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Al anunciar nuevas acusaciones contra la dirigencia del CJNG y recompensas superiores a 100 millones de dólares, la DEA afirmó que integrantes del gobierno mexicano protegen a sus líderes y facilitan sus operaciones. La gravedad del mensaje está en su advertencia de que quien en México utilice un cargo público para favorecer a esas organizaciones, podrá ser considerado parte de la estructura operativa del cártel
Algo cambió en el lenguaje de Estados Unidos frente a los cárteles mexicanos. Desde la sede central del Departamento de Justicia, en Washington, la administración de Donald Trump anunció este miércoles una nueva ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero la parte más delicada de la conferencia ocurrió cuando el administrador de la DEA, Terry Cole, dejó de hablar exclusivamente de capos, sicarios y narcotraficantes y dirigió su advertencia hacia quienes los protegen desde posiciones de poder.
Cole fue bastante más lejos de lo que suelen llegar las declaraciones diplomáticas sobre corrupción en México. Afirmó que el CJNG conserva parte de su poder mediante la violencia y la corrupción y sostuvo que esa red incluye a “integrantes del gobierno mexicano” que protegen a sus dirigentes de la acción de la justicia y facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. No proporcionó nombres ni identificó dependencias, pero la acusación, aun con esa ausencia, quedó formulada públicamente por el jefe de una de las principales agencias estadounidenses encargadas de combatir las drogas.
Y ese matiz sí importa, porque durante décadas Washington ha denunciado la corrupción asociada al narcotráfico mexicano y ha procesado incluso a antiguos servidores públicos. Lo que apareció ahora es una formulación más amplia, vinculada directamente con la nueva categoría jurídica y política bajo la cual Estados Unidos observa a organizaciones como el CJNG. La DEA dijo que perseguirá a quienes utilicen posiciones de poder para proteger a los cárteles y remató con una frase difícil de interpretar como simple retórica, que ningún cargo, ninguna posición y ninguna conexión política —aseguró Cole—, ofrecerán protección.
La advertencia pudo haber quedado como una frase preparada exclusivamente para dar la nota principal de las primeras planas en la conferencia, pero durante la sesión de preguntas un periodista obligó a precisar su alcance. Preguntó si Estados Unidos tenía indicios de gobiernos o funcionarios electos extranjeros que protegieran a los sospechosos y si, en esos casos, podrían presentarse cargos en su contra. Cole respondió que la corrupción vinculada con los cárteles forma parte de su actividad criminal y definió como “colaboradores” a quienes facilitan, protegen o permiten esas operaciones. Después aseguró que también serían perseguidos.
Ya no basta perseguir sólo al capo
Ahí se encuentra, tal vez, la parte más importante del anuncio. Estados Unidos parece estar dejando atrás una concepción de los cárteles limitada a la estructura visible del narcotráfico, y el nuevo perímetro comprende dirigentes, sicarios, financieros, traficantes de armas, lavadores de dinero, operadores logísticos y —de acuerdo con las palabras de la propia DEA—, funcionarios corruptos que utilicen el poder público para garantizar protección o impunidad.
La clasificación del CJNG como organización terrorista extranjera proporciona a Washington instrumentos que van más allá de los empleados tradicionalmente contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. En la conferencia, el Departamento de Justicia presentó las nuevas acciones como parte de una estrategia integral de combate al terrorismo y anunció que utilizará “las herramientas disponibles” para llevar a los acusados ante tribunales estadounidenses, sin importar dónde se encuentren.
La operación anunciada es considerable por sí misma, ya que cinco integrantes de alto nivel del CJNG fueron objeto de nuevas acusaciones federales y el Departamento de Estado ofreció recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de ocho dirigentes y miembros de la organización. Los expedientes incluyen delitos relacionados con narcotráfico, armas, lavado de dinero, homicidios, entrenamiento de sicarios y operaciones fraudulentas contra ciudadanos estadounidenses.
Entre los señalados aparecen Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “El Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Estos dos últimos habrían fundado y dirigido el Grupo Élite del CJNG, una fuerza de sicarios que, según las autoridades estadounidenses, ejercía control sobre comunidades y funcionarios públicos mediante la violencia.
