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explica la embestida autoritaria que ha caracterizado al gobierno de Morena, desmantelando todas las garantías institucionales democráticas de México.
Al mismo tiempo ha fortalecido su alianza orgánica con el narcotráfico como condición para retener el poder, a pesar de recibir críticas nacionales e internacionales por ello.
La presidenta defiende a Rocha Moya y María del Pilar Ávila como una razón de Estado. Considera que su extradición provocaría el desmoronamiento del sistema Morena, a nivel nacional.
Las acciones del gobierno anterior y el actual, sumados, configuran un patrón de acciones que buscan reducir las posibilidades de pérdida del poder por parte del partido oficial. Pretenden asegurar su permanencia en el poder a cualquier costo, incluso sacrificando la democracia misma.
El primer paso en el camino autoritario fue la aprobación de la revocación del mandato. Concebida teóricamente como un mecanismo para que la ciudadanía pudiera evaluar el desempeño del Presidente de la República, Morena lo transformó en un acto de propaganda gubernamental y de movilización forzosa de su base electoral. No fue un ejercicio democrático de rendición de cuentas.
La revocación del mandato fue apenas el primer paso hacia la eliminación de los derechos ciudadanos, bajo un disfraz de democracia simulada. Fue el primer acto populista del morenismo.
El segundo acto fue la desaparición de todos los órganos autónomos. En vez de aceptar que la transparencia y la rendición de cuentas son derechos ciudadanos inalienables, Morena y sus aliados en el Congreso concretaron la desaparición de 7 órganos autónomos, bajo la premisa de que “el pueblo” prefiere la austeridad en vez de la rendición de cuentas gubernamental.
Fue un golpe directo a la transparencia y a la independencia en áreas clave. Al transferir las funciones del Estado al gobierno, se eliminaron los contrapesos ciudadanos y se concentró el poder político.
Como todos los populismos, Morena ha eliminado el concepto de “ciudadanía” de su vocabulario y lo ha sustituido por el nominativo “pueblo”. La diferencia entre los conceptos es profunda. El ciudadano entiende que goza de derechos humanos y políticos inalienables y el Estado está obligado a respetarlos.
El ciudadano es un actor proactivo y movilizable. En el léxico morenista, el pueblo es un consumidor pasivo de lo que el gobierno en turno le ofrece, porque no se considera poseedor de derechos inalienables. No está en condiciones de exigir. El pueblo, en el populismo, es un sujeto inerme y expectante, movilizable sólo en función de los intereses del partido en el poder. En el régimen populista, el ciudadano es combatido hasta su extinción.
Continuando con su ofensiva contra la institucionalidad democrática, Morena orquestó un asalto al árbitro electoral. La reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido una constante. El discurso oficial de “austeridad” encubre un intento por debilitar la capacidad operativa de la institución encargada de organizar las elecciones.
Sin recursos, el INE no está en condiciones de garantizar plenamente la calidad de los comicios. Se impuso una mayoría absoluta de morenistas en el órgano colegiado del instituto, perdiendo su capacidad de asegurar el piso parejo en las contiendas electorales
Simultáneamente, el control sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue un objetivo primordial de Morena. El primer paso para controlar el TEPJF se dio con la imposición de una mayoría morenista, igual que en el INE. La investidura del nuevo Magistrado presidente, respaldado abiertamente por el partido en el gobierno, pone en duda la imparcialidad y autonomía del máximo tribunal en materia electoral.
Este control absoluto de Morena sobre los órganos electorales es crucial para asegurar que no se detecten, y mucho menos se castiguen, las alianzas entre el partido oficial y el narcotráfico durante los procesos comiciales próximos y futuros.
Uno de los movimientos más peligrosos ha sido la utilización del concepto de “Seguridad Nacional” para justificar la politización de las Fuerzas Armadas del país.
Esto se ha hecho canalizando vastos recursos públicos al Ejército y la Marina. Esto no sólo corrompió a las instituciones castrenses al someterlas a intereses económicos nunca antes vistos, sino que las convirtió en un pilar fiel al partido político en el poder. El expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta medida supuestamente para acabar con el abuso del poder, aunque terminó creando “enclaves de corrupción”.
