Noticia publicada a las 02:03 am 08/07/26

Por: Eduardo Sadot.

Las recientes declaraciones de la ministra Lenia Batres Guadarrama y del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, difundidas ampliamente en redes sociales, en torno al derecho patrimonial y a las herencias, abren un debate que merece abordarse con rigor jurídico y no únicamente desde una perspectiva ideológica.

Quienes tienen la responsabilidad de interpretar la Constitución deben procurar que sus opiniones se sustenten en los principios que dan coherencia al orden jurídico.
El derecho patrimonial no es una concesión del Estado ni un privilegio de unos cuantos. Es una institución jurídica desarrollada durante siglos y protegida por nuestro orden constitucional. Toda persona tiene derecho a adquirir bienes lícitamente, administrarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. Esa facultad comprende también el derecho de transmitir su patrimonio mediante herencia, legado o donación a quien libremente decida. El patrimonio constituye una expresión de la libertad de las personas y una institución esencial para la estabilidad de la familia y de la sociedad.
Quien trabaja, ahorra, emprende o ejerce una profesión para formar un patrimonio no comete falta alguna; ejerce un derecho. La posibilidad de dejar a los hijos el fruto del esfuerzo de toda una vida constituye uno de los fundamentos de la libertad patrimonial y de la continuidad de las familias. Otra discusión, distinta y legítima, es la política fiscal que el Estado decida establecer dentro del marco constitucional.
Las diferencias ideológicas son válidas. Lo que no resulta aceptable es que quienes tienen la responsabilidad de interpretar la Constitución expresen criterios que parecen apartarse de conceptos elementales del Derecho Civil y del Derecho Patrimonial. La investidura no sustituye al conocimiento, ni la toga convierte la ignorancia en doctrina.
Tengo, además, el derecho ético de expresar esta crítica. Pertenezco al pueblo Ñuu Savi, al igual que el presidente de la Suprema Corte.
Precisamente por compartir ese origen, considero legítimo expresar mi desacuerdo cuando, desde mi perspectiva, se sostienen criterios que se apartan de los fundamentos de una institución jurídica tan trascendente como el patrimonio.
Mi formación profesional también influye en esta reflexión. Lo menciono con humildad, no por vanidad, sino porque tuve el honor de obtener el grado de Doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cursando un programa de tiempo completo y desarrollando una tesis dedicada precisamente al estudio del patrimonio y su naturaleza jurídica. Lo señalo porque, en una época en la que han proliferado doctorados de cuestionable rigor académico, resulta indispensable recordar que el grado de doctor no se mide por el título que se ostenta, sino por la seriedad de la investigación, la calidad de la tesis y el compromiso permanente con el estudio del Derecho.
Quienes hemos tenido el privilegio de recibir esa formación tenemos también una responsabilidad mayor con la sociedad a la que servimos y con el pueblo que, mediante sus contribuciones, hizo posible nuestra educación en una universidad pública. Esa circunstancia me obliga a expresar, con respeto, pero con firmeza, mi desacuerdo cuando observo que una institución tan importante del Derecho es abordada con conceptos que, a mi juicio, no corresponden a sus fundamentos jurídicos.
Como jurista, confieso que me avergüenza ver que quienes ocupan la más alta responsabilidad judicial del país proyecten una imagen tan distante del rigor que exige la ciencia del Derecho. México merece ministras y ministros que estudien, comprendan y defiendan el orden jurídico. La respuesta no está en el discurso político. Está en regresar a las aulas, abrir nuevamente los códigos y recordar que la toga no confiere sabiduría; únicamente impone la obligación permanente de estudiar.
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Fuente: Índice Político.

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