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El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene listos dos expedientes adicionales: uno sobre un gobernador y el otro contra uno o una secretaria de Estado o líder de Morena. Los nombres no les fueron compartidos, pero el aviso de que lo harían público, como sucedió con el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa, que tienen de cabeza a Palacio Nacional, también fue transmitido.
El abanico de potenciales funcionarios que pudieran ser acusados de vínculos con el crimen organizado es amplio. Sin embargo, fuentes mexicanas y estadounidenses dejaron abierta la posibilidad de que, para nivelar los costos que está pagando Morena, se procediera contra un gobernador de oposición.
Las agencias estadounidenses tienen tres investigaciones abiertas contra los gobernadores Esteban Villegas, de Durango; Pablo Lemus, de Jalisco, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí. De Morena, una investigación que se encuentra prácticamente integrada al expediente de Rocha Moya, es la de Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Sobre un líder del partido o un miembro del gabinete, no hay pistas claras, aunque recientemente se informó al gobierno mexicano, como se registró en este espacio, que tenían investigaciones contra Luisa María Alcalde, la actual consejera jurídica de la Presidencia, y Mario Delgado. Delgado es actualmente secretario de Educación, pero no es el único miembro del gabinete actual sobre el cual tienen expedientes.
Aunque son amenazantes los avisos generales sobre los siguientes pasos del Departamento de Justicia, podría interpretarse también como una nueva oportunidad para que la presidenta Sheinbaum actúe en contra de la impunidad de políticos de Morena, que ha sido la queja constante manifestada por diversos funcionarios estadounidenses al gobierno. La primera oportunidad la dejó pasar, al no haber respetado el Tratado de Extradición, capturando a Rocha Moya y a otros nueve acusados a finales de abril, con fines de extradición, como está establecido. Apegándose a la ley, ese era el camino para que, de acuerdo con el Tratado, le enviaran las pruebas para soportar la extradición.
No quiso seguir esos pasos, presumiblemente por el costo político que significaría para Morena encarcelar a uno de sus gobernadores, y por la clara oposición del sector más duro del partido que responde al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el principal defensor de Rocha Moya. La defensa política de Rocha Moya, sin embargo, colapsó porque dos de los co-acusados, su secretario de Administración, Enrique Alfonso Díaz Vega, y su secretario de Seguridad, el general de División Gerardo Mérida, se entregaron ante las autoridades estadounidenses en Irlanda y en Arizona, reconociendo implícitamente su culpabilidad –que aquí se sigue negando– y los colocó en la mesa de negociación para ser testigos cooperantes cuando arranque el juicio en la Corte Sur de Manhattan, donde está la fiscalía más feroz en materia de delitos de cuello blanco.
La decisión de los dos exfuncionarios fue posterior a otro mensaje que llegó al gabinete desde Washington: las pruebas contra el exgobernador de Sinaloa se sustentan en información que presentaron al menos tres agencias, la DEA, el FBI y la CIA, que incluía la imbricada red de complicidad con Los Chapitos –descrita en la acusación– y los recursos que le inyectaron los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán no solo a su campaña para gobernador en 2021, sino a dos campañas presidenciales. Las acusaciones, concluyó el mensaje, tienen valor en juicio.
Los dos mensajes enviados desde Washington son una cortesía extendida por el Departamento de Estado, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió que el gobierno mexicano fuera alertado de las acciones que anunciarían previamente a que se hicieran públicas. Así lo hicieron con la acusación contra Rocha Moya y los funcionarios sinaloenses, la víspera, y así lo hicieron también el lunes de la semana pasada, horas después de haberse entregado el general Mérida.
Hasta hoy, no está claro qué hizo la presidenta con esa información, salvo buscar todos los distractores posibles, como fue la elevación de la temperatura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el operativo conjunto con la CIA. El discurso se mantuvo en la misma línea, sin argumentos jurídicos o políticos adicionales. La negación pública –por cualquier razón particular que se haga– se está vaciando de contenido y está convirtiéndose en un búmeran envenenado. Los crecientes negativos en las redes sociales son el pulso del momento que vive.
Pero si la semana pasada se vivieron los momentos más oscuros en la relación con Estados Unidos a lo largo de un siglo, no hay señales de que la locomotora trumpista pare, y, por lo que se ve, seguirá arrasando a una clase política obradorista que todavía no termina de entender. Siguen creyendo que la relación bilateral se administra con discursos nacionalistas en la mañanera, cartas diplomáticas, acusaciones de “intervencionismo” y actitudes pendencieras. Pero en los corredores del poder estadounidense, el diagnóstico sobre México dejó de ser político hace tiempo: el 20 de enero de 2025, al asumir Donald Trump la Presidencia, y pasó a ser de seguridad nacional.
La falta de entendimiento de cómo funciona el gobierno estadounidense arroja enormes déficits, al reducirse al canto nacionalista de “pruebas, pruebas, pruebas”, una inviolable –hasta ahora– protección contra políticos de Morena y... nada más. La decisión del general Mérida y de Díaz Vega tuvo más claridad que la del gobierno federal en pleno sobre los mensajes de Washington: no esperaron a que actuaran de manera más contundente contra ellos y se entregaron. Leyeron que al hacerse pública la acusación, el relato del Departamento de Justicia fue el resultado de años de construcción de expedientes, que suelen tener testimonios, pruebas documentales, audios e incluso videos.
En México aún creen que mientras no exista una acusación formal, todo pertenecerá al terreno del rumor. Error. No tuvieron la visión estratégica de capturar a los 10 de Sinaloa para las pruebas de Estados Unidos y después hacer lo que quisiera el gobierno. Ese momento se fue. La nueva oportunidad para Sheinbaum alcanza para ganar tiempo y, quizás, para demorar las nuevas acusaciones del Departamento de Justicia. Dolerá y lastimará al movimiento, pero abriría y facilitaría la viabilidad de la presidenta, del gobierno y, eventualmente, de Morena y el propio movimiento.
Fuente: EL FINANCIERO.
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