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la calidad de la democracia parece deteriorarse en dimensiones clave como el Estado de derecho, la rendición de cuentas, la confianza ciudadana y la eficacia gubernamental.
La presencia del narcotráfico ha incidido de forma decisiva en este deterioro, incrementando la presencia de la corrupción dada la relación entre el crimen organizado y el Estado. Internacionalmente México es evaluado como una democracia híbrida y con marcada tendencia negativa. El Índice de Democracia de la revista británica The Economist califica a México como una democracia defectuosa.
La organización Freedom House define la democracia mexicana como parcialmente libre. La Varieties of Democracy Institute (V Dem) observa a nuestros ejercicios democráticos en proceso de erosión. El World Justice Project define a México como una nación cuya democracia se encuentra entre las más bajas calificadas del mundo, en el lugar 120 de 140 países, donde 1 es el mejor y 140 es el peor.
Uno de los síntomas más evidentes de esta crisis es la erosión institucional. Durante años, México construyó un entramado de organismos autónomos diseñados para equilibrar el poder político, garantizar elecciones limpias y supervisar áreas estratégicas como la transparencia, la competencia económica y los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, estas instituciones han sido objeto de presiones políticas, recortes presupuestales y cuestionamientos discursivos que han debilitado su autoridad.
Cuando los contrapesos se perciben como obstáculos y no como garantías democráticas, el sistema pierde equilibrio y se acerca a una lógica más centralizada del poder.
El Estado de derecho muestra signos de fragilidad persistente. La impunidad sigue siendo uno de los problemas estructurales más graves del país: la gran mayoría de los delitos no se investigan ni se sancionan, lo que genera un círculo vicioso de desconfianza en las autoridades y debilitamiento de la legalidad. Esta situación se agrava con la violencia generalizada en diversas regiones del país, donde el crimen organizado ha logrado capturar o influir en instituciones locales. En estos contextos, la democracia formal basada en elecciones— convive con realidades de control territorial y coerción del crimen organizado que distorsionan la voluntad popular.
Otro elemento central de la crisis es la polarización política. El discurso público se ha vuelto cada vez más confrontativo, dividiendo a la sociedad en bloques antagónicos y reduciendo los espacios de diálogo. La lógica de “amigos contra enemigos” sustituye el debate democrático basado en argumentos y la confrontación de ideas entre pares. Esta polarización no solo afecta la convivencia social, sino que también dificulta la construcción de consensos necesarios para implementar políticas públicas de largo plazo. En un entorno polarizado, la política se vuelve reactiva, cortoplacista y altamente dependiente de liderazgos personalistas.
La concentración del poder en el Ejecutivo es otro rasgo preocupante. Aunque formalmente México mantiene un sistema de división de poderes, en la práctica se observa una creciente subordinación de los otros Poderes frente al gobierno central, ya sea por afinidad política o por debilidad estructural. El Congreso ha perdido capacidad de deliberación independiente, actuando más como un órgano de validación que como un contrapeso efectivo.
Este fenómeno reduce la calidad del proceso legislativo y limita la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones. El Poder Judicial resultante de la elección de sus integrantes ha creado un frankenstein carente de independencia y autonomía de criterio, subordinado al partido hegemónico en todas sus decisiones. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son, sin excepción, miembros del partido oficial.
La relación entre democracia y resultados también está en el centro del problema. Una parte importante de la ciudadanía percibe que la democracia no ha logrado traducirse en mejoras sustantivas en su calidad de vida. La persistencia de la desigualdad, la precariedad laboral, la inseguridad y la corrupción alimentan una sensación de desencanto. Cuando la democracia no cumple con las expectativas materiales y de justicia, pierde legitimidad y abre espacio a alternativas que prometen soluciones, incluso a costa de las reglas democráticas.
En este contexto, el papel de la sociedad civil y de los medios de comunicación adquiere una relevancia crucial. Sin embargo, ambos enfrentan desafíos significativos. Por un lado, organizaciones civiles han sido deslegitimadas desde el discurso oficial o han visto reducidas sus capacidades operativas. Las recientes decisiones del SAT para amenazar a sus formas de sustentación es un hecho políticamente coercitivo, no una auténtica preocupación por la legitimidad de sus fondeos.
Por otro lado, el ecosistema mediático se encuentra tensionado por la concentración de audiencias en plataformas digitales, la proliferación de desinformación y las presiones económicas y políticas. La calidad del debate público se resiente cuando la información se fragmenta o se distorsiona. La práctica de la Mañanera es un instrumento de carácter totalitario, reminiscente del “Big Brother” de la novela 1984 de George Orwell.
La dimensión electoral tampoco está exenta de riesgos. Las elecciones continúan siendo competitivas, pero enfrentan amenazas como la violencia política, la injerencia del crimen organizado en campañas locales y el uso intensivo de recursos públicos o narrativas polarizantes. La integridad electoral no depende únicamente de la organización técnica de los comicios, sino del contexto más amplio en el que se desarrollan. Cada jornada electoral reporta candidatos que declinan por intimidación o asesinados en plena campaña.
La violencia es un sello distintivo de las elecciones en México. Todos los factores enunciados contribuyen a que la situación económica del país también se deteriore. La comunidad internacional observa la deriva negativa de la democracia en México y adopta una posición de esperar y observar, antes de invertir. La creciente falta de autonomía del Banco de México le preocupa, como también las conductas fiscales expropiatorias del gobierno, con el aval de la políticamente subordinada Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se consolida la ausencia de factores de equilibrio y corrección al Estado mexicano.
Frente a este panorama, la crisis de la democracia en México no debe entenderse como un colapso inminente, sino como un proceso de desgaste acumulativo permanente. Sigue funcionando en términos formales, pero enfrenta una pérdida de calidad que, de no atenderse, puede derivar en un modelo cada vez más limitado en su capacidad de representar al conjunto de la nación y consolidando tendencias autoritarias.
Superar esta crisis exige atender varios retos. En primer lugar, es necesario reconstruir la confianza en las instituciones mediante el fortalecimiento de su autonomía, transparencia y profesionalismo. Esto requiere no solo cambios legales, sino también una cultura política que valore los contrapesos y el respeto a las reglas. En segundo lugar, se debe avanzar en el combate efectivo a la impunidad, lo cual implica reformar y fortalecer los sistemas de procuración y administración de justicia. Sin justicia, no puede haber democracia.
Asimismo, es fundamental reducir la polarización mediante la promoción de espacios de diálogo plural y la responsabilidad de los liderazgos políticos en moderar el discurso público.
La democracia no puede sostenerse en la confrontación permanente. Finalmente, es indispensable mejorar la capacidad del Estado para generar resultados tangibles en la vida de las personas. La democracia debe demostrar que puede ser no solo un sistema de reglas, sino un instrumento eficaz para el bienestar colectivo. Ni López Obrador ni Sheinbaum se han dignado en recibir y dialogar con representantes de la oposición. Esta conducta de los presidentes refuerza la deriva hacia la exclusión, la polarización y la falta de resolución de los grandes problemas nacionales.
En suma, la crisis de la democracia en México es compleja y multifacética. No se trata únicamente de instituciones o elecciones, sino de la interacción entre poder, sociedad y resultados. El desafío consiste en evitar que el desgaste se convierta en deterioro irreversible, y en reconstruir un pacto democrático que combine libertad, diálogo entre pares, legalidad y eficacia. Solo así la democracia podrá recuperar su legitimidad y responder a las demandas de una sociedad cada vez más exigente y consciente de sus derechos.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
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