Noticia publicada a las 02:52 am 24/04/26

Por: Alfredo Ríos Camarena.

Fue un proceso gradual, visible tanto en el sexenio anterior como en el actual, marcado por una misma convicción: que gobernar con límites ralentiza y que concentrar poder acelera resultados
La consecuencia de la concentración de poder inevitablemente desemboca en el autoritarismo, y este en la reducción o desaparición de los Derechos Fundamentales.

Durante años, la palabra contrapeso dejó de pronunciarse como una garantía constitucional y comenzó a tratarse como un estorbo político. No ocurrió de golpe ni por accidente.
Fue un proceso gradual, visible tanto en el sexenio anterior como en el actual, marcado por una misma convicción: que gobernar con límites ralentiza y que concentrar poder acelera resultados. Esa lógica ha guiado decisiones clave en los últimos años.
Ese cambio explica mucho de lo que hoy sucede. No es casual que los equilibrios institucionales estén bajo presión ni que organismos diseñados para acotar al poder hayan sido debilitados o desaparecidos. La reforma constitucional de diciembre de 2024 no fue un simple ajuste técnico.
Alteró de fondo el diseño del Estado al eliminar órganos constitucionales autónomos creados para garantizar transparencia, competencia económica, regulación estratégica y pluralidad. No eran estructuras decorativas ni adversarios políticos: eran frenos deliberados frente al abuso del poder.
El presidencialismo, cuando pierde contrapesos reales, degenera en hegemonía. Diego Valadés mostró cómo la concentración prolongada del poder no destruye las instituciones de inmediato, sino que las vacía poco a poco, hasta dejarlas sin capacidad efectiva de control. La experiencia reciente confirma esa advertencia: cuando todo depende de un solo centro de decisión, la democracia pierde su capacidad de corrección interna y el poder se concentra en un solo partido que transita de dominante a hegemónico.
El Poder Judicial ocupa un lugar central en este proceso. Modificar las reglas de designación, permanencia o autonomía presupuestaria de los jueces no equivale a modernizar la justicia. Implica intervenir sobre el árbitro último del sistema constitucional. Mario de la Cueva explicaba en sus clases de Derecho Constitucional, de la que fui su alumno, que sin jueces independientes la Constitución deja de ser una norma vinculante y se convierte en un discurso. Un juez condicionado no protege derechos; administra decisiones ajenas.
La expansión de las Fuerzas Armadas en funciones civiles refuerza esta preocupación. Mis maestros, Ignacio Burgoa Orihuela y Felipe Tena Ramírez defendieron con claridad la supremacía del poder civil como una condición indispensable de la República.
Cuando tareas civiles se militarizan, los márgenes de opacidad se amplían y los controles democráticos se reducen, incluso cuando se invocan razones de eficacia o urgencia.
Con frecuencia, el argumento que legitima estas transformaciones apela a la mayoría electoral. Pero la democracia constitucional no es solo el gobierno de la mayoría. Es, ante todo, el gobierno de reglas que limitan a la mayoría hoy, para evitar abusos mañana. Norberto Bobbio lo resumió con precisión: sin límites al poder, la democracia se vacía desde dentro.
La pregunta, entonces, no es quién gobierna hoy ni con cuántos votos. La pregunta verdadera es qué límites institucionales sobrevivirán mañana. Los gobiernos de Morena han pretendido convertir su movimiento en una Cuarta Transformación, continuadora de los grandes cambios históricos de nuestro país, sin embargo, más que líneas ideológicas y pensamiento político lo que han tratado, y conseguido hasta hoy es la concentración del poder afectando el equilibrio constitucional que es la piedra angular de la democracia mexicana.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE DERECHO EN LA UNAM

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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