Estados Unidos identifica ahora a Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como principal dirigente del cártel. La DEA sostiene que asumió esa posición después de la muerte de Oseguera Cervantes durante un operativo de las fuerzas armadas mexicanas. Por información que permita capturarlo o condenarlo, Washington ofrece 25 millones de dólares.
La dimensión económica de la ofensiva resulta igualmente reveladora. El FBI atribuye al CJNG una red de fraude contra propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México que habría despojado a más de 6 mil personas de más de 400 millones de dólares entre 2019 y 2023. Según la acusación, parte del dinero terminó financiando operaciones del cártel, compra de armas y sobornos. La organización que Washington describe ya no aparece únicamente como exportadora de drogas, sino como una empresa criminal capaz de obtener recursos mediante actividades aparentemente alejadas del narcotráfico.
El ajuste que ahora alcanza a los funcionarios públicos
Hay otro dato que evita reducir el problema a México. Una investigación de la Homeland Security Investigations (HSI) en Douglas, Arizona —la principal rama del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que persigue delitos transnacionales como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, contrabando y redes criminales que operan a través de las fronteras—, identificó una red que trasladaba armas y municiones desde Estados Unidos hacia integrantes del CJNG en territorio mexicano. El gobierno estadounidense reconoce así, dentro de su propia investigación, uno de los componentes indispensables de la capacidad de fuego de los cárteles mexicanos.
La estrategia anunciada reúne al Departamento de Justicia, DEA, FBI, HSI, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y Protección Fronteriza y Departamento de Estado. Cada agencia aporta herramientas distintas; unas persiguen personas y otras siguen dinero, criptomonedas, armas, propiedades o movimientos financieros. El Departamento de Estado agregó restricciones de visa para 65 familiares o colaboradores cercanos de personas vinculadas con el CJNG y revocó 26 visas que permanecían vigentes.
El lenguaje político fue igualmente inequívoco. Michael Gonzalez, subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, afirmó que, siguiendo la posición expresada por Trump, había llegado el momento de que Estados Unidos emprendiera una “guerra contra los cárteles”. Las medidas concretas anunciadas ese día continuaron siendo judiciales, policiales, financieras y migratorias. Conviene hacer esa distinción porque la palabra “guerra” tiene implicaciones que los hechos presentados en la conferencia todavía no permiten trasladar automáticamente al terreno militar.
Para México, sin embargo, sería un error observar la conferencia únicamente como otra exhibición de fuerza de Washington contra el narcotráfico. El mensaje tiene un destinatario adicional y está dentro de los gobiernos, las corporaciones policiales y cualquier estructura institucional desde la cual pueda proporcionarse protección a una organización criminal. Estados Unidos no reveló nombres ni presentó públicamente pruebas individualizadas contra funcionarios mexicanos, ya que esa reserva obliga a evitar conclusiones que la evidencia disponible todavía no permite.
Sin embargo, tampoco sería razonable disminuir el alcance de lo que sí ocurrió. El administrador de la DEA acusó públicamente a integrantes del gobierno mexicano de proteger a dirigentes del CJNG y declaró que quienes faciliten esas operaciones podrán ser ya considerados colaboradores del cártel. Washington ha colocado —por escrito y ante las cámaras—, un criterio que puede tener consecuencias judiciales a corto plazo. A partir de ahora, cualquier investigación estadounidense que alcance a un funcionario mexicano deberá ser leída y analizada dentro de ese nuevo marco.
La declaratoria terrorista empieza así a revelar su verdadera dimensión; los capos continúan siendo el objetivo visible, pero alrededor suyo existe una estructura que consigue armas, mueve dinero, lava ganancias, compra voluntades y obtiene protección. Estados Unidos acaba de anunciar que pretende perseguir también esa estructura paralela, y para México la diferencia es considerable, porque la investigación ya no se limita exclusivamente a los integrantes del cártel, sino que se extenderá a funcionarios que los protejan desde el poder.
Fuente: Índice Político.
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