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la seguridad nacional estadounidense y la persecución extraterritorial del narcotráfico.
El punto de inflexión fue la decisión de Washington de definir a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La administración Trump ha construido alrededor de esa decisión una estrategia que combina inteligencia, sanciones financieras, persecución judicial, restricciones migratorias y presión diplomática. La Casa Blanca sostiene que los cárteles constituyen una amenaza para su seguridad nacional y que utilizará todos los instrumentos económicos, diplomáticos, de inteligencia y militares necesarios para debilitarlos.
Esto cambia radicalmente el problema para el gobierno mexicano. Una cosa es enfrentar al narcotráfico como un problema interno de seguridad pública. Otra, muy distinta, es que Washington considere que funcionarios, policías, empresarios y políticos mexicanos forman parte de las redes de protección de las organizaciones que Estados Unidos considera una amenaza terrorista.
El caso Rubén Rocha Moya constituye, hasta ahora, el ejemplo más explosivo. El Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de delitos relacionados con narcotráfico y armas, alegando que colaboraron con el Cártel de Sinaloa y con la facción de Los Chapitos. La propia fiscalía estadounidense advierte que se trata de acusaciones, por lo que todos los imputados conservan aún la presunción de inocencia.
La importancia política del caso no reside solamente en Rocha. Reside en el precedente: Washington ha demostrado que está dispuesto a judicializar directamente a un gobernador mexicano en funciones. Ahí aparece el miedo.
No necesariamente miedo a una invasión o a una acción militar. Es un miedo mucho más sofisticado: miedo a la información que posee Estados Unidos, a las investigaciones financieras, a las acusaciones judiciales, a la cancelación de visas, a las sanciones y, eventualmente, a las extradiciones.
Durante décadas se construyó en México una relación simbiótica entre política, gobiernos locales, policías y organizaciones criminales. Desde el ascenso de Morena al poder, el narcotráfico pasó de ser una actividad clandestina tolerada selectivamente a convertirse, en determinadas regiones, en el poder económico, territorial y político dominante.
La novedad actual es que Estados Unidos está dispuesto a descubrir y revelar esas relaciones mediante inteligencia financiera, escuchas, informantes, operaciones encubiertas, testimonios de narcotraficantes detenidos y cooperación con agencias mexicanas.
La acusación contra Rocha es significativa porque presenta el caso de este orden, donde una organización criminal no solamente traficaba drogas, sino que intervenía en la política, en las elecciones y obtenía la promesa de protección estatal.
Dado que el gobierno mexicano defiende automáticamente a todos los funcionarios señalados, transmite el mensaje que su prioridad es proteger al narco político en vez de esclarecer los hechos.
Pero si entrega o abandona rápidamente a un funcionario acusado por Estados Unidos, abre otro problema. Transmite el mensaje al interior del partido que podría entregar hasta sus más importantes miembros a la justicia estadounidense, tocando incluso la puerta del ex presidente. El efecto interno de esa acción sería demoledor para la continuidad del proyecto político. Además, puede sugerir que la soberanía mexicana está subordinada a Washington.
Por eso su respuesta inevitablemente oscila entre dos polos: soberanía y cooperación. Ahí reside la paradoja que enfrenta Sheinbaum. Dado que no puede escoger solamente uno de los dos polos, tampoco puede reunirse con el Presidente de Estados Unidos cara a cara en la Oficina Oval, porque estaría obligada a definirse por uno de ellos.
Necesita preservar la relación con Trump porque México depende de Estados Unidos comercialmente, financieramente y en materia de seguridad. Pero simultáneamente necesita impedir que la lucha contra el narcotráfico se convierta en un mecanismo mediante el cual Washington determine quién puede, o no puede, gobernar México.
Eso explica sus conductas contradictorias: colaboración en seguridad, entrega de objetivos criminales, intercambio de información y, al mismo tiempo, insistencia pública en la soberanía mexicana, entiéndase la negativa a entregar a la justicia estadounidense a los políticos morenistas acusados de ser narco políticos.
