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La estafa del siglo
Noticia publicada a
las 02:30 am 29/07/26
Por: Carolina Viggiano.
Hoy todos los caminos llevan al rancho del ex presidente: La Chingada. Y, si no detenemos estos cínicos abusos, ese será también el destino de México.
La detención de Ernesto Ruffo Appel se presenta desde el gobierno como prueba de que el huachicol fiscal se persigue sin distingos. La fiscal Ernestina Godoy la describió como “la mayor red de huachicol fiscal introducido desde Estados Unidos”.
La FGR estima el daño al erario en poco más de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, la Procuraduría Fiscal ha calculado que el quebranto total por el contrabando de combustibles supera los 600 mil millones de pesos.
Suponiendo, sin conceder, que Ruffo fuera culpable, el expediente en su contra representaría menos del uno por ciento del saqueo. ¿Y sabe qué es lo peor para este régimen? Que la mayoría no cree que el caso Ruffo sea el verdadero problema. Donde el monto sí es descomunal, las investigaciones no avanzan; las carpetas que incluso alcanzan a los sobrinos del almirante secretario no han producido una sola sentencia. Además, este entramado ha derivado en delitos conexos: homicidios de marinos y de servidores públicos que denunciaron la red, una lista de asesinatos que ya rebasa la decena, al más puro estilo de la mafia.
Aquí está lo que la conversación pública evade. El huachicol fiscal no es un delito clandestino. Perforar un ducto se hace de noche; importar millones de litros declarándolos como aditivos se hace a plena luz, con papel membretado, sellos y firmas. Cada litro pasó por un permiso de importación de la Secretaría de Energía; por el padrón y el pedimento del SAT; por el reconocimiento en la frontera de la Agencia Nacional de Aduanas; por puertos custodiados por Marina y cruces terrestres vigilados por el Ejército; por permisos de la Comisión Reguladora de Energía y de la ASEA; por ferrotanques bajo regulación ferroviaria; por terminales y logística de Pemex, y por un sistema financiero vigilado por la UIF.
Cuando el gobierno anunció su grupo de trabajo contra este delito, integró a las secretarías de Energía, Hacienda y Seguridad; a Pemex; a Aduanas; a la ASEA; a Profeco y a la Fiscalía. Sin proponérselo, dejó la mejor evidencia del problema: ocho instituciones para perseguirlo, las mismas ocho cuyo funcionamiento era indispensable para que pudiera operar. Porque ningún secretario de Estado manda sobre otro. Nadie en Energía instruye a Marina; nadie en Aduanas dispone de Pemex.
Un ilícito que exigió la coordinación simultánea y sostenida durante años de más de media docena de dependencias sin jerarquía entre sí admite solo dos explicaciones: o existió coordinación desde el único punto donde esas líneas de mando convergen -la Presidencia de la República-, o el titular del Ejecutivo perdió el control del Estado que encabezaba y nunca se enteró. No hay una tercera posibilidad.
El PRI no pide venganza: exige expedientes y sentencias. Que se investigue a quien resulte responsable, sin importar su nombre, cargo o partido. Pero que no pretendan vendernos el uno por ciento como si fuera el todo. Detrás del caso Ruffo no hay una red: hay un sexenio.
Existen múltiples indicios de que parte de esos recursos financió campañas de Morena en 2021, 2022 y 2024. Por eso silencian a quienes saben y protegen a los implicados.
Hoy todos los caminos llevan al rancho del ex presidente: La Chingada. Y, si no detenemos estos cínicos abusos, ese será también el destino de México.
Alma Carolina Viggiano Austria
@caroviggiano
