Noticia publicada a las 01:27 am 01/08/26

Por: Miguel A. Rocha Valencia.

Mientras surgen más audios que incriminan a la gobernadora Marina del Pilar como “colaboracionista” de Estados Unidos para darle toda la información que le pidan a cambio le devuelvan su visa, y el escándalo del huachicol “salpica” a gobernadores, dirigentes y funcionarios de Morena, a Ernesto Ruffo Appel, le aplican “todo el peso” la ley 4T y lo encierran en cárcel de máxima seguridad.

Menudo contraste en la aplicación de la Ley que se imparte desde Palacio Nacional y se ejerce a través de los jueces de acordeón que revela el fondo real de una reforma que todos sabíamos estaba dirigida al sometimiento del poder Judicial al Ejecutivo que incluye la colonización de los órganos electorales.
Es por eso que a pesar de que ya se sabe que las mañaneras son para difundir el evangelio según la 4T entre sus seguidores y agradecidos chairos, los relatos y mentiras ahí expresados son insostenibles por más que pregonen la existencia de “muchísimas pruebas”, las cuales no exhiben, de la culpabilidad del exgobernador de Baja California a quien el Ejecutivo, en funciones de poder Judicial, ya condenó.
Es tanto en tenidas privadas y kilométricas, diríamos inhumanas porque no concebimos organismo que pueda aguantar más de 30 horas pendientes de un proceso inacabado, se realizan sesiones no públicas de audiencias judiciales con el fin de inculpar a un opositor culpable o no, sobre el que “pesan” discursos probatorios agarrados con las unas, mientras otros gozan de libertad, riquezas y “gloria” gracias a la proverbial impunidad que la 4T otorga a sus súbditos, apóstatas y chaqueteros.
Porque a nadie escapa el hecho de que Ruffo Appel, culpable o no representaría una insignificante partícula frente al monstruoso “histórico” dirían los cuatroteros, robo a la nación que significa la sustracción ilegal de más de 100 mil barriles de petróleo crudos y refinados diarios cuyas regalías van a parar a la mafia cuya cabeza se encuentra en una finca de dudosa procedencia en Palenque, Chiapas y que algunos nombran “La Chingada”.
Las pruebas y los datos ahí están, son del dominio público y hasta los mismos inculpados detenidos, plantean que una empresa criminal de las dimensiones del huachicol sólo se concibe con la anuencia y participación del poder más alto que hay en el país. Y si a esas vamos, se habla entonces de la Presidencia de la República, una institución que al igual que el ganso de Macuspana resulta estar enlodada en el peor de los lodazales de la corrupción.
De esa manera lo describen los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna que a pesar de ser Contra y Vice almirantes de la Marina, reconocen que el robo de crudos para mandarlos a refinar a Estados Unidos y reingresarlos transformados en combustibles es tan grande que no pudo estar ajeno el Ejecutivo y está comprobado que de ello sabía el secretario almirante Rafael Ojeda Durán y el actual titular de Marina, el oaxaqueño Raymundo Pedro Morales Ángeles, pero no hicieron nada por detenerlo.
Sobre esos dos secretarios pesa no sólo la responsabilidad de no actuar contra la mafia criminal donde se habla de más de un billón de pesos sólo en evasión fiscal, sino también del asesinato de dos capitanes, un contraalmirante y funcionaria de la fiscalía general de la República implicados en la trama.
¿Por qué no actuaron, denunciaron, detuvieron o investigaron nada lo mismo Ojeda Durán que el actual Morales Ángeles? ¿Por qué si hay evidencias (pruebas) de que sabían de la trama no son llamados a declarar?
La respuesta sería que si no actuaron y no se les llama a comparecer es porque no “pudieron” porque se enfrentarían a un poder que está muy por arriba de ellos o los tienen comprometidos.
Pero, además, esos mandos marinos tienen en sus manos las pruebas de toda la trama que a ellos compete, ya sea por la responsabilidad que ejerció Ojeda Durán y tiene Morales Ángeles o porque ambos cuentan con la especialidad en Seguridad Nacional, además de que, en las secciones de Inteligencia Naval, está “todo”.
La 4T está jugando muy fuerte, apuesta a sus 42 millones de beneficiarios de programas sociales para tapar su pudrición, pero en este como en el caso de las narco alianzas, la corrupción fluye a raudales, no la puede cubrir ni siquiera inculpando a personajes de la vida privada o políticos que en un momento dado, puede convertir en víctimas, en héroes o cabezas de movimientos sociales de mayor envergadura de esos que podrían darles un sustote electoral, de esos que hacen falta a la sociedad civil para encabezar sus inconformidades. Veremos.

Fuente: Índice Político.

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