementos que claramente configuran un marco persecutorio.
Un punto clave de la propuesta es el contenido en el artículo 12 del proyecto, que a la letra dice: “Las Concesionarias de Televisión Abierta y Radio, así como las del servicio de Televisión y/o Audio de Paga o las Programadoras, adoptarán las medidas necesarias para no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”.
El problema no está en que los concesionarios de radio y televisión adopten las medidas necesarias o pertinentes para no divulgar información falsa o descontextualizada, sino en quién va a definir cuándo una información es falsa o verdadera, así como quién va a determinar si está fuera de contexto para presentarla como si fuera actual.
¿Quiere decir lo anterior, entre otras cosas, por ejemplo, que queda prohibido, so pena de incurrir en infracciones y sus consecuentes fuertes sanciones económicas, todo ejercicio de comparación histórica? De antemano sabemos a quiénes molestarán este tipo de análisis y ejercicios comparativos, y saldrán con el cuento de que la información está descontextualizada.
Al menos en los últimos ocho años, las audiencias de la radio y la televisión en nuestro país se han visto ultrajadas en su derecho a recibir información fidedigna y veraz por ese inagotable pozo difusor de falsedades y mentiras que son las llamadas “mañaneras”.
La propuesta de lineamientos no contiene previsión alguna sobre este punto, no obstante que una contabilidad minuciosa llevada a cabo por un experto durante los seis años de López Obrador computó alrededor de 100 mil mentiras dichas y transmitidas impunemente a través de la radio y la televisión durante ese periodo.
¿Cómo es entonces posible que tales lineamientos no contengan medida alguna con relación a ese ejercicio cotidiano, no sólo de falsedades, sino de ataques y calumnias? Debe estar contemplado tal ejercicio de las “mañaneras”, en la medida en que de hecho es el principal acto diario de gobierno. Pero obviamente, como corresponde a la naturaleza autocrática del actual régimen, se pretende que esta enorme fábrica de mentiras permanezca intocada. ¿Y los derechos de las audiencias?
¿Cómo es posible que un concesionario (en el caso, más bien, licenciatario) sea el responsable de la difusión de información falsa cuando en realidad quien la divulga no es él, sino el propio presidente de la República? Y en este caso, ¿qué puede hacer el Defensor de las Audiencias? Nada, absolutamente nada.
Por si alguien tuviera duda de lo arriba señalado, baste recordar las numerosas ocasiones en las que López Obrador, y la cosa no ha cambiado sustancialmente después de él, con el evidente propósito de mentir y engañar, acudió al fácil recurso de “yo tengo otros datos”, desmintiendo incluso información y estadísticas oficiales, técnicamente elaboradas, del propio gobierno. Obviamente, esta propuesta de lineamientos no debe ser aceptada.

Fuente: EL FINANCIERO.

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