Noticia publicada a las 03:06 am 31/05/26

Por: Ricardo Alemán.

No, no se trata de un juego de palabras. Lo cierto es que, en los hechos, las preguntas que titulan la presente entrega del Itinerario Político son parte fundamental de la confusa realidad en la que vivimos en el México de la llamada “4-T”.
Una realidad en la que resulta casi imposible encontrar la diferencia entre los “narcos” metidos a la política –y que están en casi todos los partidos–

y los políticos que hacen todo por ser parte de los jugosos negocios del llamado crimen organizado.
Peor aún, hoy existen pruebas contundentes de que grupos criminales como los de Sinaloa y Jalisco –entre otros– financiaron no sólo el nacimiento del partido Morena, sino elecciones como las de 2018, 2021, 2022 y 2024; procesos electorales que dieron paso a los “narcopresidentes”, “narcogobernadores”, “narcolegisladores” y, en general “narcopolíticos”.
Curiosamente elecciones que llevaron al poder a políticos de Morena en aquellas entidades en las que las mafias criminales tienen jugosos negocios y requieren del control del poder político.
Son estados de todo el llamado corredor del Pacífico, como Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California y Baja California Sur; además de Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco y Quintana Roo.
Entidades federativas en donde cada día queda más claro que los políticos fueron atrapados por los intereses del crimen y que no pocos criminales despachan en cargos públicos de la mayor relevancia.
Pero los escándalos de la corrupción política y del crecimiento exponencial del “narcopoder” se hicieron más visibles luego de la persecución de la “narcopolítica”, lanzada por el Gobierno norteamericano y que llegó al extremo de pedir la extradición del “narcogobernador” de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Y por eso debemos volver al cuestionamiento sobre esa perversión del poder y la política, por parte de los cárteles criminales.
¿Hasta dónde los “narcos” se han metido en los partidos, en los puestos de elección popular y en la política, en general, y hasta dónde los políticos pretenden arrebatar a los “narcos” los negocios del crimen?
El problema, sin embargo, no termina ahí. Y es que a la par de que son exhibidos los políticos metidos al negocio criminal y los criminales que asaltaron el poder político, aparece otro fenómeno no menos escandaloso y que exhibe la debilidad extrema de instituciones otrora ejemplares.
Nos referimos a la corrupción a la que fueron empujados militares y marinos que terminaron como aliados de los grupos criminales y al servicio de la “narcopolítica”.
Vale recordar, por eso, que durante años, los distintos partidos de la llamada “izquierda” mexicana pregonaron –por todo el país– que los militares y los marinos debían retroceder a sus cuarteles, antes que hacer labores de policías.
Sin embargo, con la llegada de Morena al poder presidencial, el político que más gritaba para que militares y marinos regresaran a sus cuarteles, fue el primero en empujarlos a la corrupción.
Hoy, los militares y los marinos mexicanos no sólo no están en sus cuarteles, sino que se ocupan de no pocas secretarías de Seguridad Pública, además de que se les encomendaron empresas que desataron la codicia y la corrupción casi generalizada.
Al final de cuentas, resultó exitosa la estrategia perversa de corromper todas las instituciones del Estado, al extremo de que hoy nadie sabe cuántos políticos están al servicio de los grupos criminales; cuántos criminales están en cargos públicos y cuántos militares y marinos fueron atrapados por los poderosos lazos de la corrupción.
Todo mientras que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, el pacto criminal de los gobiernos de Morena “no existe”, sino que ese pacto se habría dado “con el Gobierno de Calderón”.
¿Existirá algún idiota que le crea?

Fuente: Al tiempo.

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