Noticia publicada a las 03:22 am 03/05/26

Por: Alfredo Ríos Camarena.

El procedimiento jurídico es claro, pero su ejecución nunca lo ha sido. La extradición exige orden de aprehensión, delitos cometidos en territorio estadounidense
Hay acontecimientos en la vida pública en los que un solo expediente judicial es capaz de alterar el equilibrio político, diplomático y hasta económico de un país.

La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa y de varios funcionarios más se ha convertido en ese punto de inflexión. No se trata únicamente de un trámite jurídico: es un espejo incómodo que refleja tensiones acumuladas, decisiones pasadas y la fragilidad de una relación bilateral que suele oscilar entre la cooperación y el desencuentro.
El procedimiento jurídico es claro, pero su ejecución nunca lo ha sido. La extradición exige orden de aprehensión, delitos cometidos en territorio estadounidense y tipificación equivalente en México. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la letra del tratado convive con una práctica política mucho más flexible. En ocasiones, Washington ha devuelto a México a personajes de alto perfil para que sean investigados aquí, como ocurrió con un exsecretario de la Defensa. En otras, el gobierno mexicano ha optado por expulsiones inmediatas, amparadas en la Ley de Seguridad Nacional, sin agotar el debido proceso.
A este panorama se suma un capítulo aún más controvertido: el uso de operaciones extralegales para capturar a figuras políticas o criminales fuera de los cauces diplomáticos. El caso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido por fuerzas estadounidenses en un operativo que constituyó una violación abierta al derecho internacional. Y aunque no existe confirmación plena, también se ha señalado que el secuestro de Ismael El Mayo Zambada habría ocurrido bajo circunstancias irregulares, donde probablemente intervinieron agentes de la inteligencia estadounidense. Estos episodios alimentan la percepción de que, cuando el poder se impone sobre la legalidad, la frontera entre cooperación e injerencia se vuelve peligrosamente difusa.
El caso actual, sin embargo, tiene un peso distinto. No sólo involucra a un gobernador en funciones, sino que llega en un momento en el que la narrativa pública es especialmente vulnerable. La oposición ha encontrado en este episodio un argumento para insistir en la idea de un Estado infiltrado por intereses criminales, mientras que el gobierno enfrenta el desafío de demostrar que sus instituciones pueden procesar un asunto de esta magnitud sin ceder a presiones externas ni caer en la opacidad.
La dimensión internacional tampoco es menor. La revisión del T-MEC avanza en un clima de creciente escrutinio, y cualquier señal de inestabilidad institucional puede convertirse en un obstáculo para la certidumbre económica y también se verán afectados los procesos electorales en ambos países.
La presidenta Sheinbaum enfrenta una decisión compleja: permitir que el caso avance hacia una corte estadounidense, con el costo político que ello implica, o asumir el reto de procesarlo en territorio nacional, demostrando que el Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad de impartir justicia sin tutelas externas. Cualquiera de las dos rutas tendrá consecuencias profundas.
Lo cierto es que este episodio no se resolverá sólo en los tribunales. Se resolverá en la arena política, en la diplomacia silenciosa y en la percepción pública. Y, como suele ocurrir en los momentos decisivos, lo que está en juego no es sólo la suerte de los implicados, sino la credibilidad del país ante sí mismo y ante el mundo.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE DERECHO EN LA UNAM

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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