Noticia publicada a las 01:29 am 13/05/26

Por: José Lafontaine Hamui.

Simple: el problema nunca ha sido la soberanía. El problema es lo que se descubrirá si esa soberanía deja de ser un pretexto
En México, la soberanía se ha convertido en un argumento político, no en un instituto jurídico. La invocan cuando les conviene, la distorsionan cuando les incomoda, y sobre todo, la utilizan como escudo a sabiendas de que no es la independencia del Estado la que quieren defender,

sino la exposición de sus complicidades con el crimen organizado.
El discurso oficial insiste en rechazar, de manera patriotera, más no patriota; la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, envolviéndose en la bandera en defensa de la soberanía. “México es un país libre, no acepta injerencias”. Retórica sin sustancia: el método de inseminación artificial de ideas cortas en la población. Deberíamos preguntarnos, mejor, si México debe permitir o no la operación de agentes extranjeros. Porque se les rasgan las vestiduras por la cooperación internacional y no muestran lo “ofendidos que están” frente al poder real del crimen organizado, su mezcla con el gobierno y su injerencia dentro de la propia médula del Estado.
Simple: el problema nunca ha sido la soberanía. El problema es lo que se descubrirá si esa soberanía deja de ser un pretexto.
La muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua destapó una cloaca más. Hemos perdido, inclusive, la capacidad de sorpresa. Hemos normalizado una forma de gobernar, y aquí lo digo sin limitarlo al gobierno morenista, ya que su origen viene desde la presidencia de Abelardo Rodríguez, creciendo poco a poco hasta la sociedad oculta entre gobierno y crimen organizado a nivel nacional desde la época de Luis Echeverría.
Esta nueva cloaca, con la muerte de estos agentes, exhibió la retórica del gobierno mexicano y develó lo que ya sabíamos: existían y se desarrollaban operativos con participación de agentes extranjeros en contra de laboratorios clandestinos; claro, sin reconocimiento oficial, sin reglas claras y, aparentemente, sin autorización formal.
¿Y qué pasó? Silencio diplomático, incomodidad política y narrativa defensiva centrada en la “violación de la soberanía”. Una vez más, en lugar de discutir la existencia de narcolaboratorios, que durante años se negó con AMLO, o el alcance de las redes criminales que operan en distintas entidades, o el amasiato institucional con el crimen, se recurre a la absurda narrativa del “agravio” por la intervención extranjera. Esa estrategia la conocemos bien: cuando no puedes negar la realidad, cambias el tema.
López Obrador institucionalizó esa lógica. Reformó la Ley de Seguridad Nacional para limitar la actuación de agentes extranjeros, eliminó su inmunidad y les impuso controles burocráticos diseñados más para inhibir su operación que para regularla.
No fue una defensa técnica de la soberanía; fue la clarificación del romance perverso entre el crimen organizado y su gobierno. La actual administración parecía haber cambiado un poco; al parecer, no en el fondo. La presidenta mantiene la misma línea de AMLO: cooperación forzada, pero agachada, con condiciones que, en la práctica, impiden cualquier intervención efectiva que no pase por los filtros del propio aparato estatal. Un aparato que está infiltrado, condicionado o directamente cooptado por el crimen organizado.
Ahí está el verdadero problema.
Permitir la actuación real y no simulada de agencias extranjeras implica abrir la puerta a investigaciones que no responden a intereses políticos. Implica aceptar ante el mundo lo que todos sabemos: que hay estructuras criminales que no solo operan con impunidad, sino que han construido relaciones de negocio con actores políticos. Y ese es el objetivo: lo que no se puede permitir que salga a la luz. La soberanía ni siquiera es importante para ellos; ese discurso de autodeterminación y patriotismo es un simple mecanismo de protección de la telaraña criminal.
Donald Trump repite sin cesar que México está gobernado por el narco. La afirmación me parece extrema, pero cuando el río suena, agua lleva. Y el agua arrastra señales: violencia minimizada, autoridades que no confrontan estructuras criminales, decisiones políticas más orientadas a controlar la narrativa que a enfrentar el problema. Las declaraciones del embajador estadounidense en Sinaloa, advirtiendo que la inversión huye de la corrupción, o la acusación de Estados Unidos y la licencia de Rocha, no son casualidades. El formato mexicano es insostenible para Estados Unidos, y la presión crece: ya no se limita a empujar más a México a combatir al narcotráfico como antes, sino que exhibe los vínculos entre poder político y crimen organizado.
Y entonces se recurre a la retórica, y la soberanía vuelve a aparecer. No como defensa del país “frente a la invasión”, sino como línea de contención. El gobierno mexicano no teme la intervención extranjera por lo que representa en términos diplomáticos, políticos o civiles; le tiene pavor a lo que se puede revelar. A la luz. Esa que tanto temen los morenistas.
Todos sabemos que la verdadera amenaza no es que agentes estadounidenses operen en México. Lo que realmente preocupa al gobierno es que operen sin control político local. Que investiguen y encuentren lo que aquí no se investiga ni se quiere investigar. Que sigan el dinero y sepan a quiénes, dentro del gobierno, llegó. Que conecten los puntos.
Por eso usan la soberanía con el pecho erguido, con demasiado énfasis cuando se trata de cooperación internacional, pero la diluyen sin resistencia frente al avance territorial, económico y social del crimen organizado dentro del país. La contradicción no es un error de política pública. Es la política.
No es soberanía. Es simulación. Y, como toda simulación, su propósito no es proteger la realidad, sino ocultarla.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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