Noticia publicada a las 02:20 am 25/05/26

Por: Alfredo Ríos Camarena.

Este concepto, piedra angular del orden jurídico y político, explica el origen y la permanencia del poder. Sus raíces se remontan al siglo XVI, cuando Jean Bodin y Thomas Hobbes.
El clima de polarización que vivimos hoy ha generado un ambiente de confusión e incertidumbre. Por ello, la primera premisa que debemos asumir es clara: sólo la ignorancia,

la estulticia o la perversidad pueden llevar a que algunos mexicanos toleren —o incluso soliciten— una intervención territorial o militar de Estados Unidos. Una acción así afectaría de manera grave nuestra soberanía.
Este concepto, piedra angular del orden jurídico y político, explica el origen y la permanencia del poder. Sus raíces se remontan al siglo XVI, cuando Jean Bodin y Thomas Hobbes formularon la idea del poder originario del soberano, entonces concebido como de origen divino. Aquellas teorías permitieron, además, una mayor independencia respecto del Papa, considerado representante de Dios en la Tierra.
Con la modernidad, esta potestad se trasladó de la divinidad al pueblo, quien teóricamente la detenta, como lo consagran los artículos 39, 40 y 41 de nuestra Constitución. Sin embargo, la globalización ha obligado a las naciones a ceder parte de esa soberanía en materia comercial. Los tratados internacionales son ejemplo de ello: sus controversias se resuelven ante paneles de expertos y no ante los Poderes de la Unión, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Herman Heller sostuvo que en los regímenes autócratas la soberanía reside en el rey o el dictador, mientras que en los sistemas democráticos se deposita en los poderes del Estado. Ignacio Burgoa acuñó el término super-omnia, la suprema voluntad, que implica —en lo interno— la primacía del pueblo expresada democráticamente, y —en lo externo— la igualdad e independencia de las naciones.
En este contexto debe analizarse la reciente solicitud de extradición que incluye la petición de prisión preventiva para diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Este procedimiento está regulado por el artículo 129 constitucional y debe ser turnado a un Juez de Distrito. No existe, en este acto sustentado en un tratado firmado por ambas naciones, afectación alguna a la soberanía.
Lo correcto es valorar las pruebas y, en su caso, proceder al juicio de extradición o abrir carpetas de investigación para determinar si existe delito en los hechos imputados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Si se acredita culpabilidad, deben ser condenados: limpiar la casa de funcionarios ligados al narcotráfico es una obligación ineludible de la presidenta Claudia Sheinbaum, más allá de colores o intereses partidistas. No podemos jugar con fuego ni permitir que estos asuntos se contaminen con procesos políticos o electorales. Quien sea inocente debe ser exculpado; quien sea culpable, condenado.
Las agresiones constantes de Estados Unidos —expresadas en declaraciones públicas y acciones administrativas— son de enorme relevancia. El Gobierno de la República debe interpretarlas con patriotismo y prudencia.
La soberanía, aunque abstracta, es el principio que resguarda la independencia de las naciones y constituye uno de los pilares de nuestra historia constitucional.
Hoy más que nunca, se requiere solidaridad con la Presidenta frente a la agresión externa, y al mismo tiempo la exigencia firme de que toda actuación se apegue al marco jurídico y al Estado de derecho.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE DERECHO EN LA UNAM

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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