Noticia publicada a las 04:29 am 15/08/26

Por: Alejandra Del Río.

Hay algo profundamente preocupante, cuando un gobierno comienza a discutir menos las ideas y más el derecho de los ciudadanos a expresarlas. La historia demuestra que las democracias no mueren únicamente con golpes de Estado o con tanques en las calles. También pueden erosionarse lentamente,

cuando la crítica deja de ser un derecho para convertirse en una conducta perseguida, cada vez más la temperatura política de nuestro país sube con las disposiciones y arbitrariedades de los miembros de esa secta en la que se ha convertido el partido en el poder y las políticas públicas que implementan a través del gobierno actual, para seguir a pies y juntillas los designios de López Obrador.
La reciente polémica generada por las declaraciones de la exdirigente nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, en torno al artículo 61 de la Constitución, abre un debate mucho más profundo que una confrontación entre adversarios políticos. Lo que realmente está en juego es el alcance de la libertad de expresión y de la inmunidad parlamentaria como pilares del sistema democrático mexicano.
Alejandro Moreno Presidente del PRI, fue contundente al responder que “el artículo 61 de la Constitución establece con absoluta claridad que, como Senador de la República, las opiniones que manifieste son inviolables y jamás podrán ser objeto de reconvención”. No se trata de una interpretación creativa ni de un vacío legal. Es un principio constitucional diseñado precisamente para evitar que el poder utilice mecanismos administrativos, judiciales o políticos para silenciar a quienes ejercen la representación popular, hacia dentro del poder legislativo, son parte de esas garantías que les da el famoso fuero constitucional.
Resulta inquietante que invocar un derecho constitucional pueda calificarse de “mañoso”. Si ejercer una garantía prevista expresamente por la Constitución es considerado un acto de mala fe, entonces el problema ya no radica en quien la invoca, sino en quien pretende descalificar el propio texto constitucional y digamos que Luisa Alcalde Luján no ha sido una aliada de las garantías en este país.
La libertad de expresión nunca fue concebida para proteger únicamente los discursos cómodos o políticamente correctos. Su verdadera razón de ser consiste en resguardar precisamente aquellas opiniones que incomodan al poder. Cuando una democracia comienza a decidir qué palabras pueden pronunciarse y cuáles deben ser retiradas por resultar ofensivas para el gobierno, deja de proteger derechos para empezar a administrar silencios.
En ese contexto, también merece atención otro de los señalamientos realizados por Moreno cuando afirma que “las falsas consultas pretenden decidir supuestamente en nombre del derecho de las audiencias, cuando en realidad buscan someter la libertad de los ciudadanos a los intereses del poder”. Más allá de la dureza de la crítica, el planteamiento obliga a formular una pregunta indispensable: ¿quién determina qué información merece conocer la sociedad? Y si nos vamos más allá ¡Quién decidió que el dichoso Derecho de las audiencias tenga mas peso que las garantías individuales?
Si bien en lo político muchos tenemos la idea de que será dificilísimo mover el peso de MORENA en las elecciones del próximo año al congreso, en los hechos, nos están demostrando lo difícil que ellos ven el conservar su tramposa mayoría en las cámaras, porque los morenistas parecen cada día más preocupados por controlar todos los factores, que pueden pesar sobre la elección… hasta la opinión.
Las democracias maduras parten de un principio sencillo: los ciudadanos no necesitan que el Estado filtre previamente las opiniones para decidir qué creer. La respuesta frente a una expresión que se considera equivocada nunca ha sido la censura; siempre ha sido más información, más debate y más argumentos; en el último de los casos si como tanto lo promueven fueran poseedores de la verdad universal, no tendrían problema en demostrar con los hechos que todas las declaraciones de la oposición en relación a que están coludidos con el crimen organizado, son equívocas y a establecer a través de los hechos, empezando por… digamos la entrega de los 10 funcionarios sinaloenses señalados por los Estados Unidos y que tanto se empeña el gobierno por proteger, porque no hay tal liga con los narcos.
Por ello resulta especialmente delicado observar una tendencia creciente a utilizar órganos administrativos, resoluciones judiciales o figuras regulatorias para intervenir en el debate político. Bajo el argumento de combatir la desinformación, los discursos de odio o proteger determinados derechos, poco a poco se normaliza la intervención institucional sobre el contenido del discurso público.
La historia ofrece demasiados ejemplos de gobiernos que comenzaron regulando palabras para terminar regulando conciencias.
Naturalmente, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Como cualquier garantía constitucional, encuentra límites cuando vulnera derechos fundamentales de terceros, constituye una amenaza directa o configura conductas tipificadas por la ley. Pero esos límites deben aplicarse con criterios estrictos, nunca con motivaciones políticas ni con la intención de proteger la imagen del gobierno en turno.
La democracia supone aceptar que los gobernantes serán cuestionados, criticados e incluso severamente confrontados. Ese costo forma parte del ejercicio del poder. Pretender reducir el debate público mediante mecanismos de presión institucional no fortalece la democracia; la debilita.
Alejandro Moreno sostiene que “la gente tiene derecho a conocer la verdad y a decidir por cuenta propia, no conforme al capricho de un régimen”. Más allá de las posiciones partidistas, ese principio debería ser compartido por cualquier demócrata. Porque una ciudadanía libre no necesita tutores ideológicos, ni libros de texto a modo, ni sanciones por pronunciar lo que por impronunciable hoy es trending topic de todas las redes sociales, el ya maldito termino de “Narcogobierno” que se utiliza a diestra y siniestra en el círculo rojo de nuestro país para calificar a nuestros gobernantes; Lo que se necesita es información plural para formar su propio juicio.
Cuando un gobierno comienza a sentirse incómodo frente a determinadas palabras, el problema rara vez son las palabras. Generalmente es la realidad que esas palabras describen.
México enfrenta desafíos enormes: inseguridad, violencia, corrupción, rezago económico y una profunda polarización social. Ninguno de esos problemas desaparecerá limitando el lenguaje de la oposición o intentando convertir el debate político en un terreno donde sólo una narrativa resulte aceptable, mucho menos tratando de acallar a la opinión pública y a las redes sociales.
La Constitución fue escrita precisamente para impedir que el poder decida quién puede hablar y quién debe callar. Defender el artículo 61 no significa respaldar a un partido o a un senador en particular. Significa defender el principio de que ningún gobierno debe tener la facultad de castigar las opiniones políticas expresadas por quienes representan a la ciudadanía.
Porque cuando la censura deja de perseguir únicamente a los adversarios, tarde o temprano termina alcanzando a todos y hoy todos estamos en peligro de ser silenciados.
Y cuando eso ocurre, ya no se discute únicamente sobre libertad de expresión. Se discute sobre la salud misma de nuestra democracia y sobre cuanto estamos dispuestos a aceptar sin un verdadero levantamiento social.

Fuente: Índice Político.

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