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La soberanía es el poder supremo de un Estado. En el siglo XVI, en Los seis libros de la República, Jean Bodin la definió como absoluta, perpetua e indivisible. Nada estaba por encima de ese poder, ni se limitaba a un determinado periodo, ni podía compartirse. Para Bodino, como castellanizamos su nombre, el soberano era el monarca, quien estaba sujeto únicamente a las leyes divinas. Locke reelaboró esa teoría, apartándose del absolutismo, y Rousseau la ancló en la soberanía popular.
La etimología se mantuvo y, cuando el colonialismo decimonónico fue cubierto por la oleada independentista y emergió el nacionalismo, se ratificó que el soberano es el pueblo y que en cada nación no había poder superior. Pero pronto, con la entronización del internacionalismo, los acuerdos supranacionales acotaron la soberanía nacional, que quedó supeditada a un orden mundial que en ciertas circunstancias la rebasa.
Pues bien, la resaca globalifóbica intenta revertir ese estado de cosas. Se preconiza cada vez más la vieja tesis de que cada sociedad nacional es soberana y nada debe limitarla; el nativismo estadunidense y algunos otros movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, van en esa dirección. Pero ese soberanismo está lastrado por varias confusiones, empezando por la idea de la democracia o, mejor dicho, por la variante conceptual que de ella se suscribe. Y aquí comienza la selva semántica. ¿Qué es el demos –el pueblo– y quién lo representa? ¿Cuáles son las mojoneras de la soberanía popular? ¿La definen y defienden los gobernantes, en su calidad de emisarios de la mayoría? ¿Las minorías no han de tener una parte de esa representación?
Traigo estos temas a colación porque en México está en boga hablar de la defensa de la soberanía. Ser vecinos de Estados Unidos, por obvias razones, nos ha vuelto muy sensibles a los abusos de la injerencia, y con Donald Trump las cosas se han puesto más difíciles. Concretamente, la petición de detener y extraditar a diez personajes del gobierno de Sinaloa acusados de complicidad con el crimen organizado ha puesto a la 4T contra la pared, y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido, a juicio mío, aberrante. Abundan indicios de que el gobernador con licencia Rubén Rocha y sus nueve compinches tienen vínculos con los Chapitos y, sin embargo, la reacción presidencial ha sido defenderlos bajo el pretexto de la precariedad de las pruebas. Y por ahí se cuela el mantra del país soberano que no se deja avasallar, se invoca el expediente del
Esta actitud del régimen no puede entenderse sin contexto político. Rocha es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, quien lo impuso como candidato a la gubernatura pese a que perdió la encuesta. Sería una ingenuidad pensar que un presidente tan autoritario como AMLO fue ajeno a las componendas de su operador sinaloense, por lo que condenar a uno es condenarlos a los dos. Sheinbaum tiene que salir en defensa de su mentor, porque además debe suponer que si suelta ese hilo se le va toda la madeja. Seguramente calcula que hay que ganar tiempo, que Trump será después de las elecciones de noviembre un lame duck y que mientras tanto la guerra en Irán lo mantendrá ocupado. Santo y bueno. El problema es que está leyendo racionalmente a un hombre irracional y, sobre todo, que el discurso que ha adoptado se traduce, para efectos prácticos, en algo parecido a “serán narcopolíticos, pero son nuestros narcopolíticos”. Nacionalismo contra ética política. My country, right or wrong, diría, para colmo, Stephan Decatur.
Vamos por partes. Primero, el Estado mexicano tiene un tratado de extradición con el estadunidense, uno de esos mediante los cuales, en efecto, voluntariamente se cede soberanía. En principio, esos tratados no se firman con países que carecen de sistemas jurídicos confiables. Pese a que Estados Unidos, particularmente en la presidencia de Donald Trump, no suele cuidar las formas, como demostró en Venezuela, en el caso de México corrió los trámites de rigor y presentó su solicitud por los cauces legales. Vamos, comparada con las acciones trumpianas en otras partes del mundo, esta fue bastante respetuosa.
Segundo, Claudia Sheinbaum no se ha distinguido por ser soberanamente puntillosa en temas de legalidad en la relación bilateral. Entregó a Washington un centenar de reos sin reparar en los trámites de ley para extraditarlos, por ejemplo. Cuando expresaron su interés en tenerlos ella no les exigió a las autoridades estadunidenses pruebas ni se envolvió en la bandera. Ah, pero cuando se le pidieron las cabezas de un conspicuo miembro de su movimiento, cercanísimo a AMLO, la vara fue distinta. El soberanismo, ausente en un caso, se volvió escudo en otro. De modo que el argumento de la independencia nacional mancillada, de por sí endeble ante la insólita pulcritud procedimental gringa, se cae por su propio peso.
Tercero, ¿qué dice “el pueblo” de la postura de la presidenta en torno a la banda de los diez de Sinaloa? ¿Prefiere el celo patriota o la limpia transnacional? Como apunta Jorge Castañeda (“El soberanismo de Sheinbaum y los sentimientos de la gente”, El Universal, 20/05/26) la tendencia apunta a preferir la ayuda externa. Suena lógico que una sociedad zaherida por la violencia acepte la ayuda de Estados Unidos para debilitar a los cárteles. Todo indica que eso quiere el soberano, pues. Soberanía no es necesariamente que ningún extranjero se involucre en una nación, es que la voluntad general o popular –según Rousseau– sea el poder supremo –un poder absoluto, perpetuo e indivisible, según Bodino–, y ese poder incluye la capacidad de decidir la cesión de una potestad, si el soberano la juzga benéfica para sus intereses.
Hay un falso soberanismo en la 4T. La soberanía se viola cuando un extraño enemigo profana con su planta nuestro suelo, sí, pero también cuando unos delincuentes, por más paisanos que sean, le arrebatan el poder a la representación popular democráticamente electa, aunque haya sido electa con ayuda de los mismos delincuentes. El pueblo no eligió al crimen organizado para que lo gobierne, y los gobernantes que se lo permiten están golpeando al soberano tanto como lo haría un ejército agresor. Tan traidor a la patria es quien ayuda al invasor de afuera como quien ayuda al invasor de adentro. Y el político mexicano que se asocia a los criminales que extorsionan, secuestran y asesinan a otros mexicanos es un vendepatria, o un vendesoberanía.
La narrativa soberanista de Palacio es una salida política para defender lo indefendible. El oficialismo sabe que la banda de los diez es culpable, como lo sabe todo México, pero la defiende en un desesperado intento de evitar la caída del pedestal de su fundador y la ostensible dilución de la legitimidad de la 4T. Es la derrota de la moral ajena a manos de la pillería propia. Es la primacía de la complicidad de claque sobre la honestidad. Y es la pérdida de toda autoridad moral, la que lleva a la conclusión de que el triunfo de Morena se ha vuelto moralmente imposible. Sí, es todo eso, pero es también una grosera manipulación del concepto de soberanía.
Fuente: Proceso.
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