Noticia publicada a las 01:58 am 24/07/26

Por: Federico Muller.

La circulación de los periódicos impresos ha disminuido drásticamente en México durante el siglo 21 como consecuencia de la expansión de internet y de las comunicaciones digitales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), la proporción de personas que declaró leer periódicos impresos pasó de 49.4% en 2015,

a 17.8% en 2024, mientras que la venta diaria de ejemplares se redujo de aproximadamente 5 millones en 2012, a menos de 2 millones en 2024. Una de las principales explicaciones de esta caída es la migración de los lectores hacia los medios electrónicos.
Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿por qué un Gobierno continúa destinando recursos públicos para informar sobre sus actividades mediante la prensa escrita? La respuesta no es únicamente tecnológica o económica; también comprende razones históricas, jurídicas, administrativas y políticas que explican el origen y la permanencia de la publicidad oficial.

El cuarto poder
La enorme influencia que llegó a ejercer la prensa escrita comenzó a reconocerse desde el siglo 18. La tradición histórica atribuye la expresión Fourth Estate (Cuarto Estamento) a un político inglés que, en un debate parlamentario, señaló la tribuna ocupada por los periodistas como un poder distinto de los tres estamentos representados en el Parlamento. Con ello subrayaba que, aunque la prensa no formaba parte formal de las instituciones, ejercía una influencia extraordinaria sobre la vida pública.
Con el tiempo, el concepto cruzó el Atlántico y adquirió un nuevo significado en América Latina. La expresión “Cuarto Poder” comenzó a utilizarse para describir la capacidad de la prensa de informar, investigar, denunciar abusos y moldear la opinión pública, hasta el punto de que su influencia llegó a compararse con la de los tres poderes clásicos del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Durante gran parte del siglo 20, los periódicos fueron el principal vehículo de información política. La agenda pública se construía, en buena medida, a partir de lo que publicaban los diarios. En ese contexto resulta comprensible que los gobiernos encontraran en la prensa escrita el medio idóneo para difundir leyes, programas, campañas institucionales, obras públicas y acciones de Gobierno.

La prensa escrita: ¿constructora de la imagen pública del gobernante?
Es cierto que la prensa escrita se ha convertido en un medio de consumo cada vez más especializado. Sus lectores suelen concentrarse, en mayor proporción, entre personas de edad avanzada, profesionistas, académicos, empresarios, funcionarios públicos y asesores gubernamentales encargados de elaborar diariamente síntesis informativas para quienes toman decisiones. En contraste, buena parte de la población obtiene hoy sus noticias a través de medios digitales y redes sociales.
Sin embargo, la reducción del número de lectores no ha disminuido el interés de los gobiernos por contratar publicidad en los periódicos. La explicación radica en que la influencia de un medio de comunicación no depende únicamente del número de ejemplares que vende, sino también de quiénes son sus lectores. Un periódico puede tener una circulación modesta y, aun así, influir de manera significativa en la agenda pública si es leído por gobernantes, legisladores, jueces, dirigentes empresariales, líderes sociales y formadores de opinión.
Además, la información publicada por los diarios rara vez permanece confinada al papel. Las notas periodísticas son retomadas por estaciones de radio, noticieros de televisión, portales digitales, redes sociales y conferencias de prensa, multiplicando su alcance mucho más allá de su tiraje. En consecuencia, la publicidad oficial no sólo busca llegar al lector directo, sino también influir en el circuito informativo que se genera a partir de los medios impresos. La historia demuestra que la comunicación gubernamental puede utilizarse tanto para informar a la ciudadanía como para fortalecer la imagen de quienes ejercen el poder.

El caso mexicano
En México, la Constitución Política establece que la propaganda difundida por los entes públicos debe tener carácter institucional y perseguir exclusivamente fines informativos, educativos o de orientación social, prohibiendo la promoción personalizada de los servidores públicos. Precisamente en esa delgada línea entre informar y promocionar se encuentra el debate que da origen a esta columna. Si la lectura de periódicos impresos disminuye año tras año y los gobiernos disponen ahora de páginas web, redes sociales, plataformas digitales y canales propios para comunicarse con la ciudadanía, resulta inevitable formular nuevas preguntas: ¿qué justifica que continúen destinándose cientos de millones de pesos a la publicidad oficial en la prensa escrita?, ¿cómo se distribuyen esos recursos?, ¿qué medios reciben la mayor parte del presupuesto?, ¿existen criterios objetivos para asignarlo o predomina la discrecionalidad?

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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