Noticia publicada a las 02:11 am 06/05/26

Por: Alberto Woolrichs Ortiz.

Es de desear que el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, se convierta en un gobierno de iure y que nuestra Primera Magistrada de la Nación se desenvuelva acorde con los principios jurídicos y morales adheridos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La transformación política que México requiere es una modificación a la forma de pensar, actuar y gobernar de Andrés Manuel López Obrador y, que esa innovación se lleve a cabo por medio de nuestro propio orden jurídico, si ello no acontece así, se seguirá brindando impunidad a la narco-política y, por consecuencia lógica jurídica expirará el ahora nombrado segundo piso de esa transformación.
Andrés Manuel López Obrador no transformó el régimen de corrupción del neoliberalismo; a contrario sensu lo incrementó, desconociendo de propia y personal autoridad el orden institucional y/o constitucional, entregando al País a la narco-delincuencia.
El problema de las gobernanzas del ex presidente y de la actual Presidenta Constitucional, es un problema de facto et de iure, que se relaciona en la actualidad, más que en ninguna otra gobernanza, a problemas no sólo internos del Estado Mexicano, sino principalmente a problemas que han repercutido en la esfera internacional.
Es muy sabido en derecho que cualquier problema de perturbación del orden público, se convierte en una contienda de carácter ideológico alrededor de diversas formas de pensar y gobernar, hoy, lamentablemente, se mantiene en un proceso contradictorio para exterminar la corrupción propiciada por esa narco-política a la que se le pretende dar continuidad.
La gravedad de esa confronta de forma de pensar y gobernar, ofrece una de las cuestiones más ásperamente consideradas por los políticos que tienen voz en el ámbito internacional.
Para la abogacía independiente, nuestra Primera Magistrada es la funcionaria de facto et de iure que debe de ocuparse en hacer valer el Código Penal Federal y realizar aquellos actos de gobierno convenientemente insertos en el Pacto Federal, toda vez que dicha servidora posee la investidura legítima para ello y, en el momento que haga valer su poder obrará conforme a la ley, finiquitando la ilegalidad e impunidad de la narco-política que le fue heredada.
En el orden de legalidad que debe de prevalecer, sin nada que altere ese orden jurídico, la Presidenta Constitucional recibirá de esas voces de carácter internacional el reconocimiento de respeto a nuestro Estado de Derecho.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Fuente: Índice Político.

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