Más grave aún, hizo cómplices a las Fuerzas Armadas de la alianza de Morena con el narcotráfico. En vez de ser el frente de la sociedad contra la existencia del crimen organizado en México, el partido en el poder y sus Fuerzas Armadas se hicieron de la vista gorda a la estrecha relación entre crimen y política. Esto envenenó la esencia misma de la función del Estado en México.
La propuesta del “Plan C” fue la culminación del proyecto autoritario. Este conjunto de reformas incluyó la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la legalización de la desaparición de órganos autónomos y la integración de la Guardia Nacional al Ejército, entre otros puntos.
La reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, no buscó democratizar la justicia, sino su sometimiento al Ejecutivo. Al elegir a los jueces por voto popular vía el uso de una desacreditada lista llamada acordeón, Morena logró capturar el Poder Judicial, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurando que sus decisiones favorezcan al régimen.
La imposición del autoritarismo culminó en septiembre de 2024 con la sobrerrepresentación espuria de Morena en el Congreso de la Unión. Con apenas el 49% de los votos, Morena se adjudicó el 72% de la representación en la Cámara de Diputados, apoyado por sus partidos satélites.
Esta mayoría calificada, obtenida mediante la manipulación del sistema de asignación de diputados plurinominales, le ha permitido al oficialismo aprobar reformas constitucionales aún sin contar con el consenso de la mayoría de la población. Esta sobrerrepresentación es la base de su poder ilegítimo que ha reconfigurado al Estado mexicano a su imagen y semejanza como proyecto autoritario y antidemocrático.
El tránsito de López Obrador a Claudia Sheinbaum ha profundizado la deriva autoritaria de Morena. La radicalización presidencial se explica por el creciente debilitamiento de la legitimidad del partido-gobierno y el destape público de la ilegal alianza del partido gobernante y su gobierno con el narcotráfico.
La férrea defensa oficialista del gobernador Rubén Rocha Moya, y ahora de la también gobernadora María del Pilar Ávila, ha confirmado ante la opinión pública nacional e internacional el carácter de narco partido de Morena. Y coloca a Sheinbaum como el dique de contención en la defensa del pacto entre política y narcotráfico como legado histórico de Morena.
Los cambios constitucionales recientes, producto de la ilegal apropiación de la mayoría calificada de Morena en el Congreso, son su herramienta para consolidar el control sobre el Estado y la sociedad. Se ha mencionado la reforma judicial, el nombramiento de consejeros del INE afines a Morena y el total dominio del TEPJF que hacen esa función. Ahora las nuevas medidas legislativas ahondan aún más el ataque a la democracia mexicana.
La nueva legislación que castiga el supuesto intervencionismo extranjero en elecciones, sin explicar en qué consiste, le servirá al régimen y a los órganos electorales para cancelar resultados contrarios al gobierno y su partido. Abre la puerta a una acción extrema, como la tomada recientemente por el sandinismo en Nicaragua: la cancelación del sistema electoral en su conjunto. Lo que parecía absolutamente imposible, ahora no lo es tanto.
Pero la cereza sobre el insaciable pastel autoritario morenista es la propuesta de legalizar las facultades del gobierno para censurar, castigar y/o encarcelar a los críticos del régimen por el hecho de emitir sus opiniones. El gobierno de Morena pretende implementar mecanismos jurídicos para controlar medios y opiniones no certificadas por él, con el pretexto de “proteger a las audiencias”, al más puro estilo populista. La intención es silenciar a la disidencia. Incluso, es posible pensar que el caso Ruffo sea un ensayo para medir los costes de tener presos políticos.
Sirve, también, como advertencia a algunos líderes de la oposición. ¿Es un estáte quieto? Paso a paso, Morena ha creado un impresionante arsenal autoritario. A pesar de ello, no confía en ganar las elecciones de 2027. Sus disputas internas, el desgaste del gobierno, la crisis de seguridad y la creciente insatisfacción social han encendido los focos rojos.
El gobierno no confía que su proyecto se sostenga por sí mismo. Las elecciones de 2027 no serán realizadas en condiciones de normalidad democrática. Ese tiempo será decisivo para un país que ha sido llevado al borde del abismo por un gobierno que, cegado por miedo y su incompetencia, está resuelto a sacrificar la libertad para prevalecer y conservar su poder.
@rpascoep
ricardopascoe@hotmail.com
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
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