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Soberanía: escudo de impunidad
Noticia publicada a
las 03:49 am 30/05/26
Por: Valentín Varillas.
En México, la soberanía se ha convertido en la coartada jurídica más eficaz para proteger a políticos del actual grupo en el poder con vínculos documentados con el crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum, cada mañanera, repite que existen intereses políticos detrás de la solicitud de extradición a Estados Unidos de liderazgos ligados con Morena y sus aliados y se envuelve en la bandera nacional para protegerlos contra viento y marea.
Y en esta lógica, la jefa del ejecutivo federal deja ver una monumental confusión en lo que al significado del término se refiere.
La soberanía real no se mide por la capacidad de un Estado para blindar a sus funcionarios corruptos frente a la justicia internacional.
Se mide por la fortaleza de sus propias instituciones.
Una nación es verdaderamente soberana cuando investiga al margen de consignas, sin filias ni fobias y más allá de conveniencias políticas.
Nada de esto existe hoy en nuestro país.
Las instituciones que deberían ser el fundamento real de esa soberanía están capturadas, debilitadas o subordinadas al poder político.
La FGR no investiga a los aliados del gobierno y los tribunales enfrentan un proceso de reforma que concentra el control político sobre el Poder Judicial.
La intención es muy clara: proteger al poder, no al ciudadano.
Entonces, ¿de qué soberanía habla la presidenta?
Seguramente se refiere a la soberanía del partido.
A la soberanía producto de un pacto político interno.
La que se basa en acuerdos que garantizan impunidad a quienes sostienen la estructura electoral del oficialismo, incluyendo principalmente a quienes operan en territorios en donde el crimen organizado manda.
Quienes hoy agitan la bandera de la soberanía son los mismos que han desmantelado las instituciones que le darían sustancia real a ese concepto.
Un Estado soberano no necesita esconder a sus funcionarios detrás de argumentos constitucionales, para evitar que rindan cuentas ante nuestras leyes.
Un Estado soberano investiga, procesa y sanciona en su propio país, antes de que, desde afuera, alguien más tenga que hacerle la tarea.
En México no la estamos haciendo y ejemplos existen de sobra.
No tenemos un problema real de amenazas desde el exterior.
Tenemos, y hemos tenido desde hace décadas, gobiernos que traicionan a la patria cuidando los intereses de políticos y servidores públicos coludidos con delincuentes, antes que los de su propio pueblo.
Aquel pueblo bueno y sabio al que juran que se deben.
