Noticia publicada a las 02:39 am 12/07/26

Por: Ana María Salazar.

Las declaraciones agresivas de esta semana contra el FBI y el exembajador, Ken Salazar, podrían aumentar la posibilidad de que Donald Trump ordene sanciones contra Morena, bajo el argumento de que el partido habría apoyado, facilitado o promovido candidaturas e intereses vinculados con organizaciones criminales que Estados Unidos considera terroristas.

Las declaraciones agresivas de esta semana contra el FBI y el exembajador, Ken Salazar, realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal Ernestina Godoy y el canciller Roberto Velazco, podrían tener un impacto no previsto. En particular, podrían aumentar la posibilidad de que Donald Trump ordene sanciones contra Morena, bajo el argumento de que el partido habría apoyado, facilitado o promovido candidaturas e intereses vinculados con organizaciones criminales que Estados Unidos considera terroristas. Y las caóticas posiciones del gobierno ante los detalles sobre el secuestro del Mayo Zambada y la situación del gobernador Rubén Rocha Moya son otra señal de la preocupación y prioridad de Morena y la 4T por proteger a narcopolíticos a cualquier costo.
La decisión de sancionar a Morena obviamente sería una bomba atómica para la relación bilateral, arrasaría cualquier posibilidad de cooperación y podría propiciar una ruptura del orden democrático en México. También podría suscitar represalias de integrantes y seguidores de Morena contra intereses estadounidenses en México. Y como lo mencioné en la entrega anterior, esta decisión de sancionar al partido oficial, o a anteriores funcionarios o representantes de Morena, podría traducirse en un brote de ingobernabilidad en el país. Pero a menos de un año de las elecciones intermedias, el gobierno de México y Morena se rehúsan a reconocer la influencia del narco en las elecciones y la clara decisión de las instituciones gubernamentales de no perseguir ni prevenir influencias criminales que definirán a los siguientes gobernantes.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con un andamiaje legal robusto para sancionar a partidos y organizaciones políticas cuando sus estructuras se entrelazan con el crimen organizado o el terrorismo, principalmente a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), complementada por la Ley Kingpin y órdenes ejecutivas específicas por país. Este marco no es teórico: se ha aplicado reiteradamente en nuestra región. En Venezuela, altos dirigentes del Partido Socialista Unido (PSUV), incluido su vicepresidente Diosdado Cabello, fueron sancionados bajo señalamientos de narcotráfico y vínculos con el llamado “Cartel de los Soles”. En Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, coordinadora del Frente Sandinista, fue sancionada por represión y corrupción institucional. Y en Colombia, exdirigentes de las FARC que hicieron la transición a la política —como Iván Márquez— permanecieron bajo sanciones al reincidir en actividades de narcotráfico. Estos precedentes son relevantes para México, donde crecen las preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras partidistas locales, estatales y federales, lo cual podría, en teoría, activar mecanismos similares si Washington decide extender su doctrina de “narcoterroristas” hacia funcionarios o dirigentes mexicanos vinculados a cárteles.
El impacto de estas sanciones varía significativamente según el objetivo y el contexto político. Cuando se sanciona a individuos específicos —como ocurrió con Cabello o Murillo— el efecto suele ser financiero y simbólico: congelamiento de activos en Estados Unidos, prohibición de viaje, y un costo reputacional que puede debilitar alianzas internacionales, pero rara vez desmantela la estructura partidista en su totalidad. En cambio, cuando las sanciones alcanzan a organizaciones enteras, como sucedió con Hezbollah, el efecto es más profundo: se interrumpen redes de financiamiento, se aíslan bancos correspondientes y se criminaliza cualquier transacción con la organización, generando un aislamiento económico que trasciende al individuo. Para México, esta distinción es crucial: una sanción dirigida a un funcionario específico tendría un impacto limitado y probablemente sería absorbida políticamente, pero una designación que alcance a estructuras completas de un partido —o que vincule a este con organizaciones criminales bajo la lógica de “narcoterrorismo”— podría generar consecuencias diplomáticas y económicas de mayor escala, afectando inversión extranjera, relaciones bilaterales y la credibilidad institucional del país en su conjunto.

Fuente: EL FINANCIERO.

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