Noticia publicada a las 03:16 am 15/04/26

Por: Adriana Dávila Fernández.

La humedad de la impunidad en el morenato ya no es metáfora: es diagnóstico. Y cuando la humedad avanza sin control, no distingue entre muros viejos y nuevos, tarde o temprano, carcome los cimientos, derrumba las paredes y deja a la intemperie todo aquello que se quiso ocultar.

El gobierno que prometió una transformación histórica atraviesa semanas particularmente oscuras, en las que cada crisis expone con crudeza lo que muchos colectivos, especialistas y organismos internacionales venían advirtiendo desde hace años: la impunidad se volvió estructura, método y atmósfera. Una humedad que se filtró desde 2018 y que hoy brota por todas las paredes del Estado, dejando al descubierto grietas que ya no pueden maquillarse con discursos triunfalistas.
La negación de la crisis de personas desaparecidas fue un golpe para las víctimas, que viven una realidad distinta a la del oficialismo. Mientras el Registro Nacional mantiene a más de 130 mil personas desaparecidas, el gobierno decidió descalificar a organismos internacionales y a expertos en la materia que, preocupados por el aumento del delito, han hecho un llamado a actuar con mayor eficacia. Este lamentable episodio confirma lo que ya sabíamos: que la prioridad no es encontrar a las personas, sino controlar la narrativa.
Otra polémica que tampoco fue atendida, fue el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que volvió a exhibir la opacidad institucional. Diversas organizaciones denunciaron el hecho y pidieron al gobierno transparentar el origen, atender de fondo el problema y sancionar a los responsables. Las imágenes satelitales mostraron afectaciones que, según reportes periodísticos y ambientales, alcanzan más de 900 kilómetros de línea de costa, con impactos visibles en tortugas, peces, manatíes y los arrecifes del corredor arrecifal del suroeste del Golfo. Mientras comunidades costeras documentaban chapopote en playas y lagunas, la información oficial oscilaba entre minimizar los daños y presentar versiones contradictorias. La crisis ambiental se convirtió también en una crisis de desconfianza.
Pero eso no es lo único. En paralelo, la deuda pública alcanzó niveles históricos. Datos de Hacienda muestran que el saldo total supera ya los 18 billones de pesos, el monto más alto registrado, impulsado por obras emblemáticas, programas sociales y presiones financieras acumuladas. Aunque el gobierno insiste en que la deuda es manejable, especialistas advierten que su crecimiento acelerado compromete la capacidad fiscal futura y limita la inversión en servicios esenciales. La narrativa de “austeridad republicana” convive hoy con un endeudamiento sin precedentes.
Y mientras la economía se tensa, el sistema judicial —tocado y destruido— enfrenta su propia tormenta. Ante la sorpresa de nadie, pero con la indignación de muchos, la Suprema Corte avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas sin orden judicial. La decisión ha generado debate entre juristas, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos, porque abre la puerta a abusos, discrecionalidad y vulneración de garantías básicas. En un país donde la persecución política ha sido una sombra recurrente, la preocupación no es menor.
Todo esto ocurre mientras persisten los episodios que marcaron el sexenio anterior y que, lejos de corregirse, parecen haberse normalizado. Pretenden que se olvide el desfalco multimillonario en SEGALMEX -más de 15 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación-, sin que se haya tocado “al ingenuo y buen hombre”, amigo del expresidente. Los videos de su hermano, con sobres de dinero, se diluyeron entre explicaciones sobre “cámaras ocultas” y amenazas a los periodistas que lo denunciaron. Los contratos a familiares y amigos del expresidente tabasqueño se justificaron, para el morenismo, bajo el pretexto de la “soberanía energética”. Y los hijos -sin cargo- que asesoran a empresas y al gobierno sobre obras públicas, sin responsabilidad oficial, fueron exonerados; vaya: en realidad ni siquiera fueron enjuiciados y hoy son defendidos a capa y espada por el poder público.
Pero nada de esto habría sido posible sin el acompañamiento disciplinado de legisladores que, en nombre del “pueblo bueno”, aprobaron reformas para debilitar contrapesos, colonizar instituciones y desmantelar organismos autónomos. La austeridad, paradójicamente, convivió con viajes, lujos, fiestas y privilegios que contrastan con el discurso moralizante.
Hoy, el segundo piso de la transformación demuestra que está decidido a profundizar esa ruta: confrontar a los organismos internacionales, centralizar decisiones, expandir el endeudamiento, presionar a las instituciones democráticas y prometer sistemas de salud “universales” sin médicos, sin infraestructura y sin insumos suficientes.
La humedad de la impunidad en el morenato ya no es metáfora: es diagnóstico. Y cuando la humedad avanza sin control, no distingue entre muros viejos y nuevos, tarde o temprano, carcome los cimientos, derrumba las paredes y deja a la intemperie todo aquello que se quiso ocultar.
POR ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ
POLÍTICA Y ACTIVISTA
@ADRIANADAVILAF

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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