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Desde la presidente Claudia Sheinbaum, legisladores, funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, trabajadores de la función pública, mandatarios todos, juran y juran ante la Constitución que la respetarán y harán respetar sus leyes y todo lo que de ella emane y cuidarán derechos y privilegios de los mandantes: nosotros. ¿O no es así?
Pero no es una novedad en el frente, que cada día, minuto a minuto, los dichos políticos, legisladores y funcionarios públicos violan ese juramento y violan la ley establecida en la Constitución para satisfacer sus ambiciones de gobierno, de poder y de riqueza. Y caminan por el mundo –mientras ostentan esa función y ese poder–, observando al mundo desde su cúpula, con esa mirada superaquilina propia de los Césares o los Faraones… sin serlo.
Pero en todos lados se cuecen habas. Los ciudadanos mandantes también se las gastan en eso de no respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución y lo que de ella emane.
Veamos: Hay un derecho que es ley y que todos los seres humanos habremos de respetar de forma ineludible, porque es lo que nos da carácter, esencia, libertad, vida: es la libertad de expresión.
La libertad para decir, para pensar, argumentar, criticar con argumentos y con solidez; la libertad que nos hace libres y fuertes y dignos y orgullosos de nuestros derechos y obligaciones.
Es un derecho y una libertad, la de expresión, que significan el modo y la forma en la que habremos de convivir en una democracia, aun cuando -como es el caso mexicano- esta democracia no esté consolidada pero que aún es una aspiración. Pensar-hablar-expresar es natural al ser humano, y esa naturaleza es parte de su existencia y de su entorno. Claro: una libertad de expresión responsable.
Junto a este derecho, también existe el de la libertad de tránsito, la libertad de caminar y andar y seguir nuestro camino en tiempo y forma que el ser humano lo necesite, es parte de su derecho y, sobre todo, de su libertad.
Transitar y vivir y llegar a nuestra meta cotidiana, diaria, ya nuestro trabajo, y a nuestras obligaciones ya en asuntos urgentes de salud o de familia o de escuela o de niños a las aulas o de hombres y mujeres. Llegar a salvo al hogar, al trabajo, al refugio de nuestras vidas o, sobre todo, llegar a tiempo a hospitales, a urgencias médicas o de salvación. Todo está en la libertad de tránsito y nada ni nadie debe impedirla porque es esencia en nuestra constitución como sociedad y como seres humanos.
Pero nada. De un tiempo a esta parte ocurre un fenómeno social que trastoca ambas libertades y derechos: la libertad de expresión y la libertad de tránsito.
De un tiempo a esta parte en razón de esa primera libertad se organizan grupos, sindicatos, políticos con intereses codificados, individuos, personas, vecinos, que han sido agraviados en su vida o en su condición humana y que por lo mismo han decidido salir para exigir y reclamar cumplimientos de gobierno. Están en su derecho. Pero al mismo tiempo cometen una violación constitucional: impedir la libertad de tránsito de miles-miles-millones de seres humanos.
Los afectados en su libertad de tránsito deploran y sufren en sus propias carnes estos bloqueos cotidianos; bloqueros del día a día, en todo momento, por todos lados, en todo el país; los que hacen que miles que tienen urgencias de vida o muerte o simple y sencillamente porque requieren movilidad y tienen derecho a vivir en libertad, se sientan traicionados y sin gobernabilidad.
Así que en nombre de la libertad de expresión muchos sindicatos, grupos políticos…partidos políticos, gente y más… tantos, violan un derecho inviolable e ineludible: la libertad de tránsito.
Evitar esta violación comienza, primero, porque el gobierno cumpla con sus obligaciones y compromisos. Que gobierne para todos y en beneficio de todos en derecho y ley.
Y cuando grupos sociales, personas, organizaciones, vecinos… y más, exijan lo que no les corresponde y no les pertenece y no está en ley, entonces que se dialogue para llevar la fiesta en paz. De lo contrario está en ley garantizar el beneficio mayor, el de la sociedad…
Los inconformes de cualquier naturaleza pueden y deben expresarse, pero es indispensable que se generen leyes que, sin impedir esta libertad de expresión, al mismo tiempo garanticen la libertad de tránsito. ¿Cómo hacerlo? Está en manos de los legisladores, del gobierno, de las autoridades y, sobre todo de la sociedad civil que deberá entender los límites de cada uno de estos derechos.
Es Max Weber quien lo aclara: El Estado es la única institución que posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. Es legítimo porque la población acepta y reconoce que el gobierno tiene el derecho de aplicar la coerción para mantener el orden, hacer cumplir las leyes y proteger a la sociedad.
Es exclusivo porque ninguna otra persona, grupo, organización privada o entidad puede ejercer violencia o coerción por cuenta propia. Si un ciudadano común ejerciera esta fuerza, sería considerada un delito (como secuestro o agresión).
Este derecho a la fuerza solo aplica dentro de las fronteras geográficas donde dicho Estado ejerce su soberanía. El uso de la fuerza debe ser continuo y estar regulado por un marco jurídico para ser considerado de “Estado”.
Sin violar la libertad de expresión a la que todos tenemos derecho y sin violar la libertad de tránsito, a la que todos tenemos derecho, se debe gobernar para que todos ejerzan en ley sus derechos y obligaciones. ¿O sí? ¿O no?
Fuente: Índice Político.
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