Noticia publicada a las 10:51 am 03/08/26

Por: Julieta del Río.

El mayor riesgo quizá no sea la sanción, sino la autocensura. Cuando los medios saben que cualquier contenido puede derivar en procedimientos administrativos y, eventualmente, en la intervención de una autoridad, el incentivo natural es evitar temas incómodos, moderar las críticas o reducir el debate público.

La libertad de expresión no siempre enfrenta amenazas abiertas. Con frecuencia, las restricciones llegan en lo oscurito, bajo conceptos que parecen incuestionables, como la protección de derechos o la autorregulación. Se presentan mediante normas, argumentos de justicia y aparentes equilibrios. Por eso vale la pena analizar el proyecto de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
La consejera jurídica de la Presidencia presentó esta propuesta y sostuvo que privilegia la autorregulación de los medios de comunicación antes de recurrir a multas o sanciones. También informó que la consulta pública estará abierta del 27 de julio al 26 de agosto, antes de la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación.
Que las audiencias participen siempre será positivo. Todos vemos televisión o escuchamos radio y somos audiencia, por lo que tenemos derecho a exigir información de calidad, mecanismos de atención y espacios para presentar inconformidades. Pero ese derecho no debe convertirse en un mecanismo de censura o control de contenidos.
Si hablamos de información veraz, la exigencia también debe alcanzar a quienes gobiernan. Basta recordar las miles de inconformidades que llegaron al extinto órgano garante de transparencia por información pública que desmentía afirmaciones realizadas en conferencias oficiales.
El principal derecho de las audiencias es conservar la libertad de elegir qué medio, qué información y qué contenido consumir.
El proyecto contempla que cada medio elabore un Código de Ética, defina los derechos de las audiencias y designe un Defensor de la Audiencia. Quien considere vulnerados sus derechos podrá presentar una queja para que sea analizada.
Hasta ahí podría hablarse de autorregulación.
Pero ¿qué ocurrirá si el medio no comparte el criterio del Defensor de la Audiencia o decide no atender sus recomendaciones?
Ahí la propuesta cambia de rumbo. Especialistas han advertido contradicciones en el proyecto. El procedimiento prevé que el asunto pueda escalar hasta la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con facultades para intervenir e imponer sanciones. En otras palabras, si el medio decide no atender las recomendaciones del Defensor, la decisión final podría recaer en la Comisión.
Entonces ¿puede hablarse de autorregulación cuando la última palabra la tiene una autoridad del Estado con capacidad sancionadora?
La esencia de la autorregulación es que los propios medios establezcan y hagan cumplir sus reglas éticas.
El debate tampoco es nuevo. Desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones surgieron figuras como los derechos y los defensores de las audiencias, pero también preocupaciones legítimas sobre la libertad editorial y la posibilidad de que una autoridad influyera, directa o indirectamente, en los contenidos.
A ello se suma otra pregunta: ¿quién determinará la diferencia entre una noticia, un comentario, una opinión o un análisis periodístico? Soy una persona que le apuesta a la transparencia, creo y le apuesto a la pro audiencia, pero sin engaños ni trampas.
El mayor riesgo quizá no sea la sanción, sino la autocensura. Cuando los medios saben que cualquier contenido puede derivar en procedimientos administrativos y, eventualmente, en la intervención de una autoridad, el incentivo natural es evitar temas incómodos, moderar las críticas o reducir el debate público.
Proteger los derechos de las audiencias es una obligación. Pero esa protección no debe condicionar el ejercicio del periodismo ni limitar la libertad de expresión.
La consulta pública representa una oportunidad para enriquecer el proyecto. El verdadero debate no es si las audiencias tienen derechos (eso nadie lo discute), sino si el modelo propuesto mantiene el equilibrio entre esos derechos y la libertad de expresión.
Porque cuando la llamada autorregulación depende de la posibilidad de una sanción del Estado, deja de ser plenamente autorregulación.
La consulta pública será útil sólo si las observaciones de especialistas, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía se incorporan realmente al documento final y no terminan siendo un simple trámite.

Fuente: Proceso.

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