Noticia publicada a las 03:20 am 30/07/26

Por: Darío Celis.

HAY UNA VIEJA máxima en el servicio público: quien tiene el poder de regular debe ser el primero en tolerar el escrutinio. Esa premisa cobra especial relevancia ahora que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abre la consulta pública para definir los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, que se realizará 27 de julio al 21 de agosto.

En el papel, el objetivo parece inmejorable: distinguir con claridad entre información, opinión, publicidad y desinformación. El problema comienza cuando el propio regulador parece olvidar que la libertad de expresión también protege a quienes informan sobre él.
La discusión no gira únicamente alrededor de códigos de ética, defensores de las audiencias o mecanismos de queja. También debería preguntarse ¿Qué autoridad moral tiene un regulador para exigir pluralidad y tolerancia si, frente a notas periodísticas que le resultan incómodas, responde con presión institucional en lugar de privilegiar el debate público?
En distintos espacios periodísticos existe la percepción de que el área de Comunicación Social de la CRT, encabezada por José Solís Juárez, ha optado por una estrategia que rebasa la legítima aclaración institucional. Las llamadas a editores, las tarjetas informativas enviadas para cuestionar coberturas y los intentos de persuadir cambios en publicaciones alimentan una preocupación que no debería minimizarse.
Aclaremos algo. Toda dependencia pública tiene derecho a responder cuando considera que una información es inexacta. Lo que resulta preocupante es cuando la respuesta no consiste en demostrar con documentos, cifras o evidencia que una publicación es falsa, sino en ejercer presión para modificar el contenido editorial.
Una tarjeta informativa no sustituye un desmentido. Mucho menos constituye prueba. Si una nota contiene errores, existen mecanismos transparentes para acreditarlo. Si los datos son incorrectos, se exhiben documentos. Si los hechos no ocurrieron, se presentan evidencias. Lo demás termina pareciendo un intento de administrar la narrativa desde el poder.
Y ese escenario adquiere una dimensión todavía más delicada cuando la institución involucrada será precisamente la encargada de definir las reglas sobre los derechos de las audiencias.
La historia reciente de México ofrece suficientes lecciones. Los derechos de las audiencias nacieron para proteger al ciudadano frente a los abusos de los concesionarios, no para convertir al regulador en un árbitro del contenido periodístico. La Suprema Corte ya tuvo que intervenir en el pasado para delimitar competencias y evitar excesos regulatorios. Esa memoria institucional no debería olvidarse.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en combatir la desinformación. Es un objetivo legítimo. Pero también lo es preservar un ambiente donde los periodistas puedan investigar, publicar y cuestionar sin sentir que una oficina gubernamental revisará cada encabezado incómodo.
La mejor defensa de los derechos de las audiencias no será un reglamento más estricto, sino un regulador que predique con el ejemplo. Porque cuando una autoridad parece actuar como inquisidor de la prensa, inevitablemente pone en duda su compromiso con la libertad de expresión. Y un regulador cuya imparcialidad es cuestionada termina debilitando precisamente aquello que dice proteger.

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