En este contexto, las elecciones de 2027 significarán mucho más que elecciones legislativas. Definirá el futuro inmediato y mediato de la relación entre las dos naciones.
Y aquí aparece una cuestión fundamental: Estados Unidos no necesita intervenir en las elecciones mexicanas para influir decisivamente en ellas. Le basta con producir información.
Una acusación judicial contra un gobernador. Una investigación financiera. La cancelación de visas de funcionarios. La publicación de documentos incriminatorios. La identificación de cuentas. Una declaración de la DEA. Un testimonio de un narcotraficante extraditado.
Tienen un arsenal que puede derrumbar un gobierno sin un tiro de artillería. Cada suceso puede convertirse en un acontecimiento electoral. La reciente decisión estadounidense de restringir visas a 65 personas relacionadas con el CJNG —sin revelar públicamente sus nombres— demuestra precisamente el poder de esa herramienta. El gobierno estadounidense se reservó incluso la posibilidad de que entre los sancionados existan funcionarios o integrantes de cuerpos de seguridad mexicanos.
Crece la incertidumbre dentro de la clase política mexicana. Sus integrantes, funcionarios, políticos y militares, se preguntan: ¿qué sabe Washington sobre mí? Y ésa es sin duda alguna una de las formas más poderosas de fomentar el miedo político. Un expediente puede destruir una candidatura, una gubernatura, una carrera política o una coalición. Y también puede derrumbar un gobierno.
El miedo que permea las acciones del gobierno de Sheinbaum abre tres escenarios para México rumbo a las elecciones del 2027.
Primer escenario: contención. Sheinbaum consigue profundizar la cooperación con Washington, en desdén de algunos miembros de su partido/gobierno, mientras Estados Unidos concentra sus acciones contra las organizaciones criminales y evita convertir las acusaciones en una campaña general contra Morena. En este escenario, el oficialismo puede llegar a 2027 todavía fuerte.
Segundo escenario: ruptura. México se niega a cooperar con Washington y éste presenta nuevos casos contra políticos nacionales, gobernadores, alcaldes, legisladores y operadores regionales. Entonces la elección de 2027 se convierte en un referéndum sobre la relación entre Morena y el crimen organizado. Bastaría con una sucesión de casos comprobados para construir en la opinión pública mexicana la asociación política entre Morena, poder territorial y narcotráfico. Bajo este supuesto, Morena se debilitará electoralmente, hasta probablemente perder el control político que actualmente detenta.
Tercer escenario: radicalización. El gobierno mexicano decide que las acciones estadounidenses han cruzado una línea intolerable y responde con una política de confrontación, incluyendo un discurso político radicalizado proveniente de sitios como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Lenia Batres como su presidente. Podría convertirse en un poderoso instrumento de movilización nacionalista para Morena, pero también tendría altísimos e imprevisibles costos políticos, económicos y diplomáticos para México hacia el futuro.
Si simultáneamente aparecen problemas comerciales, inversiones detenidas, sanciones financieras o conflictos relacionados con el T-MEC, la ecuación negativa se profundiza. Entonces la oposición podría argumentar que el problema no es Washington, sino la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar crecimiento económico, seguridad jurídica y controlar al crimen organizado.
Y ése puede ser el elemento más novedoso de la política mexicana rumbo al 2027: la frontera entre seguridad, justicia, inteligencia y política electoral será cada vez más difícil de distinguir. Abre el escenario donde el miedo yace en la raíz de la toma de decisiones.
¿Cuál de estos escenarios escogerá Sheinbaum, Morena y el líder del movimiento? La respuesta determinará no sólo el régimen político que resulte de las elecciones del 2027, sino la naturaleza misma de la relación entre México y Estados Unidos durante la segunda mitad del sexenio de Sheinbaum.
ricardopascoe@hotmail.com
@enelfilo_mx
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
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