Noticia publicada a las 02:29 am 02/06/26

Por: Alejandra Del Río.

El descaro “Narco-transformador” no tiene límites.

En política, las reformas más peligrosas no son necesariamente aquellas que llegan con tanques a las calles o con discursos incendiarios desde las cúpulas del poder. Las más peligrosas son las que se construyen lentamente, disfrazadas de legalidad, envueltas en el lenguaje de la soberanía, la democracia y la defensa nacional,

las que llegan disfrazadas de bendiciones para el pueblo bueno y sabio y que acompañadas con una asomadita de la banda koreana de moda desde Palacio Nacional y una tarjeta del bienestar, terminan aprovandose en detrimento del mismo pueblo al que cantando el himno nacional juraron defender. Así operan los regímenes que comienzan a temerle al juicio ciudadano.
Así empiezan a blindarse los gobiernos que saben que tarde o temprano la realidad terminará alcanzándolos, así operó en un principio Venezuela, donde se escribió el manual que aplica paso a paso el gobierno Morenista.
La propuesta impulsada por Ricardo Monreal coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para modificar el artículo 41 constitucional bajo el argumento de evitar la “intervención extranjera” en los procesos electorales, no puede analizarse de manera aislada ni ingenua. Sería un error monumental minimizar el alcance de una reforma que abre la puerta a la anulación de elecciones bajo criterios ambiguos, manipulables y profundamente peligrosos para la democracia mexicana, me resulta indigno por parte de un doctor en derecho constitucional, como lo es Monreal, el avalar una propuesta que puede convertirse en una trampa mortal para la Democracia Mexicana, pero está visto que el descaro “Narco-transformador” no tiene límites.
Parece que a los altos mandos de la 4T les empezó a dar ya pánico escénico y están preparandose para una intervención masiva en las elecciones del 2027, que a todas luces al Gobierno de Estados Unidos no le conviene que gane Morena.
El Senador y lider del PRI Alejandro Moreno lanzó una pregunta que hoy no sólo es válida, sino urgente: ¿quién va a definir qué constituye una intervención extranjera? ¿Un reportaje de un medio internacional? ¿Una investigación judicial de agencias norteamericanas? ¿La filtración de expedientes sobre vínculos criminales de funcionarios mexicanos? ¿Una declaración diplomática incómoda? ¿Un informe de derechos humanos? La redacción es tan abierta que puede convertirse en el arma perfecta para desacreditar cualquier resultado electoral adverso al oficialismo, en lo personal coincido ampliamente con Alito en pensar que lo que construye Morena es una coartada para blindar la elección, cuando los escándalos por la narcopolítica de estado están cambiando el panorama hacia el 2027 a pasos agigantados.
México atraviesa una de las etapas más oscuras de su vida pública. Gobernadores señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, regiones enteras bajo control de los cárteles, investigaciones internacionales avanzando silenciosamente y una creciente presión desde Estados Unidos para esclarecer la penetración del narcotráfico en las estructuras políticas del país. En ese escenario, resulta imposible no sospechar que esta reforma busca construir una especie de “escudo constitucional” para proteger al régimen de las consecuencias políticas de esos señalamientos.
Porque si mañana una investigación internacional exhibe nexos criminales de candidatos morenistas y eso provoca su derrota electoral, el gobierno tendría la narrativa perfecta: acusar “injerencia extranjera” y poner en duda la legitimidad de la elección.
Cada una de las últimas 20 mañaneras, desde el descubrimiento de la participación de agentes norteamericanos en Chihuahua y mas aún cuando se conoció la acusación a los 10 de Sinaloa, incluído el mismísimo Gobernador Rocha Moya, la Presidenta Sheinbaum ha estado hablando de soberanía, cuando el tema real que está en la mesa es la supervivencia política de Morena; solo a eso se puede atribuir su vehemente defensa a quienes todo México (incluyendo una gran cantidad de los mismos morenistas) saben culpables.
Los regímenes autoritarios modernos hoy cuentan con mecanismos mas sofisticados para sus fraudes electorales, ya no cancelan elecciones de forma burda; las condicionan, las judicializan, las intoxican narrativamente hasta volverlas irreconocibles. El manual es viejo y conocido: primero desacreditan a la prensa, luego atacan a los órganos autónomos, después concentran el poder judicial y finalmente modifican las reglas electorales para garantizar que, incluso perdiendo apoyo ciudadano, nunca pierdan realmente el control ni de la narrativa ni de la elección.
La llamada “Ley Censura” encaja perfectamente en esa lógica, es el intento de intimidar medios críticos bajo el pretexto de combatir desinformación o discursos de odio, representa una amenaza directa a la libertad de expresión. Y aquí hay otro elemento profundamente inquietante: un gobierno verdaderamente democrático tolera la crítica, incluso la más dura; sólo los gobiernos inseguros necesitan silenciar periodistas, presionar plataformas y perseguir voces incómodas.
México ya ha visto demasiados síntomas alarmantes: mañaneras utilizadas para estigmatizar periodistas, campañas digitales de linchamiento contra críticos del régimen, presión sobre medios independientes y un clima de polarización donde disentir comienza a convertirse en un acto de riesgo profesional, patrimonial y social.
Por eso la advertencia del PRI no debe desestimarse automáticamente como simple confrontación partidista. Más allá de filias políticas, lo que está en juego es el equilibrio democrático del país. Y les guste o no, hoy la oposición priista es una de las pocas fuerzas que ha decidido hacer frente a la narrativa de normalidad que intenta imponer Morena mientras el país enfrenta niveles históricos de violencia, infiltración criminal, corrupción y deterioro institucional.
Cuando un gobierno comienza a construir mecanismos legales para cuestionar elecciones incómodas, mientras simultáneamente busca controlar la conversación pública y desacreditar a la prensa crítica, la obligación de cualquier sociedad democrática es encender todas las alarmas.
Porque una vez que el poder aprende a fabricar sus propias reglas para sobrevivir, recuperar la democracia puede tomar generaciones.

Fuente: Índice Político.

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